A pesar de que es un texto distinto al presentado por el ejecutivo, se mantienen las facultades que otorgan más poder de fuego a la policía. Las diferencias entre el PJ y el Frente Progresista es por los criterios de asignación de los fondos para los municipios y el pago de deudas.
Jueves 26 de marzo de 2020 20:43
El miércoles la Cámara de Diputados santafesina dio media sanción a un proyecto de ley de Necesidad Pública alternativo al que pretendía Perotti. Hubo tres proyectos en danza: el del oficialismo, que contaba con la media sanción de la cámara alta, uno del diputado Rubén Giustiniani (Igualdad), y el que finalmente resultó aprobado, presentado por el Frente Progresista. Para convertirse en ley deberá pasar por el Senado provincial. Sin embargo el oficialismo insistiría con la aprobación del proyecto presentado originalmente por el gobernador, y al que esa cámara ya le dio media sanción.
El proyecto votado en Diputados declara la emergencia en materia social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera, y de seguridad hasta el 31 de diciembre de 2020, y habilita al ejecutivo tomar deuda por 37 mil millones de pesos. El proyecto prevé que tan sólo 6 mil millones serán destinados a afrontar la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Más allá de las diferencias entre el el oficialismo y la oposición, queda claro que en medio de la conmoción social y las penurias económicas que esta epidemia genera a la población pobre y trabajadora, los partidos mayoritarios de la provincia tienen otras prioridades.
Las desaveniencias entre el oficialismo y la oposición "progresista" se dieron en torno a los criterios de asignación de los recursos que establecía el proyecto votado, en relación a cuánto será coparticipado a las ciudades y comunas, y qué porción se destinará al pago de deudas. Pero de fondo ninguno cuestionó las modificaciones que dan más poder de fuego y atribuciones a la policía provincial. El gobierno de Perotti, aún con las modificaciones que introduce el nuevo texto votado, tendrá las manos libres para asignar más facultades y más recursos a una de las fuerzas represivas con más casos de gátillo fácil a nivel nacional. Más aún, en la reunión previa que mantuvo el gobernador con los jefes de bloque de la legislatura uno de los acuerdos fundamentales fue endurecer los controles para garantizar la cuarentena y el aislamiento total de la población, lo que le da más libertad a la policía para reprimir y amedrentar a quienes estén obligados a salir de sus casas para garantizar sus necesidades básicas.
Algunas modificaciones que no cambian el carácter reaccionario del proyecto del gobierno
El presidente de la bancada del Frente Progresista, Pablo Farías, criticó que el proyecto del oficialismo autorizaba, entre otras cosas, el otorgamiento de sumas en negro para los trabajadores estatales. "Ese fue uno de los límites" con el proyecto del peronismo, declaró. Desde el Partido Socialista también aseguraron que el monto de endeudamiento aprobado es el mismo que pretendía el oficialismo y que sólo se modificaba el criterio de reparto de esos recursos.
Entre otras cuestiones, el nuevo texto aprobado en la cámara baja le otorga al gobernador la facultad de disponer, sujeto a la aprobación de la legislatura, de franquicias adicionales “a los efectos de garantizar progresivamente la absoluta gratuidad del boleto educativo en todos los niveles y modalidades”. Es decir, patear la pelota hacia adelante. En otro plano, le autoriza a otorgar "asignaciones remunerativas a determinados sectores de agentes estatales cuyos cargos o funciones se consideren críticos. Idéntica facultad tendrán los municipios y comunas, respecto del personal de su dependencia”. La crítica del Frente Progresista al gobierno de Perotti por la pretensión de otorgar sumas en negro a los trabajadores estatales, reemplazadas por esta fórmula de una vaguedad y amplitud tales que no garantizan ningún pago extra al sector estatal, son de una doble moral notoria.
Es el mismo Frente Progresista que gobierna la ciudad de Rosario y que hizo lo propio en la provincia durante doce años, y que se cansó de precarizar a trabajadores de todas las áreas medante pasantías, monotributistas, contratos basura, y otros innumerables e "ingeniosos" modos de encubrir la relación laboral de los empleados estatales. La emergencia social de la provincia debería empezar, en relación a los trabajadores provinciales y municipales, por el pase a planta de todos ellos, un aumento que cubra la canasta familiar, y el fin de la precarización laboral. pero esas cuestiones no se debaten en la Legislatura.
En el mismo sentido se puede leer la introducción de la mención a la posibilidad de aprobar una franquicia para "garantizar progresivamente" la gratuidad del boleto educativo. ¿Cómo sería esa progresividad? ¿Qué porcentajes y en que plazos disminuiría el boleto hasta fin de año? El proyecto no dice nada sobre eso, y en cambio lo deja librado a la voluntad del ejecutivo y de ambas cámaras de la legislatura provincial, que tendrán que ser consultadas nuevamente. O sea, si se alinean los planetas, se irá "progresivamente" a la gratuidad del boleto educativo.
Asombra el descaro con que los políticos de los partidos tradicionales tejen y destejen sus acuerdos, en tiempos de pandemia y verdadera emergencia social. No extraña, no es nuevo, pero sí contrasta con la realidad de cientos de miles que, frente a la cuarentena obligatoria, ven seriamente disminuídos sus ingresos y deterioradas sus condiciones de vida.
