Esta semana, las cuatro comisiones a las que tiene giro el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto comienzan a transitar la recta final de las Audiencias públicas informativas que transcurren desde abril.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Lunes 28 de mayo de 2018 00:00
Tras finalizar las Audiencias, el próximo jueves 31, se espera que los integrantes de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia dictaminen para que el proyecto llegue al recinto el miércoles 13 de junio, veinticuatro horas antes del inicio del Mundial 2018 en Rusia.
En los pasillos del Congreso se rumorea que será en una sesión especial y que ésta podría durar incluso más de un día: “todos van a querer hablar para justificar su voto”, sostienen. Así sucedió por ejemplo cuando se trató en 2008, bajo un gobierno kirchnerista y poco después de llamada “crisis del campo”, el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que arrancó con su lucha el movimiento LGTBI. La proximidad de los comicios legislativos y los cierres de lista en las provincias fue un factor de presión que se sumó en aquél momento al lobby ejercido por la jerarquía de la iglesia y los sectores más reaccionarios, junto a la especulación política.
Hoy, en el marco de la política de ajuste y subordinación a los organismos internacionales impulsada por Cambiemos, y tras las masivas movilizaciones de diciembre contra la reforma previsional y por los derechos de las mujeres el pasado 8 de marzo, una demanda democrática postergada por décadas, que hace al derecho a decidir y a no morir por la clandestinidad del aborto, despierta la adhesión de gran parte de la sociedad y por eso también la especulación de gobernadores, referentes políticos, jerarcas de la Iglesia, laboratorios y clínicas que lucran con la clandestinidad. Hay, en este contexto, algo que está claro: la fuerza de miles de personas que simpatizan con esta lucha debe manifestarse en las calles para conquistar este derecho. Ese es el debate que atraviesa en estas horas a buena parte del movimiento de mujeres, que se prepara para nuevas acciones en los próximos días.
Especulación y cálculo sobre un final incierto
El proyecto presentado por la Campaña Nacional por el derecho al aborto cuenta con la firma de 72 diputados y diputadas de casi todos los bloques y es uno de los proyectos que más apoyos tiene en la historia del Congreso. Sin embargo, aún se desconoce la cantidad de adhesiones que recogerá en el recinto y es mucho lo que se especula en estos días acerca de ese resultado.
Aunque nadie puede saberlo a ciencia cierta, un relevamiento del diario Perfil afirmaba este sábado que de los 257 diputados que integran la Cámara baja, hay aún 29 que “no decidieron” su voto, en tanto que 116 estarían en contra y 111 a favor. El relevamiento también señala que entre esos “indecisos” sobresalen los peronistas del interior, de provincias como Santiago del Estero, Catamarca y Formosa, y 16 legisladores de Cambiemos.
Un estudio impulsado por Economía Femini(s)ta deja ver también que entre los diputados que se oponen a la legalización del aborto, la mayoría de ellos oficialistas, hay nombres como el de Carmen Polledo (Pro) y Gabriela Burgos (UCR), presidentas de dos de las cuatro comisiones donde se analizará el proyecto, y otros como el de el presidente de la Cámara Emilio Monzó y el de las diputadas Carla Pitiot (Frente Renovador), Ivana Bianchi (Unidad Justicialista), Mayda Cresto (Justicialista) y Mirta Soraire (FpV-PJ), que convocaron a la autodenominada “Marcha por la Vida” impulsada por la Iglesia el 20 de mayo. Según el informe, Fernando Espinoza, José Luis Gioja y Sandra Castro son algunos de los diputados del Frente para la Victoria que votarán en contra. El Frente de Izquierda que integran Nicolás del Caño, Nathalia Gonzáles Seligra y Romina Del Plá, es la única coalición, de acuerdo a ese informe, que votaría a favor por unanimidad.
El “poroteo”, como lo llaman, anticiparía en síntesis una votación pareja y, por lo tanto, un final incierto. Precisamente por eso es probable que ésta se convierta en una herramienta de presión y de maniobras por parte de aquellos que buscan cercenar este derecho o “acercar” posiciones a la hora del dictamen. Al servicio de esa estrategia de negociación entre los bloques mayoritarios, que seguramente se profundizará en los próximos días, ha estado también el interés de convertir a las Audiencias públicas en instancias sin debate ni intercambio entre los diputados y diputadas, sólo con exposiciones favorables y contrarias que han sido presentadas como si reflejaran fielmente, en igual proporción, a la opinión social. Las calles, los lugares de estudio y de trabajo, así como las encuestas, demostraron lo contrario: la amplia mayoría de la sociedad está decididamente a favor de la legalización del aborto, por todos los argumentos que allí brindaron quienes se manifestaron en defensa del aborto legal.
