Consumos problemáticos. Drogas y reducción de daños: derecho a la salud versus sobredosis de moralina

¿De qué hablamos cuando hablamos de reducción de daños en cuanto al uso de drogas? Es simple: aplicar programas que busquen disminuir los efectos no deseados de ciertas sustancias, tanto ilegales como legales, es decir, la disminución de riesgos y daños tanto de su uso como de sus formas de administración, se trate de consumos sostenidos en el tiempo u ocasionales.

En Argentina la reducción de daños continúa siendo tabú: sobran los profesionales de la salud y comunicadores sociales que afirman que dicho concepto significa “enseñar a drogarse”. En paralelo, en muchos países europeos, el propio Estados Unidos -donde en 1971 el entonces presidente Richard Nixon inició la “Guerra contra las drogas”-, Uruguay, México y Colombia, entre otros, se aplican políticas que ponen en jaque paradigmas como la estigmatización y criminalización del usuario de sustancias y bregan por abordajes de esta problemática ya no desde la esfera punitiva sino desde el ámbito de la salud.

“Para bien o para mal, las drogas lícitas e ilícitas hacen parte de este mundo y la reducción de daños elige trabajar para reducir sus efectos dañosos en vez de simplemente ignorarlos o condenarlos”, reza un documento de 2002 de la Coalición Internacional de Reducción de Daños. Incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya ha manifestado que el prohibicionismo es “pernicioso para la salud pública” y que “la guerra contra las drogas ha fracasado” ya que “se ha convertido en una guerra contra las personas”.

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El periodista Emilio Ruchansky, autor del libro Un mundo con drogas, recorrió durante varios años diversos países para plasmar en su trabajo las experiencias en políticas de reducción de daños que se han aplicado y se aplican a nivel internacional. En su texto da cuenta de que, ya a mediados de la década de 1920, en Inglaterra se empleó el término“reducción de daños” para referirse a modelos alternativos a la abstinencia para abordar lo que hoy se denomina consumo problemático. Ya en los 80 Inglaterra y Países Bajos abrieron los primeros centros de distribución e intercambio de agujas y jeringas como respuesta al avance del VIH.

Años después, Países Bajos permitió la venta y consumo de cannabis en locales gastronómicos denominados coffee shops, una medida antiprohibicionista que permitió a los usuarios de la planta alejarse del mercado clandestino, lo que redunda en la no exposición a otras sustancias más dañinas ofrecidas por el narcotráfico.

Ruchansky destaca que “en algunos países como España, Suiza y Holanda cada vez son más los empresarios y empresarias de la noche, por así decirlo, que se han dado cuenta de que el control de sustancias es un servicio muy importante” por lo que “poder testearlas en las fiestas es vital”, y que incluso en Suiza se realizan testeos diferidos de pastillas en lugares donde se usan cromatógrafos para analizarlas y te entregan un ticket con todo lo que contiene”.

Es entonces cuando en muchas partes del mundo, también en Argentina, es válido volver a preguntarse: ¿De qué hablamos cuando hablamos de reducción de daños?

¿Sos cheto? Bancátela

En abril de 2016 el festival Time Warp realizado en Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires, dejó como saldo cinco muertes por consumo de pastillas de MDMA (más conocido como éxtasis). ¿Qué habría ocurrido si las víctimas hubiesen podido acceder a información sobre cómo evitar o al menos disminuir los riesgos asociados al consumo de dicha droga de síntesis?

Las autoridades prohiben el testeo de pastillas a través del Test de Marquis (reactivos que brindan información sobre si una pastilla está adulterada), pero hacen la vista gorda ante las irregularidades que presentan muchos de los espacios en que se realizan festivales, principalmente de música electrónica. Claro, la música no mata. Y la información salva vidas. La codicia empresarial está en las antípodas de lo expuesto; los datos empíricos, las causas judiciales, permiten descreer de su interés por la salud de quienes asisten a sus fiestas, quienes llenan sus bolsillos de plata, convulsiones y familias destrozadas.

Patricio Liddle, miembro de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), que en 2000 llevó adelante el primer dispositivo de testeo de sustancias en Latinoamérica en una fiesta nocturna empleando el reactivo de Marquis para detectar adulterantes en pastillas o cristales de MDMA, explica a La Izquierda Diario: “La legislación actual no nos permite hacer análisis de sustancias, por eso los testeos tenemos que hacerlos en la clandestinidad. Pero tenemos una Ley de Salud Mental que promueve las políticas de reducción de daños, entonces, básicamente sí hay un marco legal para hacer los testeos, es decir, precisamente, para realizar tareas que tienen que ver con la promoción de la salud y el acceso a la salud de personas que usan drogas”.

El especialista añade que trabajan “todos los días para lograr que este tipo de actividades se lleven a cabo dentro de un marco legal. Porque el principal riesgo es para la persona usuaria de drogas, que a pesar de que la tenencia esté penada lleva sus sustancias para que sean testeadas. La lectura de la realidad es ésa, trabajamos nuestra intervención de salud en ese marco, amparándonos en la Ley de Salud Mental y con el principal objetivo de garantizar la salud y los derechos de las personas usuarias de drogas”.

