APARATO REPRESIVO. Diputados votó más “seguridad” para garantizar el ajuste

Ayer la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley que había enviado Macri en abril al Congreso. El primero obtuvo 171 votos a favor y el segundo 129. Cambiemos recibió el apoyo del Frente Renovador y del Frente para la Victoria en el primer caso, mientras que éste último no apoyó la segunda norma.

Ambos proyectos tienen que ver con la llamada “seguridad” e integran un paquete, junto a otros cuatro, con el que el presidente y su ministra Patricia Bullrich buscan fortalecer el poder de fuego de las fuerzas represivas del Estado. Y, obviamente, la impunidad para sus miembros.

El primer proyecto modifica partes del Código Procesal Penal de la Nación, dándole mayor poder a las fuerzas represivas para detener y mandar a juicios sumarísimos a quienes consideren que fueron hallados “in fraganti” cometiendo un delito. Así el Estado podrá condenar a las personas aprehendidas por delitos cuya pena máxima no supere los 20 años de prisión. El Gobierno justificó el proyecto diciendo que en varias provincias el procedimiento de flagrancia ya se aplica.

El segundo proyecto votado anoche, denominado de Técnicas Especiales de Investigación (TEI), incorpora las figuras del “agente encubierto”, el “agente revelador”, el “informante”, la “entrega vigilada” y “prórroga de jurisdicción”. El objetivo de estas figuras, dice el relato macrista, es mejorar la investigación de “delitos complejos”.

Ninguna contradicción

Macri quiere que el Congreso vote su proyecto de “blanqueo de capitales” para que, como viene denunciando este diario, cualquier banda o individuo representante del crimen organizado pueda ingresar al mercado legal los dólares obtenidos de diversas maneras, como por ejemplo de la explotación sexual o del narcotráfico.

Pero al mismo tiempo envió este paquete de proyectos para “combatir al delito complejo”. ¿Contradicción? No. Simplemente “seguridad” y “justicia” de clase en su máxima expresión.

“Nadie puede pensar que los grandes criminales de este país, ni los corruptos ni los que tienen cuentas offshore, van a ir a la cárcel con estos procedimientos”, dijo ayer durante la sesión la diputada del PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman. “Porque estos proyectos vienen a reforzar la idea de la justicia por portación de cara, de capucha o de gorrita”, agregó.

De acuerdo con lo que dice Bregman, el discurso de los diputados de Cambiemos no es más que pura hipocresía. O simplemente demagogia punitiva para reforzar los aspectos más represivos y criminalizadores del aparato estatal.

Pobres in fragantis

El mendocino Luis Preti (UCR), presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara Baja, abrió el debate en el recinto planteando que “con estos procedimientos vamos a lograr defender al imputado en sus derechos, asistir a la víctima y atender el reclamo de la sociedad”.

Y aclaró que, además de la figura de “in fraganti”, se considerará delito en flagrancia “cuando (el delincuente) sea perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor popular”.

En ese marco, Preti agregó que “el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas desde la detención”. Es decir, de la calle al juicio y, eventualmente, a la condena en cuestión de horas. Preti se autodefine a sí mismo en su cuenta de Twitter como “apasionado y voluntarioso”. Sin dudas anoche Macri lo corroboró.

Más espías y van…

Poco después de la intervención de Preti, la titular de la Comisión de Legislación Penal, la jujeña Gabriela Burgos (UCR) defendió el proyecto que crea las figuras del “agente encubierto”, el “agente revelador”, el “informante”, la “entrega vigilada” y la “prórroga de jurisdicción”. Figuras que se incorporarán a los procedimientos cotidianos de la “investigación policial”.

“Buscamos la persecución a las organizaciones criminales que han penetrado en nuestro país, porque hace bastantes años tenemos fronteras sumamente permeables que han posibilitado, entre otras cosas, el desarrollo del narcotráfico”.

“Se ha cambiado la fisonomía del accionar delictivo, y los delitos que antes eran comunes se han transformado en complejos. Necesitamos herramientas útiles para poder afrontar este tipo de delincuencia, conformada por bandas altamente organizadas, muchas de ellas con un fuerte poder económico”, sostuvo Burgos.

