En medio de la discusión por las jubilaciones de jueces y diplomáticos, este miércoles Nicolás del Caño (acompañado por Romina del Plá) emitió un dictamen de minoría que llevará a la sesión de Diputados.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Miércoles 26 de febrero de 2020 22:49
Del Caño "Ni siquiera se menciona a los presidentes, vicepresidente y a la jerarquía de la Iglesia" - YouTube
Este miércoles, en una reunión de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social Luis Bulit Goñi y el titular de la Anses Alejandro Vanoli presentaron el proyecto oficial para realizar algunos cambios en el régimen de jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos nacionales.
El proyecto del Poder Ejecutivo, tal como lo denunció el diputado Nicolás del Caño en la reunión, además de ser una “cortina de humo” respecto a las jubilaciones de privilegio tratadas, deja totalmente intactas otra tanta cantidad de jubilaciones de privilegio, como las de expresidentes, exvicepresidentes, jueces de la Corte Suprema y obispos de la Iglesia católica.
Luego de manifestar su oposición al proyecto del Gobierno (que tras ser modificado en algunos aspectos obtuvo un dictamen de mayoría), Nicolás del Caño presentó un proyecto alternativo en su calidad de miembro de la comisión de Previsión y Seguridad Social. Con dictamen de minoría, el texto (acordado con su compañera de bancada Romina del Plá) también será llevado a la sesión de Diputados que está llamada para este jueves.
Contra todos los privilegios
El dictamen de minoría firmado por el Frente de Izquierda Unidad a través de la banca de Del Caño plantea la derogación de las jubilaciones y pensiones de privilegio comprendidos en tres leyes: la 22731 (del personal del Servicio Exterior de la Nación), la 24018 (Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Legisladores) y la 21540 (jerarquías eclesiásticas).
En ese marco, el proyecto plantea que a quienes se vean afectados por esas derogaciones “les resultarán aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”. Y a su vez dispone la aplicación del 82 % móvil para todas las trabajadoras y todos los trabajadores del Poder Judicial y los ministerios públicos.
“Hace cuatro años la bancada del PTS en el Frente de Izquierda presentó un proyecto para derogar todos los regímenes de privilegio que correspondían a los estamentos de poder de los distintos niveles del Estado: a quienes detentan el poder político (pensiones para expresidentes y vicepresidentes), al poder judicial (jueces, secretarios y fiscales), al Servicio Exterior de la Nación y a la jerarquía de la Iglesia (Arzobispos, Obispos y Prelados Castrenses de la Iglesia Católica). Lejos de esto, el proyecto que hoy tratamos no deroga ninguno de estos verdaderos privilegios”. Por el contrario, los mantiene, ya que en el proyecto oficial “ni se los menciona.
Denuncia, por ejemplo, que los expresidentes, “no importando el tiempo que hubieren ejercido su mandato”, obtienen tras su retiro y de forma vitalicia “la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los Jueces de la Corte”, hoy de $ 341.710 (sin contar otros adicionales que perciben los exmandatarios).
En el caso de la curia, Del Caño denuncia que los arzobispos, obispos y capellanes de las Fuerzas Armadas “una vez que se retiran el Estado argentino está comprometido a pagarles una asignación mensual vitalicia equivalente al 60 % o al 70 %, según el caso, de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia” que, como hoy equivale en sus valores básicos a $ 171.491, lleva a que "cualquier prelado de la Iglesia retirado cobre al menos entre $102.895 y $119.700 mensuales (aquí también “sin contar cuantiosos adicionales varios”).
Comparativamente, recuerda que ningún trabajador que esté bajo el régimen general de la Anses puede percibir más $ 103.064. Es decir que, al igual que en otros terrenos, en este caso para el Estado no hay forma de que un laburante iguale a un obispo.
Por eso el diputado se pregunta “¿por qué el fisco debe seguir solventando el sueldo y las jubilaciones de privilegio de un sector que pregona el oscurantismo y utiliza su poder para bloquear los derechos de las mujeres y las personas con sexualidades disidentes?” y “¿cómo se financia la gran movilización que están preparando para usurpar el día internacional de las mujeres, el próximo 8 de marzo, a favor de la continuación del aborto clandestino?” Además recuerda que esos haberes están establecidos por un “decreto-ley” del genocida Jorge Rafael Videla, “por lo que goza de nula constitucionalidad”.
