Desde que comenzó la cuarentena Bahía Blanca fue sacudida por el femicidio de Susana Melo y el arresto de dos militares acusados de violación. ¿Qué pasa con la violencia de género? Un debate en el feminismo y la exigencia al Estado de un plan de emergencia contra la violencia de género
Domingo 5 de abril de 2020
La situación extraordinaria de pandemia y consecuente cuarentena abre sus puertas a un escenario que pocas semanas atrás habría resultado impensable. Reclusión obligatoria, profundización de la crisis que se cernía sobre el pueblo trabajador y fuerzas de seguridad apostadas en las calles
Es en este contexto donde la violencia de género se recrudece, aumentan las denuncias y los casos de femicidios. En Bahía Blanca trascendió públicamente la denuncia de violación a una menor de 17 años por parte de tres soldados del Ejército Argentino. ¿Qué nos espera a las mujeres cuando la violencia machista puede encarnarse no solamente dentro del hogar en el que estamos aisladas sino también afuera, por parte de quienes hoy ocupan la vía pública dotados de poderes especiales y haciendo uso de su impunidad?
¿La crisis nos golpea todes por igual?
El gobierno de Fernández impone la cuarentena con la implementación de control social a manos de las fuerzas represivas, partícipes de las más crudas expresiones de violencia hacia las mujeres y disidencias como las redes de trata, femicidios y travesticidios.
Sin que la situación de crisis sanitaria en medio de la pandemia valga como excusa posible, se intenta borrar toda diferencia de clase y de género planteando que esta situación nos afecta a todes por igual. Un discurso de unidad nacional que salió de la propia voz del presidente Alberto Fernández enfrenta a la sociedad frente a un enemigo “invisible” (el COVID-19) y promueve que los ciudadanos cumplan un rol de policía civil para denunciar a quienes no cumplan la cuarentena.
A simple vista se puede ver que esta crisis no golpea de forma igual a los empresarios, como Paolo Rocca, dueño de Techint y uno de los 200 más ricos del mundo con una fortuna de 8mil millones de dólares, resguardados en sus mansiones y que gozan de todos los recursos necesarios para enfrentar la crisis, que a las mujeres desempleadas que son sostenes de hogar, sin obra social y que asisten a hospitales vaciados de recursos.
Como no golpea de la misma forma a las jubiladas y jubilados, y a las madres que cobran la AUH que estuvieron horas y horas en el día más frío del año haciendo la cola para cobrar, y en donde el gobierno otra vez salió rápidamente con discursos, pero de cuidar a los más vulnerados, nada.
Un feminismo para vencer
En este contexto en el que la vida de las mujeres y disidencias se ve doblemente afectada se abren nuevos debates sobre cómo afrontar la violencia patriarcal en plena crisis capitalista.
Hoy el sector del feminismo que ocupa un lugar central en el oficialismo a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y con referentes como Elizabeth Gomez Alcorta (Patria Grande) ofrece una política que no apunta a la prevención.
El feminismo popular dota a la cultura de poderes extraordinarios. Focalizando únicamente a los sujetos individuales como reproductores del machismo al interior de la vida cotidiana.
Esta perspectiva resulta incapaz de erradicar la violencia machista porque concibe al patriarcado como un gigante abstracto, desconociendo las bases materiales de la opresión, y al Estado capitalista y sus instituciones como reproductores de la violencia.
De ninguna manera el movimiento de mujeres puede poner su confianza en las fuerzas represivas que vienen siendo denunciadas sistemáticamente por detenciones arbitrarias, por abusos, torturas y asesinatos policiales
Una salida que busque cuidar la situación de las mujeres y disidencias comienza por declarar un plan nacional de emergencia contra la violencia de género que ponga a disposición las viviendas ociosas, grandes hoteles e instalaciones de las iglesias como hogares y refugios para mujeres y la comunidad trans.
La política de cumplir el aislamiento obligatorio, ahora con la posibilidad de salir de la casa para denunciar los casos de violencia de género al 144 o pedir un barbijo rojo en farmacias es insuficiente. Necesitamos que esto vaya acompañado de la exigencia inmediata de refugios en la ciudad y un subsidio para victimas de violencia, basado en un impuesto de emergencia a la ganancia extraordinarias de las empresas del polo petroquímico.
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