CONGRESO NACIONAL. Diputados: “arrepentirse” tendrá sus beneficios

Este jueves la Cámara de Diputados tendrá una jornada cargada de discusiones. Los puntos centrales a tratar serán la llamada Ley del arrepentido y la de Extinción de dominio. Pero además estará marcada por el nuevo intento, impulsado por el oficialismo, de votar la posibilidad de que la Justicia pueda allanar el domicilio del diputado Julio de Vido. El ex ministro de Planificación sigue, por estas horas, en el centro de la tormenta como resultado de la detención de José López. Ayer De Vido reapareció públicamente, declarando que el secretario de Obras Pública no era “su mano derecha”. Como no podía ser de otra forma, despertó carcajadas.

Viento a favor

El proyecto conocido como Ley del arrepentido volvió a cobrar fuerza en los últimos días. La detención de López en las puertas de un monasterio de General Rodríguez le dio un espaldarazo al oficialismo para avanzar en ese camino.

Fue así que este miércoles, en las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad de la cámara baja, se emitió dictamen de mayoría, lo que permitirá tratar hoy el proyecto.

El oficialismo se vio obligado a negociar para llegar a un acuerdo que le permita llegar a la sesión con un proyecto consensuado. Como ya ocurrió en el caso de la votación del acuerdo con los fondos buitres o en el caso del blanqueo de capitales, todo indica que serán el Frente Renovador y el Bloque Justicialista de Diego Bossio quienes darán los votos este jueves para garantizar que esta norma sea aprobada. La reunión de comisión de este miércoles tomó en cuenta las modificaciones propuestas por esos bloques.

Aunque no fueron los únicos aportes. La mayoría de los bloques, incluido el Frente para la Victoria, apoyaron el dictamen que se presentará mañana. Esto ocurrió luego de que se excluyera del mismo la posibilidad del "arrepentimiento" en casos de lesa humanidad.

El Frente de Izquierda por su parte, presentó un dictamen propio en el caso de esta norma. Myriam Bregman denunció en la reunión de comisiones que la misma solo favorecerá el crecimiento de la impunidad. “Con esto los José López se van a su casa” afirmó la legisladora del FIT.

El beneficio de arrepentirse

El dictamen señala que “se le podrá reducir la pena a toda persona imputada o condenada, con o sin sentencia firme, por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea o no parte, brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”.

Los “beneficios por la colaboración” podrían ir desde la suspensión de la acción penal hasta la reducción de la pena de “un tercio del mínimo a la mitad del máximo la pena que se trate”.

Como incluso señaló Bregman este tipo de figura “habilita una negociación de una persona ante el Estado, procurando obtener una ventaja que será mayor cuanto más sepa y haya participado de la estructura del delito, ya que cuanto más arriba jerárquicamente se encuentre más datos podrá aportar”.

Extinción del dominio (pero no del gran delito)

Otro de los proyectos que entrará hoy al recinto de la cámara baja será el llamado de extinción de dominio, que se presenta como una forma de “recuperar lo robado” permitiendo al Estado tomar posesión de los bienes que sean considerados “provenientes de actividades ilícitas”. El proyecto toma en cuenta los bienes ubicados tanto en el país como en el extranjero, no fijando plazo de prescripción para la extinción de dominio.

En este caso, el kirchnerismo lo rechazó, al considerarlo “inconstitucional”, dado que se podría aplicar sin condena firme. Pero este es sólo uno de los límites de esta norma.

En el dictamen de minoría, impulsado por el FIT, se señala que “mientras se la promociona como una norma para combatir y recuperar los bienes producto de la corrupción o el narcotráfico, se incluyen figuras netamente políticas”. Agrega además que “autoriza en el artículo 14 a la intervención de las Fuerzas Armadas, hasta ahora prohibida por la ley” mientras que los artículos 42 y 43 abren nuevos negocios para los bancos (incluso privados) que pueden formar fideicomisos y disponer del dinero ‘recuperado’”.

La izquierda contra la normativa represiva

En el caso de ambos proyectos el Frente de Izquierda denunció abiertamente la normativa represiva que se fortalece con estas leyes. Precisamente por eso, lejos de aportar modificaciones parciales, presentó dictámenes propios de minoría.

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En ambos dictámenes se señala que “según un estudio realizado en 2014 por el Centro de Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), en Argentina hay abiertas unas 750 causas por corrupción que implican directamente a funcionarios y ex funcionarios políticos de los distintos gobiernos constitucionales, desde 1986 a la fecha, y en las que se investiga el robo al Estado de más de 10 mil millones de pesos. El mismo Centro reveló que, en promedio, cada causa lleva unos... ¡14 años de duración!, mientras que los condenados son un puñado de personas y a quienes han pasado por la cárcel efectiva sobran para contarlos los dedos de una mano”.

La propuesta de Bregman, en el caso de la Ley del Arrepentido, afirma que “es imposible terminar con esta impunidad mientras sigan en sus cargos esos mismos jueces y mientras la orientación social del gobierno, del régimen y del Estado sea la defensa de los intereses del llamado poder fáctico: un puñado de grandes empresarios, terratenientes y banqueros que determinan lo esencial de todas las políticas de Estado”.

En el caso de la Extinción de dominio, el dictamen presentado por el FIT propone, entre otras cosas, que “se investigue –y dé a publicidad- todos los contratos de Obra Pública desde la dictadura militar de 1976 hasta la actualidad; la conformación de una Comisión Investigadora Nacional independiente elegida por sufragio universal, para impulsar esta investigación y el procesamiento de todos los sospechados por la corrupción y malversación de fondos con los contratos de obras públicas; la eliminación del secreto bancario y comercial así como la apertura de los libros contables de empresas que hayan participado de estos contratos”.

Este tipo de medidas podría permitir una investigación a fondo del conjunto de los delitos de corrupción, profundamente entrelazados al carácter capitalista del Estado y a los negocios del gran empresariado. La corrupción es inherente al régimen capitalista.