Diputados de la ex Nueva Mayoría presentaron un proyecto de ley para modificar el Tribunal Constitucional (TC), tras los diversos cuestionamientos a la institución, se abre el debate: ¿Reforma o disolución?
Sábado 7 de abril de 2018
Entre los diputados que presentaron el proyecto para reformar el TC, se encuentra el presidente de la bancada demócrata cristiana, Matías Walker y el diputado PS, Leonardo Soto.
Algunos puntos centrales del proyecto, sería el aumento de quorum del TC para declarar inconstitucional algunos proyectos o sus artículos, reducir la cantidad de miembros del TC y aumentar la competencia de quienes lo componen.
¿Reforma?
El proyecto de los parlamentarios de la ex NM, lejos de resolver el problema, plantea parchar una institución que es dictatorial hasta la médula, y que desde su restauración en 1980, luego de haber sido disuelto en 1973 en plena dictadura militar, no ha hecho más que resguardar una Constitución que fue impuesta a punta de pistola.
Y lo hemos visto reiteradas veces: El fallo que mantiene el lucro en la educación, la eliminación de la titularidad sindical, o cuando la derecha llevó al tribunal el proyecto de aborto 3 causales. El TC es un férreo aliado de la derecha y defensor de una Constitución completamente ilegítima, que durante años se ha encargado de proteger los pilares de la dictadura y a sus políticos empresariales, arremetiendo contra los estudiantes, mujeres y trabajadores.
La NM y ex Concertación, ya reformó el TC una vez, el año 2005, encabezada por el ex Presidente Ricardo Lagos. Esta reforma no eliminó este órgano, por el contrario, lo fortaleció: le otorgó más atribuciones como la "acción de inaplicabilidad" (que antes estaba en manos de la Corte Suprema) y aumentó el número de jueces designados por el Presidente. Ningún proyecto de ley de la NM ha planteado la disolución de este órgano.
Es insuficiente una simple reforma a un tribunal que durante décadas se ha encargado de proteger la herencia de la dictadura y que sólo responde a los intereses de los empresarios y sus políticos. Es por esto, que se hace necesaria la disolución de una institución que se ha encargado de arremeter con las demandas conquistadas en las calles, por trabajadores, mujeres y estudiantes.
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