El proyecto fue aprobado con 227 votos a favor. Se encamina así el polémico acuerdo firmado entre el Gobierno y las organizaciones sociales. La institucionalización de la precariedad laboral.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Miércoles 7 de diciembre de 2016
Fotografía:DyN
A pesar de la polémica desatada durante las últimas semanas, a raíz de la "paz social" que implicaba el acuerdo entre las organizaciones sociales y el Gobierno, la iniciativa contó con una abrumadora mayoría llegando a 227 votos a favor. El diputado Alfredo Olmedo fue el único en votar en contra mientras los legisladores del Frente de Izquierda se abstuvieron. El Frente para la Victoria acompañó la votación, a pesar de las denuncias de "tregua" que partieron desde los dirigentes de ese espacio tras la información que dio a conocer el periodista Horacio Verbitsky y que hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner compartió públicamente.
De esta manera, se declara la emergencia social en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2019, creándose el "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario" (CEPSSC) que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El ente estará conformado por tres representantes de las organizaciones sociales y tres representantes del Estado (uno del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social y uno del Ministerio de Hacienda) y será el encargado de trabajar en la "progresiva implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en salario social complementario" según indica el texto aprobado.
A su vez, también se crea el "Registro Nacional de la Economía Popular" (Renatrep), el cual será el encargado de censar la cantidad de trabajadores y organizaciones que conforman la "economía popular".
El proyecto, además, atribuye al jefe de Gabinete la facultad de destinar un adicional de hasta $30.000 millones para partidas presupuestarias dedicadas a políticas sociales durante los tres años que estima el proyecto, en un escenario incierto económicamente y donde las políticas del macrismo castigan con dureza a los trabajadores y los sectores populares.
La institucionalización de la precariedad laboral
Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita y la CTEP, calificó durante el debate que el acuerdo alcanzado con el Gobierno era "la primera paritaria de la economía popular" y celebró como un gran triunfo los $4.000 que quienes estén inscriptos en las cooperativas comenzarán a percibir recién a partir de enero. En esa misma sintonía se había expresado anteriormente, al afirmar que "la Ley de Emergencia Social es el broche de oro de esta paritaria, porque es la construcción de la institucionalidad de la economía popular".
El "broche de oro" al que se refiere Grosso no es más que el reconocimiento y la institucionalización de la realidad que divide a los trabajadores de nuestro país entre "trabajadores de primera" y "trabajadores de segunda".
Esa misma idea de división de la clase trabajadora es sobre la que trabaja un reciente artículo publicado en Panamá Revista por el sociólogo Martín Rodríguez y la socióloga Ana Natalucci, quien participó durante el mes de noviembre en el 5to Congreso Nacional del Movimiento Evita. En ella afirman que "la idea de que va a existir una economía capitalista formal y regulada más o menos por el Estado en la que van a ser incluidos todos los trabajadores argentinos" no fue posible "ni en los años kirchneristas de crecimiento a tasas chinas. Se trata de una fantasía peronista clásica, cegetista, pero también del elenco gubernamental que despotrica contra las políticas sociales para hacerse eco del discurso ’contra los planes’ ".
Según esta visión, el problema de la enorme fragmentación entre trabajadores formales e informales sería imposible de resolver, incluso en los momentos de crecimiento, por lo cual resta pelear únicamente por mayor presupuesto para políticas sociales, más aún en momentos de ajuste y recesión.
En contraposición a esta postura, desde la izquierda se valora todo avance conseguido con la lucha y la organización pero no como un fin en si mismo, sino como nuevos puntos de apoyo para pelear por trabajo genuino. La paz social acordada y la institucionalización de la precariedad laboral conspiran contra esta perspectiva.
Conciliación y concesión
"La discusión sobre la ’concesión’ que harían las organizaciones frente al gobierno encierra un mensaje difícil de traducir. ¿Qué tendrían que hacer: quebrar todo puente, agudizar los conflictos, ’pudrirla’?" se preguntan los autores de la nota, para después calificar la negociación con el Gobierno como un "nuevo vandorismo social" y como una "respuesta de subsistencia de los representantes de los pobres".
Jorge Taiana, presidente del Parlasur y también dirigente del Movimiento Evita, afirmaba ayer desde su cuenta oficial de Twitter que la media sanción es un logro que se consiguió gracias a "la unidad de los trabajadores y la movilización en la calle".
Siguiendo esa lógica, si el cambio de opinión del Gobierno -que antes se negaba a tratar la ley- es producto de "la unidad y la movilización" ¿por qué los dirigentes de la CTEP encabezados por el Evita, la CCC y Barrios de Pie optaron por la concesión y la "paz social" en vez de pelear por más?
La Ley de #EmergenciaSocial ya tiene media sanción. Un logro que se consigue x la unidad de los trabajadorxs y la movilización en la calle. pic.twitter.com/xQmQXcyXDo
— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) 6 de diciembre de 2016
La foto de la cláusula "omitida" por los dirigentes de las organizaciones sociales abrió una enorme polémica entre organizaciones que poco tiempo atrás formaban parte de "Unidos y Organizados". Las acusaciones cruzadas guardan parte de verdad desde ambos sectores: mientras unos sólo apuestan a "volver" en las próximas elecciones (muy atrás quedó eso de "resistir con aguante"), los otros se encuentran en franca negociación y conciliación con el Gobierno a cambio de obtener paliativos por vía de las políticas sociales. Por muy opuestas que quieran hacerlas parecer, ambas posturas aseguran una misma cosa: garantizar la gobernabilidad de Cambiemos y sus políticas de ajuste.
"A río revuelto ganancia de pescadores" dice el famoso refrán popular, advirtiendo sobre los oportunistas que suelen sacar ventaja en medio del desorden. En un 2017 que ya comenzó y en el que todos juegan sus fichas de cara a las elecciones legislativas, es importante tener claridad para seguir fortaleciendo una verdadera oposición al macrismo, que se proponga unir a los trabajadores y terminar con la división que existe en vez de institucionalizarla.
