Según las cifras de la Superintendencia de Educación, durante el año pasado aumentaron las denuncias por discriminación y agresiones sexuales en escuelas y colegios. Según expertos, la principal causa no es el aumento de casos, si no que hoy los apoderados se atreven a denunciar en busca de respuestas.
Melissa Navea V Psicóloga
Martes 21 de marzo de 2017
Durante el año 2016, la Superintendencia de educación recibió más de 11 mil denuncias, lo que significó un aumento en más de 700 acusaciones en comparación con el 2015, en donde la mayoría de estas fueron realizadas por razones de medidas disciplinarias, discriminación y agresiones sexuales.
Dentro del complejo, pero muchas veces silencioso, panorama en las escuelas, se encuentran los delitos como violación o abuso sexual (de 115 a 132) y comportamiento de connotación sexual ( que no constituye agresión) que aumentó de 123 a 154. Por otra parte, el aumento respecto a la discriminación por apariencia física creció de 74 a 120, a su vez que la discriminación en relación a las consideradas “discapacidades físicas o intelectuales”, subieron de 97 a 115.
Según aseguró el superintendente de Educación, Alexis Ramírez, el aumento de denuncias se debe principalmente a que “los apoderados están más alertas frente a la discriminación y dispuestos, también, a denunciar las situaciones” además de que hoy existiría un organismo que permite la mediación de los problemas, además de investigar y sancionar a la normativa escolar.
Esto también se debería a que a diferencia de otras épocas, hoy en día la palabra de niños y niñas es más tomada en cuenta cuando suceden casos como estos y a su vez, estos se atreven más a hacerlo.
¿ Y la ley de Inclusión?
A comienzo del año 2016 comenzó a regir la ley de inclusión, cuyo objetivo principal es lograr la inclusión escolar y social de niños y niñas, sin discriminación. Sin embargo, esta ley no modifica, la estructura de financiamiento escolar por medio de vouchers, la cual responde a la educación de mercado y sus parámetros de éxito.
El problema que se presenta aquí, es precisamente que hoy con este modelo de educación, en el cual los resultados de una prueba estandarizada pesan más que la calidad de la educación que se pueda entregar, difícilmente se podrá lograr una verdadera inclusión con centro en las condiciones del aula y aptitudes de los docentes, más que en cada estudiante en particular. Pues en los hechos, la atención personalizada, muchas veces necesaria, queda al debe cuando el paradigma de esta ley sigue teniendo un enfoque de integración con eje en las diferencias, más que la inclusión con eje en la diversidad y la convivencia, las cuales resultan más pertinentes en relación al contexto escolar de niños con distintas realidades.
Este aspecto es responsabilidad del Estado, el cual debe garantizar el acceso a una educación que permita el desarrollo de las capacidades de quienes escapan al estándar que el modelo educativo promueve en sus estudiantes, y que, a la vez, sea capaz de profundizar en los factores que favorecerían una verdadera inclusión.
Si bien, esta ley busca fijar la mirada en una disciplina formativa que pueda entregar herramientas a sus estudiantes para aprender a valorar la diversidad, versus un viejo patrón de sanciones que responde también a un viejo modelo estricto de disciplina escolar, no puede garantizarse la inclusión real sin que se eliminen, por ejemplo, las pruebas estandarizadas que año a año sirven de filtro para los llamados liceos y colegios de excelencia, los cuales reniegan de la diversidad en pos de avalar un sistema educativo basado en la competencia. Mientras exista una educación que no enfrente la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género, los casos continuarán aumentando paulatinamente en los establecimientos escolares; o la violencia hacia las mujeres, ambas avaladas por los currículum escolares, y cuya realidad ha sido alarmada por organismos internacionales que defienden la igualdad de género y la no discriminación hacia la diversidad sexual.
Lo anterior, también es fundamental si se quiere concebir la educación como un verdadero derecho democrático y no como un privilegio, para que las escuelas no sean un lugar que perpetúe el mundo de las categorías y las diferencias, si no que pueda ser un lugar en donde se puedan generar las condiciones y entregar las herramientas para conseguir una educación lo más equitativa posible para todos y todas, y en donde también se aprenda a valorar la diversidad como parte de la vida cotidiana.
