Domingo 13 de diciembre de 2020
A propósito de la propuesta presentada el miércoles pasado por los senadores Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), buscando el indulto de responsabilidad penal a quienes hayan sido detenidos en el marco de manifestaciones desde el 7 de octubre del 2019. Esto argumentando que “se ha vivido un proceso distorsionado por una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de la normalidad”.
Si bien este proyecto refleja una demanda levantada desde las calles insistentemente desde organismos sociales y políticos en apoyo a las familias de las y los 232 presos políticos que aún permanecen encarcelados, no deja de ser una medida cínica e insuficiente, cuando sabemos que los senadores integrantes de dichos partidos, se reunieron el 15 de noviembre para acordar un falso acuerdo por la paz y medidas represivas y antidemocráticas que permitieron el encarcelamiento de esos jóvenes.
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Por otro lado a partir del miércoles el Gobierno también se alerto y empezó a mover sus hilos para impedir a toda costa la aprobación de la propuesta, apuntando a que “Es una manera de justificar la violencia”, afirmando que “no hay ninguna razón para pensar que esas personas sean homologables con una categoría de preso político” refiriendose a los presos de octubre, negando un interés político en desmantelar la movilización de masas del estallido social y perseguir a quienes se manifestaran, señalando que quienes han sido privados de libertad tienen antecedentes previos o delitos considerados graves. Finalmente insistiendo en el desgastado argumento de que es inconstitucional, pues el indulto es una figura que es exclusivamente otorgada por el Presidente, que por lo demás recientemente ha sido vinculado a delitos que al parecer no tienen el mismo peso e importancia que patear un torniquete o gritar fuera Piñera.
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Mientras que Chile Vamos se unifica bajo la consigna que no se puede transar con la “violencia” de los manifestantes, omitiendo por supuesto la represión, mutilación e incluso muertes producidas por parte de fuerzas policiales durante la revuelta y mandatadas desde el Palacio. En cambio la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio no logra consensuar en esta medida mínimamente democrática de un debido proceso para los imputados y encarcelados sin pruebas ni sustentos, más que los testimonios de los deslegitimados carabineros.
Las justificaciones para esta postura ni chicha ni limonada se reflejan en las palabras de Harboe (PPD) “La intromisión de la política en los fallos judiciales no me parece adecuada. Si se quieren revisar los casos que existen (...), las revisiones tienen que ser dentro del Poder Judicial” que representa sectores de la oposición que aún confían en un sistema judicial que defiende intereses empresariales y no antepone las demandas por el fin de las herencias de la dictadura civicomilitar de Pinochet.
En suma, en el marco del proceso constituyente, y la posibilidad de perpetuarse en sus cargos de poder político y económico que mantienen las cosas sin cambios, al servicio de la clase empresarial, no es raro ver como la oposición busca la aprobación de amplios sectores con demandas como la liberación de las y los presos políticos de la revuelta, cuando son ellos mismos los responsables de haber encarcelado a centenas de jóvenes por casi un año.