Sobre el control de sustancias, Ruchansky resalta que, más allá del testeo, “las fiestas deben tener un espacio de descanso, buena ventilación y acceso al agua. Todo esto faltó en Time Warp, donde había casi el doble de gente de lo que se había pautado. Por lo tanto, el servicio médico no daba abasto, eran seis personas nada más para atender a casi 20.000 personas”. Y completa: “Creo que una de las enseñanzas más importantes que dejó esa tragedia es que uno puede hacer testeos, pero eso no alcanza si el lugar está abarrotado, no hay buena ventilación y el agua se acaba a las cuatro de la mañana con la fiesta andando”.

Es preciso remarcar que el éxtasis provoca deshidratación, por lo que es necesario que el usuario consuma mucha agua. Los organizadores de festivales en que, se presume, habrá consumo de MDMA, pautan con la barra del local precios prohibitivos de las botellitas de agua mineral. Peor aún, cortan el agua en los baños. Ruchansky concluye planteando que “en algunos lugares del mundo ya se está haciendo el monitoreo de sustancias, lo que permite saber qué es lo que está dando vueltas en el mercado para poder hacer alertas tempranas. Este sistema de alertas tempranas es fundamental para poder agarrar a tiempo alteraciones que pueden ser letales o muy nocivas para la salud. Ahí tal vez esté el desafío de los próximos años".

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¿Sos negro? Bancátela

¿Es posible establecer políticas de reducción de daños cuando la tenencia de sustancias ilícitas es criminalizada? Por supuesto, la pregunta es retórica. Hace pocas semanas los trabajadores del Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental y atención a pacientes con consumos problemáticos, resistieron el intento de cierre de la institución ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios. El hospital se vincula estrechamente con la implementación de la Ley de Salud Mental vigente y la transformación del ex Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso).

El deterioro de la salud pública por falta de presupuesto es de larga data. Tan es así que, según relataron varios pacientes, tras haber realizado consultas en varios establecimientos públicos, fueron derivados al Bonaparte, donde, incluso, en muchos casos, las admisiones se debían realizar en los canteros del patio. Instituciones cuyas instalaciones y personal no están preparados para recibir pacientes con consumos problemáticos.

Al respecto, Liddle apunta: “ARDA interviene en el sistema de salud de diferentes formas, no sólo a través de nuestros profesionales médicos sino brindando capacitaciones constantemente. ¿Lo podemos hacer a gran escala? No. Los recursos son acotados y la principal clave con que este gobierno busca alcanzar el éxito es reducir todos los presupuestos de la nación, así que en ese marco cada vez hay menos recursos para la salud y en particular para la salud mental.

Muy lejos de poner la lupa sobre los médicos que resisten día a día el embate del ajuste, es clave resaltar la magra información y capacitación que el Ministerio de Salud actual -y, claro está, anteriores- les brindan en materia del abordaje de los consumos problemáticos que plantean las normativas vigentes.

En ese sentido, Patricio dice que “en el sistema de salud, con respecto al uso de sustancias y reducción de daños, reina la ignorancia. Y, sin duda, lo que sucedió en Puerta 8 y en Time Warp, quizá no podría haberse evitado, pero sí podrían haberse mitigado los riesgos de otra manera. Porque, por ejemplo, lo que sucedió en Time Warp se explica por qué el personal que estaba contratado para atención de emergencias en el lugar no estaba capacitado para afrontar lo que sucedió”. Y resalta: “La mayoría de las muertes que sucedieron en el lugar, están asociadas a una mala intervención del equipo que atendió en primera instancia a las personas afectadas”.

Aunque algunos detalles de la causa aún se encuentran bajo secreto de sumario, es de público conocimiento que quienes aquel día fueron atendidos en el Hospital Fernández fueron dados de alta; es decir, nadie perdió la vida.

Diddle agrega: “Algo similar ocurrió en Puerta 8 , ya que muchísimas de las personas que fallecieron o que se vieron seriamente afectadas por la adulteración de cocaína con carfentanilo, pudiesen habido correr otra suerte si los médicos hubiesen estado preparados o contado con los recursos para revertir una sobredosis de opiáceos”.

En tanto, si bien sería una necedad generalizar, siguen existiendo los centros de salud, las clínicas y las “granjitas” donde se desconocen las políticas de reducción de daños; sitios que en muchos casos no cuentan con la habilitación correspondiente, donde los pacientes viven hacinados, son torturados, privados ilegítimamente de su libertad y, en casos extremos, pierden la vida.

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“La ‘mejor gestión’ política en materia de drogas es pasar desapercibido, no poner en riesgo su sillón”

Para comprender mejor la situación legal nacional en materia de consumos problemáticos de sustancias y de salud mental, La Izquierda Diario también conversó con el abogado Mariano Fusero, quien está al frente de la ONG Reset, especializada en políticas de drogas y derechos humanos.

¿Cuál es, en términos generales, la situación en Argentina en materia del abordaje de consumos problemáticos de sustancias?