XENOFOBIA. Diputada radical contra indígenas de Jujuy: "Vienen de Bolivia y expropian tierras"

Las afirmaciones de Alejandra Elías, ex candidata a intendenta en La Quiaca por el frente Juntos por el Cambio, y diputada del oficialismo, fueron brindadas en una entrevista realizada en radio nacional La Quiaca el martes pasado. Las mismas se dan en el marco del conflicto que tienen miembros de la comunidad indígena de La Quiaca Vieja con el gobierno provincial de Gerardo Morales, que ha expropiado hace más de un año, con el aval del oficialismo en la legislatura, unas dos mil hectáreas de tierras que son de las familias que integran la comunidad. El motivo, el desarrollo del proyecto de la Zona Franca en territorio indígena violando derechos establecidos en la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

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No es la primera vez que Elías, en nombre del gobierno, se expresa contra el reclamo de la comunidad indígena. Sus afirmaciones, tratando de ignorantes a la comunidad, poniendo en duda la legitimidad de la misma de manera discriminatoria y despectiva, tienen el objetivo de negar la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos en esa zona, como es el proceso de consulta, previa, libre e informada, y el derecho sobre la posesión de sus territorios, que son unas de las principales demandas de la comunidad ante la expropiación de tierras y el proyecto del gobierno provincial de la Zona Franca en ese lugar.

“Esto lo maneja un reducido número de personas, que entiendo tienen intereses personales y mezquinos...Podes hablar y oponerte a un proyecto cuando tenes conocimiento y sabes de qué se trata…No saben cuál va a ser el lugar dónde se va a construir y cuántas hectáreas se va a ocupar, pero sí se habla que nos están quitando, las tierras que nos van a desalojar, expropiar y eso es más lejano a la verdad y la realidad...", afirmó Elías.

"...Muchos de los que viven en La Quiaca Vieja no conocen la historia de La Quiaca porque hay mucha gente, hay que decir la verdad, que los escuchamos decir de nuestros antepasados, y la realidad es que hay mucha gente que no pertenece ni siquiera a los antepasados de La Quiaca Vieja, que vinieron en muchos casos de Bolivia, que por distintas razones, se han expropiado ellos de un terreno y ahora se sienten parte de eso...van en contra del crecimiento de los quiaqueños...".

"...Hablan de tierras comunitarias y por otro lado venden tierras...".
"...El proyecto sigue en pie más allá de lo que diga este grupo de personas...", son parte de las declaraciones de la diputada que se pueden ver y escuchar en el Facebook de radio nacional La Quiaca.

Ante las expresiones xenófobas de Elías, Paulina Trejo, miembro de la comunidad indígena, realizó una denuncia el jueves pasado en el INADI - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en la capital jujeña. En la denuncia expresó “que se siente muy dolida por los dichos de la diputada Elías por llamarnos usurpadores bolivianos. Mi padre partió, pero me dejó los ganados y el territorio. Quiero que nos deje de tratar de ignorantes a mi comunidad…”.

No es menor la expresión de Paulina, en estos últimos meses el gobierno provincial, no sólo por medio de la diputada quiaqueña Alejandra Elías, sino también a través de funcionarios de JEMSE, y de la Zona Franca, como Martín Luque, y de la Secretaría de Pueblos Indígenas y de Ambiente, que han vulnerado y desconociendo los derechos de la comunidad. No sólo que se encargaron de amedrentar a miembros de la comunidad, a través de cartas documentos con notificaciones de desalojos, intentos de compras y diversos ofrecimientos a cambio de que dejen sus tierras, sino también negando su preexistencia en el territorio, tergiversando informes y avales de la comunidad, cuando ni siquiera se ha garantizado un proceso informativo de consulta, previa y libre.

El último hecho fue a partir de la notificación al presidente de la comunidad indígena Marcial Trejo, donde desde el ministerio de Ambiente le informan sobre la culminación de un proceso de elaboración de un informe de impacto ambiental, cuando ni siquiera tenían conocimiento del mismo.

La comunidad de La Quiaca Vieja fue notificada por Pablo Bergese del @ambientejujuy que da x concluido estudio de impacto ambiental para avanzar con obras del gobierno sin consentimiento de la comunidad como marca el convenio 169 de la OIT. Ya tendría otros antecedentes. (Sigue) pic.twitter.com/cjj1XVyEVD

— Natalia Morales (@NatuchaMorales) February 28, 2020

A diferencia de las mentiras y dichos xenófobos de Elías, no es por desconocimiento o ignorancia que la comunidad se opone a la expropiación de sus tierras, sino por defender sus derechos reconocidos como la protección de la comunidad ante intentos de desalojos, el reconocimiento a la posesión y los títulos comunitarios de las tierras que habitan desde tiempos ancestrales.

Para la diputada el “indio” viene de Bolivia, desconociendo la preexistencia de los pueblos indígenas en toda la puna jujeña. Responsabiliza a la comunidad que no quieren progreso, cuando en realidad las políticas de los gobiernos provinciales y nacionales de turno, a favor de los grandes empresarios del turismo, del transporte, de los servicios, de las multinacionales del extractivismo, más que mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, de los trabajadores y la juventud, o de los pueblos originarios, los ha sumergido en la pobreza y el abandono.

Las comunidades indígenas tienen el derecho a no sólo vivir en sus territorios y tener sus títulos de propiedad comunitaria de tierras, sino a decidir de qué manera vivir, donde el Estado no sólo tiene que respetar las decisiones tomadas sino garantizar derechos elementales como el acceso al agua, la educación intercultural bilingüe, respeto a su cultura y cosmovisión, como también presupuesto para sus obras de infraestructura que necesiten y para su producción.

Actualmente sucede todo lo contrario, el Estado y el gobierno provincial de Gerardo Morales les ha quitado parte de sus tierras, les impone un proyecto a realizar en sus territorios que la misma comunidad, con conocimiento de causa, lo ha rechazado, mientras sigue la amenaza de desalojo sigue latente. La expropiación de las dos mil hectáreas sigue vigente, a pesar de que el gobierno diga que va a respetar el lugar donde vive y su producción, les quitó las tierras para especular con el negocio inmobiliario y de los servicios.

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El antecedente es gravísimo para la comunidad y los pueblos originarios de la provincia, que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta favorable desde el gobierno nacional y las instituciones que deberían proteger a las comunidades indígenas, sino más bien el silencio del INAI, a pesar de los pedidos de informes, y de la promesa de que venga un equipo a la comunidad en el mes de abril.