Jueves 30 de octubre de 2014
Las mujeres viven aún inseguras y maltratadas, y es una realidad palpable pese a lo que digan personeros de gobierno, las instituciones públicas y toda la propaganda que gira alrededor de esta ficción llamada “equidad de género”.
¿Por qué digo esto? es algo tan visible que cualquier fémina lo puede estar viviendo en este preciso instante, en múltiples expresiones que recorren desde las más “simples” y naturalizadas a las más agravadas y escandalizadoras.
En esta ocasión no hablaré de la gran cantidad de violaciones en nuestro país; no tocaré el tema alarmante de feminicidios y desapariciones de cientos de mujeres que presenciamos año tras año; y tampoco mencionaré las cifras de muertas por la penalización del aborto en Bolivia, condena impuesta sobre las mujeres más pobres. Esta vez quiero hablar de una particular experiencia en los denominados centros de “ayuda a la mujer” que existen en Bolivia, donde no hacen más que encubrir y disminuir la gravedad de los casos de violencia de género en nuestro país.
Engañosamente, se han presentado diversas evidencias sobre la “mejoría de nuestras instancias de protección”, sin embargo, después de haber atravesado por una situación de urgente denuncia y acudir a un SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), cualquier mujer se termina de convencer que para el Estado boliviano en todas sus instancias nacionales como departamentales, la “agenda de género” no es más que puro proselitismo sin ningún impacto real en la vida de las mujeres que día a día nos enfrentamos a terribles situaciones de maltrato, agresión física, psicológica, acoso sexual, violaciones etc., sin mencionar a aquellas mujeres que sufren discriminación salarial, acoso laboral y tantas otras expresiones de violencia que son producto del sagrado matrimonio pactado por el régimen económico capitalista y la sociedad patriarcal.
Ejemplifico esto con uno de los tantos casos existentes en el departamento de La Paz, así como en toda Bolivia: Se trata de una joven a quien mantendremos como anónima, que se enfrenta a violencia psicológica (lo cual está reconocido como un tipo de violencia y está penado por ley) y maltrato físico, y acude a estos espacios (SLIM, FELCV), y lo único que consiguió es sentirse ignorada y más vulnerable (como si en su trabajo y su casa no fuera suficiente).
Cuando acude a la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) para hacer una denuncia, primero la hacen pasar con el psicólogo de turno, quien se toma su tiempo hasta atenderla (pueden pasar horas); y al momento de entrar y tener una charla de diagnóstico con ella, le dicen que su denuncia puede no ser viable si en la visita del trabajador social a su domicilio alguno de los familiares de la víctima contradicen su testimonio; es evidente que las leyes dan muchas facilidades al victimador pues si éste tiene cómplices dentro del núcleo familiar, la mujer queda sola en esta situación. La “solución” de estas instituciones consiste en “hablarlo civilizadamente”, y la víctima de violencia, sin más que hacer, actúa por lo general bajo dicha recomendación, como si eso solucionara el problema. Esto no es más que un recurso que emplea dicha institución para desentenderse del asunto, lo cual los hace nada más que cómplices del abusador.
Por otro lado, cuando ella se dirige a un SLIM, de igual manera recibe una cita primero con la o él psicólogo de turno que busca a toda costa conciliar la situación de la víctima con su victimador: “no debes pelear ya que ellos se preocupan por ti y buscan sólo tu bienestar”, son palabras de una funcionaria de SLIM a esta joven después de estos sucesivos hechos de violencia (septiembre del 2014). Todos buscan que ella baje la cabeza y siga soportando malos tratos por el hecho de estar frente a una situación que irrumpe con la idea de familia funcional y con el ideal del buen padre que, dentro de su lógica, no sería capaz de dañar a su propia hija. Pues bienvenidos sean al mundo real, donde la violencia machista se aloja constantemente en este núcleo tan “armónico” a ojos sociales.
Sumado a ello, según la experiencia de esta joven, bajo las instrucciones dadas para ser atendida por un forense en la realización de una prueba de maltrato físico, la víctima debe limpiarse primero las heridas, esté en el estado que esté, no importa mucho si se está desangrando o perdiendo la conciencia por alguna contusión; lo que importa es facilitarle el trabajo al o a la forense, sin documentar el estado en que llega la víctima y sin prever que puedan desaparecer las evidentes marcas de agresión, con el argumento de “deben limpiarse pues, si no sólo se ve sangre”.
¿Dónde encuentran justicia las mujeres? De seguro no dentro de esta instituciones. Este es un caso que expone un pequeña parte de lo que enfrentan miles de miles de mujeres que peregrinan detrás de esta justicia selectiva, que se hace accesible para aquellos quienes pueden pagar para acelerar sus procesos, para contratar abogados privados, para demostrar que fueron maltratados y maltratadas, porque bajo el sistema en el que vivimos, capitalista y eminentemente patriarcal, la justicia parece ser una mercancía adquirida con dinero y, todavía con más facilidad, si eres un hombre “hecho derecho”.
Es indignante que por el hecho de ser mujer la vida se torne doble y triplemente más difícil. En este, como en la mayoría de los espacios de esta sociedad, nos enseñan a tener una posición sumisa y mantenernos con la cabeza abajo sin decir nada; una debe ser “toda una dama”, y así nos mantuvieron calladas durante los siglos de siglos... AMÉN (¿de quién?).
Pero sabrán que cada vez que tocan a una, nos organizamos miles.
