La diputada Myriam Bregman, del PTS/Frente de Izquierda, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados donde propone "Adherir a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres este 8 de marzo y expresar su apoyo al reclamo histórico del movimiento de mujeres en Argentina de ’Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir; desmantelamiento de las redes de trata; por los derechos de las mujeres trabajadoras; basta de femicidios y violencia contra las mujeres’, haciendo propio el reclamo de ¡Ni una menos!". A continuación transcribimos los fundamentos de su proyecto de resolución.
Martes 8 de marzo de 2016
El próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, miles de trabajadoras ocupadas y desocupadas, jóvenes, estudiantes y amas de casa volverán a exigir que se cumplan sus reclamos. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país, nuevas demandas se sumarán a la consigna #NiUnaMenos con la que el pasado 3 de junio se movilizaron cientos de miles de personas en todo el país, en una clara demostración de rechazo a las diversas manifestaciones de la violencia machista.
Es que, a casi tres meses de la asunción del nuevo gobierno nacional, son nuevamente las mujeres jóvenes, trabajadoras y pobres las que vuelven a sufrir los mayores “costos a pagar” de la política implementada. El nuevo salto en la inflación y la suba escandalosa del costo de los alimentos e insumos de primera necesidad; la rebaja de los subsidios a las empresas de servicios y el posterior anuncio de tarifazos de hasta el 500%, la pérdida del poder de compra del salario y el despido de decenas de miles de empleadas y empleados estatales y privados, que recaen con mayor peso sobre las mujeres, son parte del escenario en el que este 8 de marzo se conmemorará un nuevo Día Internacional de las Mujeres.
Esta situación es aún más grave si se considera que en Argentina 1 de cada 3 hogares es sostenido por una mujer; que al menos la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen bajo contratos precarios y sin llegar a cubrir siquiera el costo de la canasta básica familiar, y que –según los últimos datos del Ministerio de Trabajo de la Nación- la brecha salarial entre varones y mujeres alcanza el 25,3 por ciento, sin contemplar los datos aún más alarmantes de quienes no están registradas y carecen por lo tanto de cualquier derecho laboral o de aquellas que directamente carecen de empleo. Según el Observatorio de Género y Pobreza y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), éste es el caso de más del 70 por ciento de las mujeres que viven en el 30 por ciento de los hogares más pobres del país.
Esta preocupante situación constituye al mismo tiempo una innegable base material sobre la que se extiende y profundiza la violencia machista, afectando especialmente a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica como la descripta. Pese a ello, la política que el nuevo gobierno nacional le reserva a las mujeres tiene una orientación claramente contraria a la promoción de sus derechos más básicos y elementales.
En este sentido, señalamos con preocupación que mientras en varias provincias se avanza con el cierre de servicios y programas destinados a la atención a las víctimas de violencia, al 13 de febrero de este año fueron asesinadas –según la propia titular del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez- al menos 21 mujeres, víctimas de femicidio. Y no está de más advertir, a propósito de ello, que el presupuesto asignado para este organismo representa para 2016 sólo un 0,0055 por ciento del presupuesto nacional y equivale –siendo uno de los más bajos- a 4,25 pesos por mujer, según cálculos estimados en base al Censo 2010.
Junto con ello, el intento de imponer como miembros de la Corte Suprema de Justicia a jueces declaradamente contrarios al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, la clausura del Programa para Víctimas de Delitos Sexuales de la Ciudad de Buenos Aires, el despido de 113 trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Salud, que incluye a quienes se desempeñaban en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), así como también la acefalía bajo la cual permanece este Programa y la suspensión de sus acciones desde enero de este año –que pone en riesgo la ya escasa distribución de los anticonceptivos gratuitos-, son algunos ejemplos. A ellos se suman, entre otros, los despidos en la agencia judicial Infojus Noticias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde la censura y el vaciamiento de su archivo –de reconocido valor para la lucha de las mujeres- incluye hasta el momento la eliminación de 445 artículos relativos a la trata de personas y 415 artículos sobre violencia contra las mujeres, entre los que se encuentran –como denuncia la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género- los vinculados a los femicidios de Melina Romero y Ángeles Rawson y la cobertura realizada en el marco de la histórica movilización #NiUnaMenos.
No extraña que en este marco la justicia de la Ciudad de Buenos Aires haya decidido restablecer el protocolo restrictivo para la atención del aborto no punible que había sido rechazado en un fallo anterior, cuando se rechazó también el veto del entonces jefe porteño Mauricio Macri a la Ley N° 4308. Con aquella medida, el actual Presidente de la Nación impidió en el 2012 la aprobación de un protocolo de atención del aborto no punible y logró imponer requisitos aún más arbitrarios y revictimizantes para las mujeres víctimas de violación o con riesgo de salud y/o de vida a causa del embarazo, que contrarían el fallo F.A.L. de la Corte Suprema. Es imposible desconocer que este nuevo revés de la justicia porteña, contemporáneo al intento presidencial de recomponer relaciones con Bergoglio, es coherente con los mandatos de la jerarquía de la Iglesia Católica que obligan a la mujer a transitar un embarazo aún contra su decisión y a riesgo de perder la vida o de sufrir consecuencias que afecten su salud.
Esta situación, sin embargo, no es privativa de la Ciudad de Buenos Aires, ya que por decisión de los gobiernos –oficialistas y opositores- el aborto no punible sigue sin reglamentarse en varias provincias del país y, en muchas otras, existen protocolos restrictivos que atentan contra el ejercicio de este derecho. Algo similar sucede con la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que aunque fue sancionada en 2009 no cuenta todavía con la adhesión de la totalidad de las provincias y, menos aún, con los recursos y presupuestos necesarios para garantizar que se implemente.
Mientras el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, la jerarquía de la Iglesia y las instituciones del Estado miran para otro lado, las mujeres siguen siendo asesinadas, golpeadas y maltratadas sólo por ser mujeres; miles de jóvenes permanecen secuestradas por las redes de trata para la explotación sexual, que cuenta con la complicidad y hasta la participación activa de las fuerzas de seguridad y de funcionarios políticos y judiciales; y más de 300 mujeres jóvenes y pobres siguen muriendo cada año por la negativa de la amplia mayoría del Congreso Nacional a dar tratamiento y aprobar el proyecto de ley presentado desde hace ya diez años por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Es por eso que este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, miles de mujeres volverán a las calles para reclamar en Argentina por sus postergados derechos. Su conmemoración como un día de lucha se lo debemos a las mujeres socialistas de 1910, que decidieron impulsarlo durante la IIº Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, donde se debatió sobre el voto femenino y la protección social de las madres. Fue allí que la delegada Clara Zetkin levantó su voz para proponer que, en todo el mundo, se establezca el Día Internacional de las Mujeres.
Este 8 de marzo honramos su memoria acompañando la lucha de millones de mujeres que cotidianamente sufren la discriminación, la desigualdad y la opresión a las que las condena este régimen social de explotación y miseria y levantamos con ellas el reclamo por “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”; desmantelamiento de las redes de trata; por los derechos de las mujeres trabajadoras; basta de femicidios y violencia contra las mujeres", haciendo propio el reclamo de ¡Ni una menos!.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
