La apuesta del gobierno federal del proyecto para construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco, para promover la soberanía energética sobre la base de combustibles fósiles, trae consigo un ataque a las libertades democráticas con la aprobación de la ley garrote.
Viernes 1ro de noviembre de 2019
El proyecto de la refinería de Dos Bocas se presenta como el gran proyecto que impulsa Andrés Manuel López Obrador.
Es la política energética del gobierno de la Cuarta transformación, desde donde buscará la soberanía energética con el procesamiento del crudo en suelo nacional, para disminuir la importación de combustibles como la gasolina o el Diesel.
Para el proyecto se estiman una inversión aproximada de 150 mil millones de pesos. La construcción del proyecto estará a cargo de la mexicana ICA Fluor, la surcoreana Samsung Engineering y la estadounidense KBR. Se espera que para el cierre de este año se empleen 50 mil millones de pesos.
Son tres etapas en las que este proyecto se desarrollará (1. Preparación de sitio 2. Construcción, 3. Operación), desde la adecuación del terreno para la construcción hasta su funcionamiento para el año 2022.
Para la construcción de este proyecto ya se han barrido con más de 270 hectáreas de manglar en la zona, en lo que implica la etapa de adecuación. Un verdadero ecocidio.
Con su operación, se espera que se produzcan millones de barriles diarios en esta refinería entre Gasolina, Diésel, Propileno, Gas licuado, entre otros. Con esto se dejarían de depender de un tercio de las importaciones de combustibles que entran anualmente.
Megaproyectos, consenso y represión
Este gobierno se ha caracterizado por llevar adelante varias propuestas de megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos.
Para esto ha implementado una política para legitimar cada uno de estos proyectos con el impulso de consultas amañadas combinado con la represión de quienes se oponen a estos.
Para este proyecto el gobierno de Morena en el estado de Tabasco tuvo que impulsar la ley garrote. Fue el gobernador del Morena de dicho estado Adán Augusto López Hernández quien impulsó la ley que modifica el código penal para agregar en el artículo 196 sanciones de prisión de 6 a 13 años a quienes los protesten realizando bloqueos parciales o totales a obras públicas o privadas en curso.
El impulso de esta ley fue avalada por el congreso del estado de mayoría morenista y respaldada por AMLO en una de sus conferencias matutinas, negando que ésta atente contra las libertades democráticas, haciendo hincapié en que es necesario acabar con las “extorsiones” a las empresas privadas que estén realizando estos proyectos.
Es evidente que esta ley impulsada por el Morena en el estado de Tabasco busca legitimar la represión frente a un escenario de inestabilidad, para evitar que las ganancias de los empresarios se vean afectadas como ocurrió con el NAICM que tras 16 años de la lucha de Atenco y de represión de los gobiernos anteriores, se logró echar atrás el proyecto de la zona.
El asesinato del luchador y defensor de la tierra Samir Flores, en el marco de la consulta por el PIM, es la muestra de que el plebiscito como medida democrática sólo busca legitimar al gobierno y sus pasos, mientras que por otro lado reprime a la población, entre pueblos originarios y sectores populares, que se oponen a los megaproyectos.
Hay muchos aspectos cuestionables del proyecto de la refinería de Dos Bocas, una de ellas es con qué contradicciones políticas se está implementando.
La ley garrote es el ejemplo de cómo imponer megaproyectos cercenando las libertades democráticas de la población que se oponen a ellos.
Para la organización Amnistía Internacional con esta ley se pone en riesgo la libertad de expresión y se avanza criminalización de los derechos humanos.
Los megaproyectos son expresión de que la expoliación de los recursos naturales y el medio ambiente, como en el caso de la refinería de Dos bocas, es parte de la política del gobierno de la cuarta transformación. Esta va acompañada de la represión de quien se oponga.
Para enfrentar esto es importante la unidad de los sectores que hoy están en lucha contra los megaproyectos con los trabajadores del sector energético para echar abajo la ley garrote en el estado de Tabasco por medio de la movilización en las calles.
Esto en perspectiva de avanzar en el cuestionamiento, de los megaproyectos y cómo organizar la producción de las necesidades de la mayoría de la población y no de los intereses de los empresarios.
Por eso, desde la Agrupación Juvenil Anticapitalista gritamos ¡Basta de proyectos de muerte! ¡Alto al despojo y a la represión contra las defensores del territorio!