La violencia estatal, no solo se manifiesta en el maltrato hacia los reclusos, sino también en la falta de garantías para quienes luchan por una educación inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. ¡Solidaridad con el docente Nicolás Romero!
Sábado 31 de agosto de 2024 12:50
Barrotes libreños. En un brutal acto de complicidad entre el sistema penal y las instituciones educativas, el docente Nicolás Marcelino Romero fue despedido tras cuatro años de servicio en la Alcaidía de la Unidad Regional IV de la Policía de Corrientes, el 13 de marzo de 2023.
Hace semanas, recorrió las redes sociales un vídeo de Romero, exigiendo una respuesta ante el Consejo deliberante de Paso de los Libres.
Allí denunció enérgicamente: "Se suspenden las garantías democráticas. A los trabajadores que contrata el Estado, nos tratan como ciudadanos de segunda clase. ¡No nos pueden tratar como basura! Trabajé durante cuatro años y en el quinto año un secretario sindical movilizó mi despido. ¿Cómo es posible? Porque hay vínculos de poder que lo hacen posible. Estoy en comunicación con organismos de derechos humanos, de carácter educativo. Yo voy a seguir reclamando, hasta que encuentre una respuesta a la política de crueldad que aplicaron en el ámbito laboral educativo aquellos que hablan de derechos humanos y de democracia. Les pido a los representantes de la ciudadanía política de esta ciudad, que por favor atiendan este reclamo; tengo todos los argumentos que ustedes puedan necesitar. Y los alumnos que están detenidos están esperando que se respete su derecho a la educación".
El contexto en el que se dio este despido involucra a la dirección del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) de Paso de los Libres y a las autoridades educativas de los espacios carcelarios, quienes permiten que la violencia y la precariedad se instalen en este ámbito de la docencia.
Desde el inicio de su labor, en 2018, Nicolás Romero enfrentó condiciones laborales desfavorables en dicho establecimiento. La suspensión arbitraria de clases, la falta de recursos y el desprecio por el derecho a la educación de las personas detenidas, traducido en los deliberados encierros a los reclusos en sus horarios de formación, son solo algunas de las situaciones que marcaron su día a día.
En diálogo con La Izquierda Diario, el docente Romero señaló que “los que trabajamos en contexto de encierro tenemos una formación específica", y agregó: “Uno de los cursos del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), es decir, de los que elabora el Estado para educadores, deja muy en claro que la policía no puede realizar requisas a los docentes y que nosotros no debemos aceptar esas requisas”.
Pero eso no se respetaba. También otros colegas del docente Romero, se quejaron de este atropello con sus coordinadores. "¿Se solicitó que dejen de pretender requisar nuestras pertenencias y retener nuestros celulares?", fue uno de los planteos lanzados en un grupo de Whatsapp laboral. "Eso no se va a dejar de hacer", fue la respuesta.
¿Puede un sindicalista despedir a un trabajador?
En un entorno donde la educación debería ser un derecho fundamental, Nicolás Romero se vio obligado a asistir informalmente, sin el respaldo institucional correspondiente a su labor. La gestión educativa lo marginó y dejó a los reclusos sin acceso a esta instrucción.
A través de un acta policial, desplazaron a Romero de todas las unidades penales.
“El disparate es que legitimen un informe de un aparato del Estado que tiene una función radicalmente distinta a la que realiza la institución educativa. Ellos hicieron eso, al certificar el discurso policial dentro del campo educativo”, denunció el docente.
Es que el coordinador de la mencionada área, Ariel Schell, es secretario general de SUTECO, y además “la figura de autoridad sobre los docentes que trabajamos en las cárceles”, explicó Romero. A su vez, el secretario de Alcaldía, José Alegré, también firmó el documento que los desplazó a Romero y a su colega.
Ajedrez y cine en las cárceles
Epígrafe: “No es el puesto laboral que me arrebataron, pero me permite ver de nuevo a quienes fueron mis alumnos”
Las actividades de este docente despedido injustificadamente, no solo se limitaban a la estructura de los planes de estudio.
“En el 2022 llevé un proyecto de cine. Compré un proyector, iba los días feriados para llevar películas. 2018 y 2019 iba en mis días libres, a llevar el Proyecto de Ajedrez”, contó Romero.
“Antes de que me despidan, cuando ni siquiera imaginaba lo que iba a pasar, solicité donaciones de tableros de ajedrez y conseguí dos tableros profesionales”, agregó el docente.
Su trabajo también lo desempeñó en las Unidades 9 y 11 en la citada localidad. En mayo de este año, se comunicaron, desde la primera Unidad mencionada, para que lleve el Proyecto de Ajedrez al establecimiento, ad-honorem. Y desde agosto lo lleva a cabo. “No es el puesto laboral que me arrebataron, pero me permite volver a ver quienes fueron mis alumnos”, explica.
Además, Nicolás Romero manifestó que tanto las unidades penales como sus alumnos, reconocieron su labor.
Alumnos y personas detenidas en la Unidad Penal Nº11, se reunieron y a través de una nota formal, pidieron la urgente reincorporación del docente y destacaron la importancia social del trabajo educativo en las cárceles.
A su vez, otras entidades reconocen el caso de desplazamiento ilegitimo que sufrió. Según una nota del diario Confirmado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, tomaron nota de este reclamo.
Además, el CELS elaboró una presentación de Pedido de Acceso a Información Pública dirigido a la Dirección de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos de Corrientes (EPJA), a cargo de Sonnia Gracia, a quien indica como principal responsable institucional de su desplazamiento.
La lucha es una
La violencia estatal, no solo se manifiesta en el trato hacia los reclusos (quienes sufren condiciones inhumanas y abusos), sino también en la persecución de aquellos que se atreven a visibilizarlo. Esta situación evidencia la falta de garantías para quienes luchan por una educación inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
Es imperativo que la comunidad docente tome conciencia de esta situación y se solidarice con Nicolás Romero. Instamos a cada docente, a cada sindicato y a cada organización de derechos humanos a unirse en este reclamo.
La solidaridad es nuestra mejor herramienta para enfrentar la opresión y construir un futuro donde la educación sea un derecho para todos, sin distinción.
¡Solidaridad con Nicolás Romero!
¡Basta de violencia y despidos arbitrarios en el ámbito educativo!
