“Los actos de la compañía Standard Oil [hoy Chevron] son juzgados en todas partes como actos de piratas, usurarios, despiadados, capitaneados por un ex sacristán que empezó por llevar la ruina y la desolación a millares de familias de sus propios conciudadanos que, como el pulpo, ha extendido sus tentáculos a todas partes”. Luis A. Huergo, primer director de la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, citado por R. Scalabrini Ortíz en “El petróleo argentino”, {Cuadernos de FORJA}, Bs. As., 1938.

La apuesta del gobierno nacional y el gobierno provincial de Neuquén por la explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta plantea la posibilidad de un salto en la producción que revierta la tendencia declinante que no se frenó con la “expropiación” de YPF. Para este declarado objetivo el convenio firmado el 16/7 otorga concesiones formidables a la empresa estadounidense Chevron, y le asegura un negocio redondo y amplio giro de dólares.

Del autoabastecimiento a la importación de gas

Cuando se privatiza YPF en 1992, se la transforma en una sociedad anónima; el Estado conserva el 20% de las acciones y la acción de oro, un 12% tendrán las provincias y un 46% bancos y fondos de inversión de diversos países. Hasta el 97/98 estos grupos le fueron vendiendo las acciones a Repsol, que se fue haciendo de a poco de la totalidad de las acciones, comprando el 15% que retenía el Estado en 1998.

Desde la privatización hasta mediados de la década pasada, las empresas que se hicieron cargo de lo que era YPF explotaron intensamente los yacimientos ya descubiertos por la empresa estatal sin inversión en exploración, por lo que los yacimientos decayeron en su producción. Privilegiaron la exportación y obtención de utilidades en el corto plazo en detrimento del desarrollo de las capacidades de explotación a largo plazo. Al hacerse del 100% de las acciones (excepto la acción de oro que retenía el Estado Nacional, nunca utilizada), la política de Repsol fue exportar todo el petróleo que podía, incluso cuando el precio estaba bajo, ya que necesitaba pagar los préstamos contraídos para comprar YPF [1].

Desde 1989 Argentina se autoabastecía y también exportaba. A medida que va disminuyendo la producción y aumentando el consumo (el boom de productos agrarios y el crecimiento del parque automotor hacen aumentar exponencialmente el consumo de combustibles) cada vez se exporta menos. Porque el remanente es menor, pero también porque las retenciones desincentivan la exportación de crudo. También se acelera la tendencia declinante de la propia producción porque la perspectiva de rentabilidad posible en el mercado interno limita aún más las ya de por sí escasas inversiones. Esto no significa de ningún modo que la rentabilidad que ofrece la actividad con retenciones sea reducida, como lo ilustran los buenos balances de las empresas desde 2002 en adelante, tanto las que venden al mercado interno como de Pan American Energy (PAE) que mantuvo sus exportaciones. Significa que para algunas petroleras con posiciones globales un dólar invertido en otro lado les rinde más que un dólar invertido acá, por lo tanto reducen las inversiones en el país. Repsol por ejemplo giraba remesas a la casa matriz en un 100% para privilegiar inversiones en Libia, el golfo de México y Brasil.

En lo que respecta al gas, las importaciones, que durante la última década crecieron sostenidamente, a partir de 2008 superan las exportaciones (en este año mientras se exporta 1.010 millones de m3 (mm3), se importa 1.450 mm3. Argentina pasa a ser importador neto de gas (en 2012 se exporta 107 mm3 y se importa 9.506 mm3). Así empezamos a importar energía, especialmente gas (sobre todo para las centrales térmicas que producen el 58% de la energía eléctrica, que se completa con un 35% de hidroelectricidad y un 5% de energía nuclear).

En lo que respecta al petróleo se pasó de producir 49 millones de m3 a fines de los ‘90 a 33 millones en 2012; mientras que el gas pasó de una producción de 52.000 millones de m3 en 2004 a 44.000 millones m3 en 2012, con el agravante de que el gas representa más del 50% de la matriz energética (al ser más barato siempre se ha utilizado en la Argentina para cubrir los déficits de las otras fuentes de energía).

