Casos como el de Brandon Huentecol y Camilo Catrillanca, revelan los daños psicológicos hacia los niños y niñas de las comunidades mapuche, provocados por la violencia sistemática de Carabineros en la región de La Araucanía.
Viernes 8 de febrero de 2019
Durante el transcurso que va entre los años 2011-2017 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado ante el poder judicial un total de 133 causas por vulneración de derechos de niños y niñas Mapuche por parte de Carabineros. Esto en materia legal, puesto que según el mismo INDH es indeterminado el número de casos que no ha conocido la luz publica.
Así es como los discursos del cuidado y la protección de las familias y los menores, se escurren entre los dedos para las comunidades Mapuche, donde se crece desde pequeños con el constante ruido del helicóptero policial, así como con el ardor en los ojos y nariz producto de los gases lacrimógenos, y en última instancia, corriendo por refugiarse de las balas disparadas por Carabineros y sus fuerzas especiales. Diversos son los vídeos que circulan en internet con escenas de violencia por parte de la policía contra familias mapuche en sus casas, así como también en escuelas rurales, donde los pequeños y pequeñas tienen que tirarse al suelo cuando corren las balas y salir arrancando junto con sus profesoras y profesores producto de los gases arrojados hacia sus patios y salas de clase.
Este asedio constante hacia las comunidades mapuche, fundamentado bajo la defensa de la propiedad privada, a la que los grandes grupos económicos como Matte o Angelini han accedido a través de los años con usurpación, se ha desarrollado con total apoyo del Estado Chileno. Lo podemos vislumbrar dentro de los planes del actual gobierno de Piñera, donde hipócritamente, luego del asesinato de Camilo Catrillanca, ha salido con una línea de proponer paz para la zona con su “Plan Araucanía”, en el cual sigue profundizando la entrega de tierras para empresarios, así como poner mano dura con “los terroristas”, todo en función del desarrollo económico de la región. Pues bien, siguen siendo las comunidades mapuche las principales afectadas con la medida, ya que por un lado se sigue promoviendo el saqueo de tierras, asi como la criminalización al pueblo mapuche que resiste y se organiza para recuperar y cuidad sus territorios ancestrales.
Frente a esto, aunque desde el gobierno se haya “sacado” al Comando Jungla, división entrenada en selvas colombianas para combatir al pueblo mapuche, luego del cruento asesinato de Camilo Catrillanca, la política de militarizar la zona sigue intacta, ya que no ha bajado el número de contingente policial en la zona, muy por el contrario, se han llevado adelante cuantiosas inversiones en la modernización de Carabineros, lo que implica mayores arsenales de armamento destinados a proteger en nombre de la propiedad privada a los empresarios forestales y de la agricultura.
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Por la disolución de las Fuerzas Especiales
La represión vivida día a día por parte de las familias que residen dentro de las comunidades Mapuche es ejercida por un grupo concreto dentro de Carabineros: las Fuerzas Especiales y el GOPE. En los distintos gobiernos de la concertación y la derecha han asesinado a mas de 10 comuneros mapuche, crímenes que por si fuera poco han quedado en la mayoría de las veces sin procesados. La presencia constante de estos grupos entrenados para matar, asegura que se siguán generando hechos de violencia donde son niños y sus familias quienes sacan las peores consecuencias, como los 90 perdigones que lleva Brandon Huentecol en su cuerpo luego del disparo, o directamente en el caso de Camilo Catrillanca, la muerte.
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Debido a estos hechos, es urgente luchar por la disolución de las fuerzas especiales, que este grupo entrenado para reprimir –y asesinar- no pueda reprimir las manifestaciones de estudiantes, de mujeres, jubilados y del pueblo mapuche. Esto además de exigir la desmilitarización de la Araucania, una salida de fondo para detener los planes de fuego y sangre a futuro que propone el gobierno de Piñera en la región. Solo estas medidas permitirán que las niñas y niños no lloren más por traumas ejercidos por el Estado de Chile y sus fuerzas represivas.
