Congreso Nacional. Diputados: Del Caño exige que el Gobierno derogue la resolución que legaliza el gatillo fácil

Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra, diputados del bloque PTS-FIT, presentaron este martes un proyecto de resolución donde exigen que el Poder Ejecutivo dé marcha atrás con el Decreto 956/2018, emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Esa resolución, que lleva la firma de la titular de esa cartera, Patricia Bullrich, legaliza en los hechos el gatillo fácil, habilitando a los efectivos de las fuerzas represivas a disparar contra quienes sean considerados en situación de huida.

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En su pedido ambos diputados critican que la resolución “otorga mayor libertad a las fuerzas federales de seguridad y amplía los casos en que policías y miembros de las fuerzas represivas pueden usar armas de fuego, habilitando incluso su uso cuando la persona que supuestamente cometió un delito no está armada”.

Denuncian además que “se trata de una medida que implica un nuevo intento de legalizar el llamado ‘gatillo fácil’ policial así como la determinación del Gobierno de institucionalizar la ‘doctrina Chocobar’, después de que hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallará contra el asesino de Pablo Kukoc de 18 años, el policía Luis Chocobar, ratificando la calificación ’de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber’".

González Seligra y Del Caño critican la resolución emitida por Seguridad, señalando que "no hace referencia al accionar que tendrán las fuerzas federales en las manifestaciones. Sin embargo, el reglamento emitido por Patricia Bullrich es tan amplio que podrá usarse bajo cualquier circunstancia".

Como lo han señalado diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, la decisión del Ejecutivo implica una modificación al Código Penal por medio de una resolución. Eso implica, tal como señala el proyecto presentado, que "se abandona la noción de uso proporcional de la fuerza, el principio de inocencia y el carácter de acción extrema, para generalizar un uso ambiguo y arbitrario donde cada integrante de cualquiera de las fuerzas federales podría justificar fácilmente ejecuciones de personas que considera ’sospechosas’".

Finalmente la izquierda también denuncia lo peligroso de esta modificación "en el marco del fuerte ajuste que viene aplicando el Gobierno bajo el mando del FMI contra los trabajadores y el pueblo, así como el agravamiento de las condiciones de vida de las mayorías populares". En ese sentido, plantean una alerta "sobre las mayores atribuciones que desde el Gobierno nacional se vienen otorgando durante el último año no sólo a las fuerzas de seguridad sino también a las fuerzas armadas. Ajuste y represión van de la mano una vez más".

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