Si bien el gas importado representa solamente el 18% del consumo nacional, la importación se paga a un precio altísimo. El gas natural licuado (GNL) tiene un costo de traslado e inyección en los gasoductos de u$S 17 el millón de BTU (unidad energética con la que se cotiza el precio del gas, en adelante mbtu), mientras en el país el precio es de u$S 2,5 el mbtu. Estas importaciones representaron un gasto para el Estado nacional de u$S 2.500 millones durante los primeros cinco meses de este año, que son 80% superior al mismo periodo del año anterior (Suplemento Económico del diario Río Negro, 23-06-13).

Energía Argentina S.A. (Enarsa), empresa creada en 2004 con el declarado objetivo de explorar nuevas áreas y que hoy tiene como rol casi excluyente licitar y comprar gas del exterior y revenderlo en el mercado interno, es la que se hace cargo de pagar la diferencia entre el precio interno y el que se paga a los proveedores. También ingresa gas de la petrolera semi-estatal de Bolivia a 10,5 u$s el mbtu. Acá también la diferencia con el valor local la cubre Enarsa. En este contexto, la importación total de energía (gas licuado, gas desde Bolivia y gasoil y fuel oil desde Venezuela, más algunas licitaciones ocasionales en casos de urgencia) pasó de u$S 6.000 millones en 2011 a u$S 9.500 millones en 2012 y este año va superar los u$S 15.000 millones.

Para el Estado, que subsidia el 80%, implica una erogación similar a la sangría por el pago de la deuda externa. Aparte del problema fiscal, la salida de dólares absorbe buena parte de las ventas externas de soja y otros granos. Aparece en el horizonte el fantasma de que el crecimiento económico vuelva a verse limitado por insuficiencia de dólares como en otros momentos de la historia argentina.

De la “expropiación” de Repsol al acuerdo con Chevron

Después de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en 2012, la puesta en producción de pozos que la empresa española había abandonado permitió una mínima reversión de la tendencia negativa de la producción de petróleo, registrada desde el ‘99, a un crecimiento casi insignificante del 2% con respecto a la producción de 2011. En la producción de gas YPF sigue en caída: disminuye un 2,62% respecto de 2011. De todos modos, incluso la “mejora” en el petróleo tiene un impacto limitado. Como YPF sólo representa un tercio de la producción de petróleo y un cuarto de la de gas y como el resto de las empresas tuvieron una performance negativa, la tendencia decreciente de hidrocarburos sigue casi al mismo nivel de años anteriores. Debido a que los yacimientos están “maduros” por la superexplotación que mencionamos antes y a que la exploración de nuevos yacimientos prácticamente se detuvo con la privatización de la YPF estatal, no se generaron condiciones para cambiar la tendencia.

Al defender las ganancias de las petroleras y negarse al desarrollo de energías renovables que van en contra del esquema de negocios de las empresas, la apuesta por los yacimientos no convencionales es la única alternativa que le queda al gobierno para seguir motorizando los negocios con los recursos hidrocarburíferos localizados en el país. Por este motivo, YPF selló el acuerdo con Chevron y más en general desde el comienzo se planteó la “expropiación” como un paso hacia nuevas asociaciones con capitales extranjeros.

Chevron: el “estatuto de coloniaje” del gobierno “nacional y popular”

Partiendo de las nuevas condiciones para la explotación de hidrocarburos del decreto 929/13, el acuerdo entre YPF y la petrolera norteamericana incluye cinco aspectos claves que esta empresa logró imponer contra toda retórica nacionalista.

En primer lugar, se cedió a la demanda de triplicar el precio del gas en boca de pozo, de 2,5 u$s el millón de BTU (dmbtu) a 7,5 dmbtu, lo cual se había anunciado en noviembre de 2012. En segundo lugar, se destrabó el embargo por los graves daños ambientales ocasionados por Chevron en el Amazonas ecuatoriano valuados en u$s 19.000 millones, con los oficios de la Corte Suprema. En tercer lugar, las empresas pueden exportar el 20% de la producción, sin retenciones y con libre disponibilidad del 100% de las divisas para enviar a la casa matriz. En caso de que las empresas tuvieran que vender ese 20% en el mercado interno, el Estado nacional les garantizará las mismas condiciones como si lo hubieran exportado. Todo bajo jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos y Francia.