A la hora del dictámen
Faltando una semana para que finalicen las exposiciones, se especula con que el número de “indecisos” también pueda convertirse en un factor de peso para la elaboración de un dictamen que no contemple integralmente el proyecto cabecera, elaborado por la Campaña. Aunque todo indica que habría un consenso mayor en torno a ampliar las causales de aborto, autorizando la práctica en el hospital público a simple demanda hasta la semana 14 de gestación (y sin límites cuando se trate del peligro de salud o de vida, de casos de violación o de malformaciones graves), los proyectos que entrarán en debate en el plenario de comisiones anticipan también que, hasta llegar al recinto, la propuesta de la Campaña podría sufrir cambios. Es lo que se desprende de los restantes nueve proyectos presentados por diputados del Frente para la Victoria, el Movimiento Evita, Evolución Radical, la UCR y el PRO.
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Entre esos proyectos se encuentra el que fue elaborado durante el desarrollo de las Audiencias por el del propio Daniel Lipovetsky, también firmante del proyecto de la Campaña y a cargo del plenario de comisiones que dictaminará sobre el tema. La iniciativa del diputado macrista propone entre otras cosas la incorporación de cláusulas que limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no deseado, como la de “objeción de conciencia”, la obligatoriedad de asistencia de equipos interdisciplinarios o consejerías pre aborto y de hasta 10 días de “reflexión” tras la solicitud de la práctica. Para despejar dudas, el diputado del PRO afirmó en estos días que "vamos a elaborar un dictamen de consenso; creo que los indecisos cuando vean este proyecto van a dar su apoyo”.
Con la perspectiva de llegar al recinto con un único dictamen que refleje un acuerdo político entre los bloques mayoritarios, algunas diputadas y diputados ya comienzan a pensar en variantes como la de agregar, en ese caso, una cláusula que garantice que todos los establecimientos de salud cuenten al menos con un profesional no objetor, argumentando que así todas las instituciones podrían asegurar a las mujeres el acceso a un aborto seguro y gratuito. Otras cuestiones que se debaten por estas horas son la posible negociación de un plazo de 3 días como “tiempo de reflexión”; la creación de “consultorías” que no sean obligatorias; el “refuerzo” de campañas de prevención del embarazo adolescente y la eliminación del artículo referido en el proyecto original a las personas gestantes de entre 13 y 16 años, para dejarlo bajo la formulación que actualmente establece el Código Civil, que sostiene que “el menor de edad tiene aptitud para decidir respecto de ciertos tratamientos sobre su cuerpo”. Estas modificaciones no menores cuentan con antecedentes similares en países como Uruguay y Chile.
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En las calles
Tras siete presentaciones infructuosas, producto de la negativa de esos mismos bloques mayoritarios -como Cambiemos y el PJ-FPV-, queda claro que la llegada del proyecto al debate en Diputados es el resultado de una larga historia de lucha del movimiento de mujeres, que mantuvo viva por años esta pelea elemental. Pero esa batalla no termina en la votación de la Cámara baja el 13 de junio, ya que de ser aprobada deberá ser tratada luego en Senado de la Nación, donde es probable que encuentre mayores trabas. Como es sabido, gran parte de los gobernadores, contrarios a este derecho y con línea directa sobre la Cámara alta, así como la jerarquía de la Iglesia, los laboratorios y las corporaciones médicas privadas que lucran con la clandestinidad, buscarán incidir sobre el debate y la decisión de los senadores, que no casualmente hasta el momento se han pronunciado a favor en algunos pocos casos.
A escasas semanas de un debate que sin dudas será histórico, hay algo que en este marco no está de más reiterar: el debate por la legalización y despenalización del aborto, que ya fue saldado socialmente, se dará finalmente en el Congreso Nacional, pero es sin duda en las calles desde donde se impondrá como derecho. Para arrancarlo, para conquistar para que no haya más mujeres muertas ni presas ni con graves secuelas sobre la salud por la clandestinidad del aborto, el 13 de junio, cuando el debate llegue al recinto de Diputados, tiene que convertirse en un gran acto de conciencia, en una gran manifestación de miles y miles de mujeres y varones que exija frente al Congreso que el proyecto de la Campaña, y no otro, o ninguno, sea ley. Ese es el gran desafío que deberá asumir en los próximos días el movimiento de mujeres para convocar también a miles de trabajadores y jóvenes de todo el país a acompañar su reclamo y a fortalecer esa alianza que, como mostró el Paro Internacional de Mujeres, es capaz de hacer que la tierra tiemble.