A su vez el dictamen de minoría afirma que, en el caso del Poder Judicial, “es emblemático que mientras se preservan prerrogativas y privilegios para la corporación de jueces y fiscales (empezando por remuneraciones mensuales exorbitantes), se niega el 82 % móvil a los trabajadores del sector”. Por ello se sumó al dictamen un proyecto del Partido Obrero en el Frente de Izquierda “que establece para los empleados judiciales de los distintos escalafones del Poder Judicial y los Ministerios Públicos a los que pueden acceder mediante carrera, el derecho al 82 % móvil”, un principio básico “que fue pisoteado y destruido sistemáticamente por todos los gobiernos”.
Frente a todo lo expuesto, el dictamen de Del Caño agrega que “la obscenidad mayúscula es que alrededor del 49 % de las y los jubilados y pensionados en la Argentina percibirá a partir de marzo la mínima o menos de la mínima, entre $ 12.713 y $ 15.892 según el caso, mientras que otro 36 % de la masa total de trabajadores pasivos bajo el régimen de la Anses percibe menos de $ 32.000 mensuales”.
“El Frente de Izquierda tiene la autoridad de haber denunciado desde su fundación los suculentos sueldos que cobran los funcionarios políticos y judiciales. Presentamos en la Cámara de Diputados proyectos en ese sentido, como el que establece que los diputados cobremos el equivalente a un docente con 20 años de antigüedad o, como variante, que se ajuste en referencia al salario mínimo vital y móvil”, continúa el dictamen. Sin embargo, agrega, “ninguna de las distintas administraciones quiso poner ninguno de nuestros proyectos en debate”.
Para eso, desde la bancada de Del Caño tienen una explicación: “el aparato de este Estado capitalista necesita un funcionariado con altos sueldos que respondan a los intereses de los dueños económicos del país, para legislar, ejecutar y tener fallos judiciales que defiendan a los capitalistas: los banqueros, terratenientes y cerealeras, mineras, petroleras, etc”.
Una punta de lanza del pacto con el FMI
Por último, la izquierda contextualiza el proyecto oficial en lo que es la política realmente privilegiada del Poder Ejecutivo. “No es casual”, dice, que el proyecto sea tratado “en el mismo momento en que se derogó la Ley de movilidad y el 30 % de las y los jubilados han percibido en marzo una actualización inferior a la que establecía dicha Ley”. A lo que se suma “la pérdida que ya tuvieron todos los jubilados y jubiladas en los últimos cuatro años con el gobierno de Macri, que fue del 22 % contra la inflación”.
En síntesis, afirman desde el FIT-U, “este proyecto viene a intentar tapar este verdadero ajuste que sufren gran parte de los adultos mayores con una medida que intenta poner en pie de igualdad a un juez con un jubilado que percibe $ 25.000. El proyecto sostiene el régimen del 82% para los suculentos sueldos de jueces, secretarios y fiscales, sin tope alguno, una proporción que se considera en el proyecto como ‘justa y razonable que debe existir entre el haber de pasividad y la situación de los activos’ pero que se les birló al resto de los jubilados y jubiladas”.
Para la bancada del FIT-Unidad, “no hay analista económico que no certifique que este ajuste sobre los jubilados es una de las condiciones que impone el FMI y el resto de los acreedores de la deuda pública fraudulenta para renegociar la deuda, es decir, para rescatar a los usureros que hundieron y se proponen hundir aún más a la Nación y su pueblo trabajador”.
El dictamen finaliza afirmando que la izquierda no está de acuerdo con permitir esta situación y va “a apelar a la única forma que puede frenarse semejante ataque: la lucha y la movilización de los trabajadores y el pueblo para que la crisis la deben pagar quienes la provocaron”. Y presenta a su vez un programa al servicio de las mayorías: “rechazamos todo privilegio de los jueces y fiscales. Sostenemos que deben cesar en sus mandatos y ser elegidos mediante el sufragio universal, debiéndose realizar los juicios a través de jurados populares. Todos los funcionarios políticos y judiciales deben tener mandato revocable y no pueden percibir más de lo que gana un docente con 20 años de antigüedad”.
El dictamen de minoría completo
Dictamen de minoría - Del Caño - Jubilaciones de privilegio by La Izquierda Diario on Scribd