Por último, las máquinas utilizadas para la perforación que representan un gran porcentaje de la inversión podrán importarse sin aranceles. Que estas concesiones comiencen a regir a partir de los cinco años de la puesta en marcha del proyecto de explotación, no hace la diferencia. Veamos por qué. La empresa iniciará una explotación de 20 km2, en la cual YPF ya invirtió u$s 300 millones. En esta área YPF ya tiene perforados 90 pozos de shale. Luego de que la provincia de Neuquén renovase la concesión, Chevron desembolsaría los u$s 300 millones correspondientes a lo ya invertido por YPF. Posteriormente y con una inversión total de u$s 1.240 millones, continuaría la actividad de perforación para lograr en 2017 una producción de 50.000 barriles de petróleo y 3 millones de m3 de gas natural asociado diarios. Parece mucho, pero sólo representa un aumento del 10% en la producción de petróleo y 3% de gas.

Como ya lo decretó el gobernador Sapag, la concesión se extenderá hasta los 35 años, incluso sobrepasando lo que marca la ley de Hidrocarburos. Hagamos algunos cálculos de lo que esto puede representar para la petrolera yanqui, tomando los valores actuales como constantes (lo mismo los costos). Hoy el precio interno ronda los u$s 70 por barril. Con la producción prevista para 2017, solamente ese año Chevron e YPF estarían facturando u$s 1.567,5 millones, de los cuales u$s 1.277,5 millones serán por el petróleo y 290 millones por el gas. En el caso del gas, tomamos como referencia el valor de 7,5 dmbtu. Dado que 1.000 m3 equivalen a 35,32 mbtu, multiplicamos por el valor de referencia, por los 365 días del año y por la producción diaria prevista por YPF. En el caso del petróleo, si consideramos que durante el quinto año un 20% será vendido a precio internacional, ya sea que se exporte o que se pague en el país a ese valor. Es decir que la facturación total por el petróleo crecería a u$s 1.423,5 millones, sumando la de gas a u$s 1.713,57 millones.

¿Cuánto ganaría Chevron con esto? Según datos de Repsol en noviembre de 2011, el costo del barril de Vaca Muerta sería de u$s 26 (La Mañana de Neuquén, 11-11-11). En cuanto al gas, se considera que el costo es de 1 dmbtu, y el shale es un 40% mayor (La Nación, 15-04-11). Para la producción diaria de 50.000 barriles de petróleo y 3 mm3 de gas, el costo sería de u$s 474.500.000 y de u$s 53.655.000 respectivamente. Es decir que sumaría u$s 528.155.000.

Considerando la facturación total calculada más arriba, esto significa que al quinto año, con un 20% vendido a precios internacionales sin retención el margen sobre ventas sería de u$s 1.185.410.000. Aún en el caso de que Chevron se lleve “solo” la mitad de las ganancias (si se reparten 50/50 con YPF) su resultado neto sería de u$s 592.705.000 para el año 2017. A valores de hoy, y contando que el resultado de la operación se divida a valores iguales, esta estimación sugiere que en el quinto año Chevron podría embolsar un 48% de la inversión anunciada, es decir u$s 593 millones.

A su vez, por lo estipulado en el decreto, a precios de hoy el valor de divisas de libre disponibilidad sería de u$s 401,5 millones. Es decir el equivalente al 34% de las ganancias totales de la asociación. Pero no puede descartarse que Chevron se quede con el 20% exportable, por lo que las divisas que podría remitir a su casa matriz podrían llegar al 68% de sus ganancias. Lo que puede fugar al exterior es “solo” el 20% de la producción, pero como porcentaje de las ganancias no es nada desdeñable. Por eso, el vocero de Chevron, Kurt Glaubitz, declaró que con el convenio “nos da tranquilidad para remitir ganancias por arriba de lo reinvertido” (Diario Río Negro, 21-07-13).

Chevron podría recuperar holgadamente lo invertido, solamente con 25 meses de producción y desde ahí, tendría 30 años para seguir haciendo negocios con los recursos argentinos todavía en mejores condiciones, haciendo un negocio formidable. Esto es lo que explica que aunque es la empresa petrolera que más retrocedió en los niveles de producción entre 2011 y 2012 en nuestro país, ahora tenga un repentino entusiasmo por “invertir” en la Argentina.

