Por la noche del miércoles 22 de abril la policía intervino la huelga de hambre instalada en el Consejo Municipal de Cochabamba en la que los dirigentes Pedro Luna, vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), y Rene Quispe, representante de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, exigían abastecimiento de agua. Ambos dirigentes fueron detenidos y trasladados a la FELCC.
Viernes 24 de abril de 2020
Foto: Opinión
Los dirigentes Pedro Luna y Rene Quispe, instalaron una huelga de hambre en el Consejo Municipal de Cochabamba el día jueves 16 de abril por la mañana, exigiendo el abastecimiento de agua por carros cisternas, de propiedad del municipio, a las familias que no tienen el servicio de agua potable y un bono de 500 bolivianos para que pueda ayudar en algo a las familias más pobres. Rechazan la burla y la falta de voluntad para destinar los recursos ya presupuestados ya que el alcalde, José María Leyes, aprobó el bono por menos de la mitad del monto presupuestado, es decir, solo por 200 bolivianos. Esto es absolutamente insuficiente frente a las necesidades más básicas de acceso a alimentos y para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Mientras se dejan migajas para las y los trabajadores y los sectores más humildes que son los más afectados por esta pandemia, cuando se trata de garantizar las ganancias de los empresarios el Estado está a la orden. Recordemos por ejemplo el caso protagonizado por el alcalde Leyes que a través de las contrataciones dirigidas en los procesos del Estado se llevó a cabo la adquisición de compras de material escolar -para estudiantes del municipio del Cercado de las gestiones 2016,2017 y 2018- con sobre precio. Esto llevó a que Leyes fuera destituido y recluido por corrupción (caso Mochilas I Y II). Su reclusión sin embargo duró unos meses ya que fue liberado y restituido a su cargo en febrero de este año.
Leyes ahora niega el acceso a un servicio básico, reconocido por la Constitución Política del Estado como derecho humano, en plena crisis sanitaria por COVID 19, poniendo en riesgo la vida de las familias más pobres y abandonadas.
La situación de crisis socio-sanitaria desatada por la pandemia del Covid-19 desnuda la pobreza estructural que persiste con dureza en nuestro país. No solo se evidencia en la precariedad del sistema de salud sino en que todavía un recurso tan vital para la vida, como el agua, siga siendo escaso para los sectores más humildes y precarizados. Esto es responsabilidad de los gobiernos neoliberales que han mercatilizado los servicios más básicos que garantizan la reproducción de la vida misma. Pero también es responsabilidad de los llamados gobiernos "progresistas", como el de Evo Morales, que no ha dejado de hacer negocios con los grandes capitales. Hoy la situación se agrava, ya que los representantes del movimiento cívico, empresarial, clerical, policial y militar que administran el Estado, están demostrando que privilegian sus cálculos en favor de los intereses de clase que los puso en el poder.
Denunciamos la detención ilegal y exigimos la liberación inmediata de los dos dirigentes. Esta acción, una vez más, demuestra que las autoridades aliadas y este Gobierno de facto no tienen política sanitaria solo una política de represión que busca silenciar nuestra pobreza.
