Nuevo golpe a la libertad de expresión. La Audiencia Nacional hace pública la sentencia con la que condena a dos años de cárcel al rapero Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.
Viernes 2 de marzo de 2018
El rapero Pablo Hasel ha sido condenado por la Audiencia Nacional a dos años y un día de cárcel y a pagar una multa de 24.300 euros por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pablo Hasel ya fue condenado a dos años de cárcel por el Tribunal Supremo también por el delito de enaltecimiento del terrorismo por varias de sus canciones en 2015.
Tras conocer la sentencia, el artista ha expresado en twitter su opinión, dejando clara la imparcialidad de la justicia algo que en los últimos años viene quedando bastante explícito.
Por esta canción y otras iré preso 5 años con todo sumado. Si hubiera dicho que catalanes, inmigrantes, antifascistas u homosexuales, merecen bombas, estaría protegido por los jueces fascistas que me han condenado. https://t.co/ObZrQrg8Un
— Pablo Hasel (@PabloHasel) 2 de marzo de 2018
Giro represivo
La persecución judicial a artistas, cantantes, sindicalistas y activistas sociales y políticos que viene desarrollándose desde hace años responde al giro represivo que, como en el caso de Pablo Hasel, trata de acallar cualquier voz crítica con el régimen. El caso de los Títeres desde abajo, aunque no fue el primero, pero si fue el que mediáticamente expresó por primera vez la situación de giro represivo dirigida por el gobierno del PP y que cuenta con la complicidad y apoyo de jueces y fiscales. Un clima de coacción a la libertad de expresión en el Estado español en el que viene profundizándose desde hace unos años.
No podemos decir que la represión es algo nuevo en el Estado español. La represión es una práctica propia del sistema capitalista y los regímenes que lo sustentan, pero lo cierto es que se ha profundizado en los últimos años en una política de mano dura. Desde que la juventud, los trabajadores y demás sectores populares irrumpieron contra este Régimen político, el gobierno del PP ha desplegado una campaña represiva y de criminalización que debemos enfrentar.
Cantantes como César Strawberry, Valtonyc, o los integrantes de La Insurgencia, por nombrar algunos de los casos más mediáticos, han sufrido condenas o juicios por canciones o comentarios en redes sociales en los últimos meses.
Pero los raperos no son los únicos, nadie se escapa a la escalada represiva ni al banquillo de la Audiencia Nacional. El periodismo alternativo también ha sido objeto de esta mano dura y coacción. Nombres como Boro, periodista de La Haine acusado del mismo modo de “enaltecimiento del terrorismo” seguro nos suenan por su paso por la Audiencia.
Tuiteros como Cassandra, absuelta recientemente por el Tribunal Supremo, pero quién fue condenada la propia Audiencia o Alfredo Ramírez, el primer tuitero en entrar a prisión engrosan la lista de críticos, que en la mayoría de los casos se enfrentaron al régimen con la letal arma del humor.
La lista continúa y el gobierno no se olvida de perseguir a otros muchos activistas y militantes. Muchos de ellos perseguidos, detenidos y encarcelados simplemente por formar parte de colectivos y organizaciones de izquierda. Alfon, Andrés Bódalo, Pablo, Jorge e Iñaki, los detenidos en la huelga del 14N, e imposible no nombrar el caso de los jóvenes de Alsasua, o el caso reciente del Secretario General de la CGT de Catalunya Ermengol Gassiot, son algunos de los casos más destacados pero que tan solo encabezan una larga lista de acusados, condenados y perseguidos. Decenas de trabajadores, sindicalistas y activistas, que simplemente por defender sus derechos son perseguidos, especialmente cuando es el derecho de huelga.
Jueces y fiscales parecen tener un rasero con dos caras bastante opuestas. Mientras condenan a años de prisión a los que expresan su opinión sobre la Corona, la unidad “inquebrantable” de España y el régimen heredado del franquismo, tocan al mismo tiempo con terciopelo a políticos corruptos, empresarios y banqueros que de forma más que probada llevaban décadas robando dinero público.
Ante este intento por silenciar las críticas a este régimen y el sistema que defiende, los sindicatos y las organizaciones sociales y políticas que se definen mínimamente democráticas no pueden permanecer expectantes y pasivas ante esta situación. Debe de haber un llamamiento a movilizaciones y acciones frente a estos más que graves ataques a los derechos fundamentales y a la libertad de expresión. Debemos responder este ataque desde las calles, los centros de trabajo y de estudio hasta lograr el fin de todos los procesos y la libertad de todos los presos políticos.