El fracking y sus consecuencias

El método del fracking se utiliza para extraer el gas y petróleo de gruesas capas de rocas metamórficas como las pizarras o los esquistos, cuya porosidad es casi nula. La extracción se realiza través de pozos verticales que llegan hasta la roca y luego una perforación horizontal que puede extenderse hasta una distancia de 3.000 metros. Para abrirse paso entre las láminas de la roca se inyectan grandes cantidades de agua y arena a muy alta presión. A lo largo del recorrido horizontal se inyectan detonantes explosivos que permiten la fractura de la roca para que libere el petróleo y gas pero además se inyecta un cóctel de productos químicos (según algunos estudios serían unos 400) que permiten que los hidrocarburos fluyan y puedan ser elevados a la superficie.

A nivel internacional, bajo presión de las movilizaciones de distintos movimientos defensores del medioambiente, en Francia (a pesar de ser un gran importador de energía y tener los mayores yacimientos de Europa), Holanda, Irlanda del Norte y Bulgaria se prohibió el fracking, así como en diversos ayuntamientos españoles y gobiernos regionales como los de Renania del Norte-Westfalia en Alemania, Friburgo en Suiza, Quebec en Canadá, Nueva Gales del Sur en Australia y cuatro estados de EE. UU., tienen en vigor una prohibición o aplican una moratoria sobre el fracking.

Contra todos los antecedentes, el gobierno nacional y el provincial de Jorge Sapag minimizan el impacto del fracking, planteando por ejemplo que en lugar de 400 o 600 productos químicos, se utilizan solamente 22, aunque nunca dicen cuáles son, niegan que se contaminen las napas con argumentos insostenibles como que la fractura se haría a 3.000 mts de profundidad y las napas están a 100, cuando es patente que aún el petróleo convencional contamina las napas, tanto por filtraciones del pozo como por la deposición final en piletas de lodo, y la técnica de extracción es mucho menos agresiva que la utilizada en el fracking.

En el caso de Vaca Muerta, la capa a ser fracturada es de entre 100 y 300 metros de grosor o altura. La inyección de agua para un solo pozo, se calcula según las mismas petroleras en unos 20.000 m3 de agua, consumo que contrasta con la escasez a la que están sometidas las comunidades en zonas áridas o de baja disponibilidad hídrica.

Aunque la cantidad de agua no sería desequilibrante en relación con el caudal del Río Neuquén que abastecería estos acueductos, sí genera grandes interrogantes en torno a qué se va a hacer con el agua que se recupera (entre el 70% al 80% de la inyectada), ya que no sólo tiene residuos de hidrocarburos sino también la mezcla de compuestos químicos, la mayoría altamente cancerígenos.

Por fuera de los fríos números, la muerte de Cristina Lincopán, referente del “anti fracking” en Neuquén, en marzo de 2013 en la comunidad Gelay Co, en la que se inauguró el primer pozo con utilización de fracking en la provincia, a causa de enfermedades derivadas de los altos niveles de metales pesados en la sangre, demuestra que las denuncias que se realizan contra el fracking son irrefutables.

¿Existe una solución?

La carencia de tecnología y capital para la explotación no convencional es la justificación gubernamental para este acuerdo leonino. Pero, aún en el caso de que avanzar en esta explotación fuese deseable –que como ya hemos visto no es el caso– los recursos pueden obtenerse de la apropiación íntegra de la renta hidrocarburífera. Por eso, la clase trabajadora y los sectores populares tenemos que exigir la anulación del acuerdo con Chevron y la prohibición del fracking. La expropiación y estatización sin pago de todo el complejo petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a producción bajo control de sus propios trabajadores y con participación de los habitantes de sectores afectados, como las comunidades mapuches y la creación de impuestos específicos a las grandes fortunas (y a otras rentas como la agraria), crearían condiciones para acuerdos de transferencia tecnológica desde otra posición de fuerza.

Lo opuesto a este nuevo pacto de dependencia. Si bien esto no solucionaría la tendencia histórica decreciente de la producción de petróleo y gas, ni la tensión entre “desarrollo” y costos ambientales, permitiría una administración de los recursos más compatible con el cuidado ambiental y orientada realmente al servicio de las necesidades populares y no de la ganancia capitalista.

