Cuando el año pasado el decreto 1.277 reglamentó el “Nuevo régimen de Soberanía Hidrocarburífera”, que ponía fin a la libre fijación de precios, bonificaciones, volúmenes de exportación y de disponibilidad de divisas por parte de las empresas, no faltaron quienes desde el oficialismo fantasearon con los maravillosos cambios que desencadenaría. Un año después, cualquier ilusión de cambios significativos se estrelló contra las condiciones que enmarcan el acuerdo con Chevron.