Empleados de Resguardo Patrimonial impidieron el ingreso la institución a un grupo de adolescentes que forman parte del programa “Jóvenes y Memoria” del Museo de la Memoria por motivos discriminatorios. Desde el CeProDH repudiaron categóricamente los hechos.
Viernes 18 de noviembre de 2016
Un grupo de jóvenes de entre 15 y 18 años de edad acompañados por sus coordinadores del programa “Jóvenes y Memoria” que lleva adelante el Museo de la Memoria fueron discriminados y hostigados por miembros de Resguardo Patrimonial de la Facultad de Derecho de la UNR. Ante el feriado provincial que hizo que el Museo se encontrara cerrado se acercaron a la institución educativa para disponer de este espacio público con el motivo de realizar una secuencia fotográfica en la cual ellos participarían en el marco de un proyecto que llevan adelante.
Pero el ingreso les fue rechazado con la excusa de que no eran estudiantes. Sin embargo al tratarse de una institución pública queda claro que los motivos son otros: fueron discriminados y estigmatizados por ser jóvenes de sectores populares, un hecho que no puede tolerarse.
Luego de una hora de espera se los dejó ingresar bajo la condición de que sean solo veinte minutos y bajo la vigilancia de cuatro patovicas, como denunció uno de los jóvenes. Ante la situación hostil y persecutoria, el grupo de “Jóvenes y Memoria” decidió retirarse del edificio.
Las autoridades del Museo de la Memoria presentaron un informe sobre lo acaecido a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad solicitando un pedido de disculpas por parte de la entidad educativa.
“Somos pibes, pero no chorros y nos están prejuzgando sin saber quienes somos y ellos no saben que hacemos proyectos para que se termine la violencia de genero, la de la policía, y estamos haciendo un video para que la gente sepa que nos pasa, como humillan a los pibes como nosotros”, sentenció uno de los integrantes del proyecto.
Julian Longarini, estudiante de Derecho, miembro del CeProDH declaró: “A pesar de ser gratuita la educación superior es un derecho que no es accesible para todos porque sostener una carrera universitaria es costoso. Los sectores populares y los trabajadores se ven mayoritariamente excluidos de las facultades. Como si fuera poco esta prohibición de hecho se les impide además que ingresen a los edificios de las facultades. Una nueva vulneración de sus derechos por parte del Estado, que se suma a otros, como la falta de acceso a la justicia o la impunidad que goza el gatillo fácil que tiene como blanco a este sector. En este sentido es que planteamos que la universidad pública se encuentra cada vez más alejada de las necesidades de los trabajadores y sectores populares. Esto es más alarmante en la facultad de Derecho donde se forman los abogados, jueces y fiscales que son los encargados de administrar la justicia y aplicar la ley”.
