Congreso. Diputados sesiona este miércoles: barrios populares, Cromañón y beneficios impositivos

Luego del desfile de funcionarios y ministros en la Cámara de Diputados para defender el Presupuesto 2023, este miércoles se pausa ese debate para hacer una sesión que va a tratar nueve proyectos.

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A las 12.30 están convocados los diputados y diputadas para debatir y votar sobre distintos proyectos de ley. Entre los más relevantes están la actualización del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (ReNaBap), la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble conocido como “República Cromañón”, y la modificación de la ley de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica. Es probable que sean los tres temas donde haya intervenciones de diputados y diputadas.

Se espera que los distintos proyectos obtengan una amplia mayoría al momento de su votación, aunque seguramente se cuelen algunos de los hechos recientes que generaron una nueva crisis en el gobierno y nuevos cambios de gabinete. Como es el caso del desalojo y la represión al pueblo nación mapuche en Villa Mascardi al mando del ministro de Sguridad Anibal Fernández, que desató la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. También la represión en La Plata en la cancha de Gimnasia y Esgrima por la policía bonaerense de Sergio Berni, generó un amplio repudio y críticas (incluso de algunos sectores del oficialismo). En la sesión de este miércoles además se le tomará juramento a la diputada que reemplazará a Victoria Tolosa Paz, ahora ministra de Desarrollo Social. Se trata de Micaela Morán, del Frente Renovador de Sergio Massa.

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¿Cuáles son los temas de la sesión?

La ley conocida como de “barrios populares” fue aprobada en 2018 con amplio consenso en ambas cámaras, y este miércoles se votarán algunas modificaciones donde se espera que obtengan media sanción. Es la Nº 27.453 y se propone la integración socio urbana de barrios populares mediante el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap). Una de las modificaciones más importantes es la extensión del plazo para suspender los desalojos por 10 años, como garantía para la implementación de la ley. También se propone agilizar los procesos administrativos para el desarrollo de las obras, fortalecer el acceso a los servicios públicos y la implementación de una tarifa social para todos los barrios incluidos en el registro (ReNaBap). La ley y las modificaciones son apoyadas por distintas organizaciones sociales.

El problema habitacional en nuestro país se viene incrementando junto con la pobreza y la indigencia. Muchas familias son obligadas a pelear por un techo por su familia, y a pesar de esta ley, han recibido la represión y las topadoras. Como han señalado diputados y diputadas del Frente de Izquierda en varias oportunidades, el desalojo a las familias de Guernica en la provincia de Buenos Aires o en la Villa 31 en la Ciudad de Buenos Aires, demuestran que se sigue priorizando el negocio inmboliario y la construcción de countries o barrios privados. Según los registros del ReNaBap, entre el 2016 y agosto de 2022 los barrios populares se incrementaron de 4.416 a 5.687, donde se estima que viven 1.168.731 familias y más de 5.000.000 de personas. Los datos oficiales indican que en el 99% de los barrios populares registrados no acceden formalmente a la red de gas natural, en el 89% no acceden al servicio de red de agua corriente, y en el 68% no acceden al servicio de energía eléctrica. Cifras que demuestran una emergencia social que necesita respuestas estructurales.

Otro de los temas que genera expectativa de la sesión es el de Cromañón, donde organizaciones de familiares y sobrevivientes vienen impulsando hace varios años la expropiación del inmueble “República Cromañon” para crear un Espacio para la Memoria. La pelea de familiares y sobrevivientes para expropiar Cromañón comenzó en 2018 cuando la justicia decidió devolverle el boliche a Rafel Levy, dueño del lugar que era gerenciado por Omar Chabán al momento del crimen social que se cobró la vida de 194 pibes y pibas el 30 de diciembre de 2004.

Las organizaciones y familiares que impulsan el proyecto lo presentaron en distintas oportunidades en la legislatura porteña, gobernada por Juntos por el Cambio, donde nunca prosperó y fue cajoneada. Esta vez el proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados, y se dictaminó este martes para llegar al temario de la sesión.

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— Myriam Bregman (@myriambregman) September 22, 2022

Luego se votarán modificaciones a una ley de 1990, de Promoción y fomento de la innovación tecnológica (Nº 23.877) que otorga beneficios para el sector como el otorgamiento de créditos fiscales para ser aplicado al pago de impuestos, y financiamiento para proyectos. El cambio central que se trata este miércoles es la ampliación de ese crédito fiscal del 10% al 80% de los gastos realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica para ser aplicado al pago del impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado. Con esta ley se termina beneficiando a grandes grupos económicos como Bioceres, una de las empresas del grupo Insud de Hugo Sigman. El cuestionamiento de sectores de la comunidad científica hace foco en que el financiamiento público de la investigación y desarrollo tecnológico termina siendo apropiado de forma privada para el lucro de algunas empresas, en vez de ser un bien común al servicio de las necesidades de las mayorías.

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Se debatirán además dos iniciativas del ámbito laboral. Una tiene que ver con la modificación del artículo de no concurrencia (exclusividad de una relación laboral) del Régimen de Contrato Trabajo, para eliminar la prohibición al trabajador a que ocupe su tiempo libre trabajando en beneficio propio o para otra empresa. La otra es sobre la gratuidad de los telegramas y carta documento que hoy rige para trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubilados. Se propone ampliar la gratuidad para los familiares de un trabajador o trabajadora en caso de su fallecimiento. A pesar de que la norma ha sufrido distintas ampliaciones (como a la comunicación con las ART), se sigue negando la gratuidad para los casos donde los trabajadores quieran comunicarse con su sindicato.

Completan el temario otros cuatro proyectos más. La modificación (por un error catastral en la ley original) de la declaración de utilidad pública y expropiación del inmueble conocido como “Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa grande” en la provincia de Mendoza. El lugar tiene una historia relacionada con la ultima dictadura militar y el trasfondo de una pelea de la comunidad para preservarlo como Centro Cultural y de la Memoria. Su dueño, Victorio Cerutti fue secuestrado y desaparecido en enero de 1977 por un grupo de tareas de la ESMA junto con su yerno Omar Mansera Pincolini. Los militares robaron autos, joyas y dinero, y luego obligaron a la familia a vender las propiedades a un testaferro del Almirante Emilio Massera.

Se tratará otra modificación sobre el nombre Parque Nacional Traslasierra por Parque Nacional Pinas. Ubicado en Córdoba, la ley original contiene un error ya que no se encuentra en el Valle Traslasierra sino en el noroeste de la provincia.

Por ultimo la Cámara Baja votará una modificación a la Ley de Deporte, que le permitirá a la Confederación Argentina de Deportes que se le restituya su rango institucional (que había sido eliminado por un DNU del 2019); y la obligatoriedad de ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol de carácter internacional en los estadios de la República Argentina, en los que participen equipos de primera división de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

La actividad de Diputados retomará la intensa agenda por el Presupuesto 2023 el jueves desde las 11 de la mañana, esta vez ya sin expositores sino dando inicio al debate de diputados y diputadas. El oficialismo adelantó este martes que tiene intenciones de agilizar su tratamiento y adelantar la agenda una semana. En vez de dictaminar el 24 de octubre y sesionar el 25, buscarán dictaminar el 18 y sesionar el 19 de este mes. Desde Juntos por el Cambios aparecieron algunas voces disconformes con el cambio, aunque en paralelo vienen trabajando con el Frente de Todos para acordar modificaciones de un presupuesto diseñado en Estados Unidos para cumplir el ajuste que pide el FMI.