El 2 de agosto de 2018, la infraestructura decadente de la escuela 49 de Moreno produjo una explosión que se llevó la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez. Estaban preparando el desayuno para las y los estudiantes. Nadie se hizo cargo.
Domingo 2 de agosto de 2020 00:30
Imagen de portada: La vaca. org
Sandra y Rubén habían ido temprano para garantizar que los pibes pudieran tener su mate cocido caliente cuando entraran a la escuela, como hacían cotidianamente, sosteniendo la educación pública a pulmón.
Cuando nos enteramos del crimen social de Moreno muchas y muchos de nosotros estábamos trabajando en nuestras escuelas y nos llenamos de odio, bronca y tristeza al conocer la noticia.
La denuncia por la existencia de una fuga de gas en la institución había sido realizada por lo menos en 8 ocasiones. La muerte de Sandra y Rubén fue un crimen social que destapó la aguda crisis que atraviesa la educación pública desde hace décadas. Responsabilidad estatal y años de desinversión educativa.
La explosión podría haber sido evitada si las autoridades provinciales con la ex gobernadora Maria Eugenia Vidal a la cabeza, el entonces ministro de educación Sanchez Zinny y el municipio de Moreno –dirigido por el kirchnerista Walter Festa- hubiera actuado.
Mañana se cumplen 2 años del crimen social de Moreno. La desinversion educativa de todos los gobiernos se llevó la vida de #SandrayRuben Son una bandera de lucha por la educación pública y hoy de que las prioridades sean las mayorías populares. #LasVidasTrabajadorasImportan pic.twitter.com/FZpOlwa37B
— Nathalia Gonzalez (@NathiGonzalezS) August 1, 2020
La bronca inundó las calles de Moreno y otras ciudades de la provincia. Miles de trabajadoras y trabajadores de la educación, estudiantes de todos los niveles, vecinos junto a organizaciones políticas nos movilizamos reclamando justicia.
Escuelas Cromagnon
En los días que siguieron a ese 2 de agosto, se multiplicaron las marchas, los frazadazos, los reclamos de cada escuela, cada distrito. Se visibilizó lo que cada gobierno de turno quiso tapar: las escuelas rotas, el riesgo cotidiano, las aulas Cromagnon.
En el distrito de Moreno y en otros lugares de la provincia transcurrieron días y meses antes de que retornaran las clases en muchas escuelas. Los arreglos prometidos se hicieron lentos y en muchos casos incompletos. María Eugenia Vidal, que se había llenado la boca diciendo que “por culpa de los paros se pierden días de clase”, en esta ocasión no pareció importarle que miles de estudiantes no pudieran asistir a las escuelas por su propia responsabilidad.
Los que caminamos a diario las escuelas siempre supimos que se perdían decenas de días de clase a causa de los graves problemas estructurales que sufren las escuelas. Los carteles en las puertas de los colegios anunciando que no hay clase por falta de luz o de agua fueron postales comunes en el territorio bonaerense, previo a la pandemia.
Se cumplen 2 años del crimen social de Moreno, un crimen que aún está impune y por el que seguimos pidiendo justicia. Los responsables tienen nombre y apellido: María E. Vidal, Sánchez Zinny, Walter Festa y la desinversión de todos los gobiernos. Justicia para Sandra y Rubén! pic.twitter.com/MnwyFeL12r
— C. Dellecarbonara (@Claubonara) August 1, 2020
El estado calamitoso de miles de establecimientos educativos de la provincia que viene desde los noventa, pasando por los gobiernos de Scioli y Vidal, no fue ni es una novedad ni para los trabajadores de la educación, ni para los estudiantes, ni para las familias. Hay un sistema educativo provincializado , que fue la base de la desinversión en educación pública y que fue mantenida por todos los gobiernos, incluso con la Ley de Educación Nacional del 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
En este 2020 solo hubo dos semanas de clases, previo a la cuarentena. En esos días se evidenciaron que las escuelas seguían igual, sin muchos cambios ni mejoras con respecto a la infraestructura. Sin ir más lejos y a pocas cuadras de donde Kicillof hacía el discurso inaugural de las sesiones legislativas, la comunidad educativa del Normal 1 denunciaba graves problemas en el edificio.
Mientras se siguen destinando millones para pagar una deuda ilegal e ilegítima y el gobierno subsidia mediante el programa ATP a grandes empresas privadas como Techint, Ledesma, entre otras, paga millonarios aportes a la educación privada y confesional vemos como las escuelas públicas se vienen abajo.
Hoy se discute la vuelta a clases post pandemia. El gobierno nacional y las conducciones de todos los sindicatos docentes aprobaron un protocolo Marco imposible de aplicar.
En el acuerdo paritario 2019 con el gobierno de la provincia de Buenos Aires se incluyeron los 12 puntos de infraestructura de Escuelas seguras, que toman en cuenta las recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ninguna de ellas se cumplió en su totalidad.
Es necesario un aumento de presupuesto educativo
Hoy más que nunca es necesario un aumento de presupuesto educativo para poner en condiciones las escuelas y aumentos salariales para las y los trabajadores de la educación, que desde hace años sufren el desfinanciamiento educativo, gobierno tras gobierno.
La educación post pandemia no puede pensarse por fuera de un aumento significativo de la inversión en la educación pública, teniendo en cuenta que se debe reducir la cantidad de estudiantes por aula en todos los niveles, y eso demandará mayor construcción de escuelas y de cargos. En principio, la implementación de las medidas que se plantean en el “Protocolo Marco” deben ser garantizadas por la inversión del Estado nacional que cuenta con los mayores recursos.
Las centrales sindicales, empezando por Ctera y Suteba, deben convocar de manera urgente a la docencia de todo el país a debatir para resolver medidas frente a esta problemática que parta de exigir el aumento del presupuesto en base a afectar los intereses de los que más tienen, como también que la “dualidad” planteada en el “Protocolo Marco” no recaiga en mayor trabajo y se respete la carga horaria de cada trabajador/a de la educación.
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A su vez es necesario conformar comisiones de seguridad e higiene en cada escuela, compuestas por docentes, auxiliares, familias y estudiantes, para defender nuestra salud y la de las familias. Comisiones que ayuden a la organización de la comunidad educativa para exigir que se cumplan todas las condiciones necesarias y protocolos para volver a la presencialidad de manera segura y que tengan poder de decisión para suspender las actividades y cerrar las escuelas en caso de que las autoridades no garanticen los elementos y condiciones necesarias para el desarrollo presencial de las clases.