Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos de Nación, dijo que es “prerrogativa del juez” conceder las domiciliarias y arguyendo un supuesto “respeto a la sentencia judicial” desligó la responsabilidad del gobierno en esa materia.
Miércoles 24 de agosto de 2016 13:47
En una entrevista para radio Continental, Claudio Avruj dijo que "es prerrogativa del juez conceder las domiciliarias y nosotros consideramos que debemos atenernos al derecho en igualdad de condiciones ante la ley para todos los ciudadanos y habitantes”.
Al ser consultado por el beneficio otorgado a Miguel Osvaldo Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata y ante la preocupación de la familia de Jorge Julio López, respondió que "es una persona (Etchecolatz) de 87 años, y la ley dice que es potestad del juez dictar prisión domiciliaria después de los 70 años del involucrado.” Además, aclaró que "no significa una eximición de la pena, sino que la pena continúa y solo cambia el ámbito de reclusión".
Amparándose en mecanismos legales, Avruj consideró que no era cuestión del Gobierno tomar parte en la decisión sino que debían respetarse “los roles que les caben a cada uno de los diversos estamentos del Estado”. Queda claro que, para el funcionario, son más importantes las cuestiones relacionadas al procedimiento penal y el respeto de la “igualdad ante ley” para los genocidas, algo que se cumple a raja tabla para ellos pero no para los presos por delitos comunes. También minimizó el significado de las domiciliarias, en un contexto donde muchos de los responsables del genocidio se encuentran en avanzada edad y pueden resguardarse en estos fallos testigo.
Teniendo en cuenta la “intervención a nivel político”, el gobierno de Cambiemos está abonando el terreno para conseguir mayor impunidad. Desde las declaraciones de Darío Lopérfido y el mismo Mauricio Macri sobre las cifras de los desaparecidos y la supuesta “guerra sucia” en referencia al genocidio; el intento por imponer nuevamente la teoría de los dos demonios; el avance de la autonomía de las Fuerzas Armadas, son solo algunos hechos que envalentonan a los genocidas a volver a sus casas. Y que tiene su mayor expresión en la cruzada ideológica que se propuso La Nación en su línea editorial a favor de los represores.
Por otro lado, el día de hoy los organismos de Derechos Humanos independientes, organizaciones políticas de izquierda, sindicales y estudiantiles convocan a una movilización en la Ciudad de La Plata para repudiar el fallo y exigir que Etchecolatz cumpla su condena en cárcel común.
En este sentido la querella unificada Justicia YA! presentó la recusación contra el juez subrogante Alejandro Esmoris, quien forma parte del tribunal que dictó la domiciliaria para Etchecolatz hace unos días. Además, la Asociación ex detenidos-desparecidos, Alejandrina Barry y Victoria Moyano del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Fundación Clara Anahí quienes forman parte de la misma, van a realizar un pedido de nulidad y apelación en subsidio respecto de la misma otorgada en el marco de la causa Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes.