En esa misma línea hace algunos días, al presentar el proyecto en el Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich señaló que esta incorporación al Código Procesal Penal federal “significa dar una respuesta adecuada al alto índice de criminalidad y a la reincidencia que existe”.

Según el texto aprobado ayer, el “agente encubierto” será un miembro de las fuerzas de seguridad “altamente calificado” que, ocultando su identidad, se infiltrará en las “organizaciones criminales” o “asociaciones delictivas con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación”.

Por su parte el “agente revelador” será un policía, gendarme o prefecto que “a fin de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal” termine identificando a las personas “implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos”.

Parece que a Macri y sus funcionarios no les alcanza con el ejército de espías y el enorme aparato de tecnología de punta que le dejaron servido en bandeja Cristina Fernández, Sergio Berni, César Milani y compañía.

Si desde hace años el país está lleno de espías que se infiltran en organizaciones de trabajadores, en partidos de izquierda, en organismos de derechos humanos y hasta en medios de comunicación, el macrismo se propone extender aún más esa red represiva.

El ajuste pide más

Solo Myriam Bregman, con sus dictámenes en minoría, presentó una alternativa a los proyectos del Gobierno. Ayer, en su intervención en el recinto, denunció que
“modificar los llamados procesos de ‘flagrancia’ no tiene otro objetivo que aumentar los mecanismos de control social sobre los trabajadores y el pueblo pobre. Más particularmente sobre los que ejercen su derecho a la protesta y salen a las calles a reclamar por sus demandas”.

En el gobierno “buscan blindar el ajuste aumentando la represión. En lugar de atender a estos reclamos urgentes, el Ejecutivo propone procesos ‘sumarísimos’, veloces, para juzgar y ‘deshacerse’ de esos casos”, afirmó frente al resto de las bancadas.
Es que, como dice Bregman, con estas modificaciones al Código Procesal Penal “se les da una enorme facultad a las policías para extorsionar, armar causas, plantar pruebas y se legalizan las detenciones arbitrarias”.

En ese marco la diputada de la izquierda y abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) afirmó que el proyecto importado de los Estados Unidos por Patricia Bullrich, denominado “herramientas para combatir el crimen organizado”, es un proyecto que legaliza “la infiltración y el espionaje y brinda un enorme paraguas de impunidad para los agentes de las fuerzas de seguridad que participan del delito. En realidad se trata de facultades y herramientas para fortalecer a una de las patas en que indefectiblemente se basa el crimen organizado: las fuerzas de seguridad”.

“Ahora los gendarmes caranchos o el infiltrado en la protesta de Lear serán legales y tendrán un enorme amparo de impunidad para infiltrar a las organizaciones sociales y políticas que les parezca”, graficó la excandidata a vicepresidente del Frente de Izquierda.

¿Opositores?

Según informó el sitio El Parlamentario, tras su intervención en la sesión de ayer Bregman fue felicitada por Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria.

La diputada kirchnerista aprovechó para criticar con dureza los proyectos en cuestión y pidió al Gobierno “que use las fuerzas de seguridad para defender lo que corresponde”. Según Conti, con estas iniciativas “los jueces quedan a disposición de la Policía”.

Pero aún adhiriendo a cada una de las palabras de la diputada del PTS-FIT, hay algo que la diputada Conti no puede eludir. El gobierno del que ella formó parte durante doce años tuvo varios capítulos dedicados a criminalizar la protesta social y darle cada vez más poder de fuego a las fuerzas represivas.

Desde la Ley Antiterrorista votada en 2007 hasta el encumbramiento del partícipe de la dictadura César Milani al frente del Ejército, pasando por casos de espionaje a organizaciones populares como el Proyecto X, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández no escatimaron esfuerzos, más allá de los discursos, para fortalecer el aparato represivo del Estado.

Y lo que tampoco puede eludir Conti es que ayer gran parte de sus compañeros votó junto al macrismo y al massismo el proyecto que incorpora la “flagrancia”. Es decir la figura con la que miles de jóvenes de las barriadas populares serán presa (un poco más) fácil de los represores dirigidos por Patricia Bullrich y sus subordinados.