Donald Trump inició los trámites para apelar las medidas judiciales contra su segundo veto migratorio, que prohibe la entrada a ciudadanos de países musulmanes.
Sábado 18 de marzo de 2017
El primer decreto migratorio de Trump, firmado a comienzo de su mandato, suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados de Estados Unidos -o indefinidamente, en el caso de los refugiados sirios- y detenía durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen. El decreto no sólo encontró el rechazo judicial sino que provocó acciones de protesta en las calles y ciudades de todo el país.
Durante la primera semana de marzo, el gobierno presentó un segundo veto migratorio que suspende el programa de refugiados durante 120 días, así como la concesión de visados durante 90 días a seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán). En la lista ya no figura Irak y la restricción no afecta a las personas que ya tienen un visado o residencia permanente.
Sin embargo, a pesar de haberse concebido con la idea de evitar las trabas judiciales que frustraron el primer intento, el nuevo decreto parece seguir el mismo camino ya que inmediatamente encontró la oposición judicial de varios estados del país como Hawái, Maryland Washington, Nueva York, Oregón, Minesota y Massachusetts.
En el estado de Maryland el juez Theodore D. Chuang habilitó el recurso presentado por la Asociación para la Defensa de las Libertades Civiles en Estados Unidos y por grupos que representan a los inmigrantes, refugiados y a sus familias. Esta acción se sumaba a la adoptada por el juez Derrick K. Watson del estado de Hawai.
Los jueces argumentaron que las intenciones de Trump van contra la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense al desfavorecer a ciertos individuos por motivos religiosos. Según el planteo de los jueces la Primera Enmienda establece que el Gobierno debe permanecer neutral entre las religiones o aquellos que no tengan fe y no favorecer o desfavorecer a unos u otros según sus creencias.
Una vez conocidas estas medidas, el presidente Trump declaró que dichas acciones representaban un exceso judicial que hacían que el país pareciera débil. Según informes de agencias, el Departamento de Justicia ya presentó la documentación necesaria para iniciar la apelación en un tribunal federal en Maryland, sentando las bases para una nueva batalla legal en el Tribunal de Apelaciones del cuarto distrito, ubicado en Richmond (Virginia). "El Departamento de Justicia está muy en desacuerdo con el fallo de la corte del distrito federal de Maryland y espera defender la orden ejecutiva del presidente que busca proteger la seguridad de nuestra nación", agregaron sus portavoces.
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La Administraciónd de Trump niega que sea una prohibición contra los musulmanes y vuelve a justificar su accionar discriminatorio con el argumento de prevenir atentados en suelo estadounidense. De persistir el bloqueo judicial, desde el gobierno aseguraron que se llegaría hasta la Corte Suprema si fuera necesario.