Los recursos de la renta petrolífera y gasífera podrían volcarse a la realización de medidas tendientes a un cambio en el esquema de consumo de energía, especialmente la reconstitución de la red ferroviaria nacional que permitiría reducir drásticamente el consumo de gasoil que implica la actual utilización de las flotas de camiones para el transporte de toda clase de mercancías. Un desarrollo eficiente del trasporte público de pasajeros (tanto de colectivos como subterráneos e incluso el tren urbano e interurbano) iría en el mismo sentido.

El desarrollo de fuentes de energía complementarias, como la energía solar térmica o la energía eólica, de la que la Argentina, en especial por la región patagónica, cuenta con uno de los potenciales más grandes a nivel mundial para su desarrollo, además de que es una energía rápida (en un año se puede construir un parque eólico mientras una central nuclear lleva seis o siete años), no requiere tanta tecnología y en el largo plazo resulta más barata que las otras formas de energía.

Además hay un gran potencial de energía desaprovechada como las microcentrales hidroeléctricas y el aprovechamiento de residuos agrarios e industriales como biomasa combustible. La implementación del conjunto de estas medidas es impensable dentro de los marcos del capitalismo semicolonial argentino, que garantiza los negocios del lobby petrolero por sobre el interés nacional, por lo que están indisolublemente ligadas a la lucha por un gobierno de la clase trabajadora, que es la clase que en grandes extensiones de nuestro país no cuenta siquiera con gas natural, ya que el 40% de la población no posee red domiciliaria y paga el gas envasado a precios 6 veces más que las empresas.

Bibliografía y fuentes de consulta
• Exploración y Producción de Hidrocarburos, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Buenos Aires, 2013.
• El Inversor Energético y Minero, www.elinversorenergetico.com.ar, informes varios, 20008/2013.
• Web oficial de YPF www.ypf.com.
• Saqueo petrolero, NPEL, Ediciones IPS, 2006.

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El Frente de Izquierda en la legislatura neuquina: denuncia de Raúl Godoy

UNA VOZ CONTRA CHEVRON

Como es costumbre en los convenios firmados entre Estados y empresas, numerosos detalles del acuerdo de Chevron e YPF se mantienen en el más estricto secreto. A tal punto es así que en Neuquén, la provincia donde se van a realizar las actividades, se envía a la legislatura el convenio provincial para dar el visto bueno sin hacer público lo firmado por YPF y la petrolera yanqui.

Como denunció Raúl Godoy, dirigente del PTS y diputado provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, desde el oficialismo provincial se entregó a los diputados el texto de un acta acuerdo suscripta el 24/7 entre YPF y el Ministerio de Energía y Servicios Públicos de la provincia, que ni siquiera menciona a Chevron.

El gobierno de Sapag se apuró a ratificar el acuerdo extendiendo las concesiones que tiene YPF en la zona que queda especificada como “Loma de la Lata Norte”. El negocio de Chevron queda garantizado nada menos que hasta 2048. Con sólo desembolsar u$s 1.240 millones y prometer la posibilidad de extender la inversión a u$s 16.000 millones, “sujeto a los resultados del programa piloto”, se garantiza a Chevron –sin siquiera mencionarla en el convenio entre YPF y Neuquén– un lucro formidable. A cambio de un 5% de las utilidades después de impuestos que correspondan de este proyecto a YPF (que no sabemos cómo se repartirán al desconocer el convenio), la provincia compromete no aumentar las regalías ni imponer ningún canon extraordinario, ni aumentar la alícuota de ingresos brutos. El secretismo es lo más natural para los empresarios y sus representantes políticos. Se justifica para preservar los intereses económicos de las empresas ante la competencia, aún cuando como planteaba Trotsky en El programa de transición “los trusts no tienen secretos entre sí. El secreto comercial de la época actual es un constante complot del capital monopolizador contra la sociedad”. Por eso, nada más justo que la exigencia de la banca neuquina de que se explicite en qué consisten las cláusulas secretas con esta multinacional norteamericana, la que ha sido condenada por daño ambiental en Ecuador y distintas partes del mundo.

El gobierno nacional, y el provincial, le siguen ocultando al pueblo, las verdaderas “condiciones” de Chevron. La banca del FIT se pronunció contra el acuerdo presentado por el MPN para aprobar en trámite express en la legislatura provincial y sigue convocando a movilizar para anular este convenio de entrega a la petrolera yanqui.