El tono de los empresarios chilenos cambió este lunes ante la discusión de la reducción de la jornada laboral. El líder de la CPC dijo al gobierno que debía "aparecer menos en los matinales" mientras que el líder de empresas del comercio dijo que no era posible que se le pidiera a los empresarios el pago de las reformas. A los principales gremios del empresariado chileno no les ha gustado el atraso de las reformas estructurales del gobierno de Piñera.
Martes 20 de agosto de 2019
La derecha sigue dividida debido al debate sobre la reducción de 45 a 40 horas laborales, y estos días se sumaron “grandes empresarios” como Luksic y Swett (presidente de la CPC).
Luksic salió a escena para responderle al presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, que emplazó a los empresarios a no “demonizar” los proyectos de ley presentados, tanto como el de Vallejos de 40 horas (PC), como el del gobierno de 41; además de preguntarles “¿Qué cresta propusieron todos estos años?”. Luksic no aguantó y le respondió “que no caiga en la descalificación fácil a grandes empresarios”.
Con esto podemos ver claramente cómo el gobierno y sus partidos (RN, UDI, Evópoli) se encuentras fuertemente debilitados, si es que hasta los empresarios salen a “rayarles la cancha” en medio de un debate que ha complicado a Piñera y su gabinete.
Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), también emplazó al gobierno, dijo que ha faltado “rigurosidad institucional de (ministerio) Hacienda en este tipo de debates” y pidió que se pudiese concretar el diálogo, poniendo todos los antecedentes sobre la mesa, estudios serios, etc, y “que salgamos de las campañas comunicacionales, salgamos de los matinales y pongámonos a dialogar”.
Aunque este líder empresarial anhele el diálogo, todo indica que no habrá acuerdos en esta materia, por un lado, el Partido Comunista y toda la “oposición” apoyan el proyecto de las 40 horas semanales, además a esto se suma el 70% de aprobación que marcó el proyecto en la última encuesta CADEM. Por el otro lado, está el proyecto de “contraofensiva” del gobierno, que busca rebajar el máximo de horas, flexibilizándolas, o sea, dejando en las manos de los empresarios nuestras jornadas, en otras palabras, precarizándonos aún más.
Pero y es que ni siquiera este último proyecto tiene el apoyo de toda la derecha, ya que diputados UDI (Kort y Alessandri) votaron en contra de este proyecto porque les “preocupa” la gradualidad de la medida, ya que esto podría afectar las ganancias capitalistas. De hecho, el diputado Alessandri declaró que el proyecto iba por el camino correcto pero que debería esperar hasta que mejore la economía para impulsarlo.
Sentido tienen las palabras de estos diputados UDI, cuando buscan cumplir con su propósito principal, que es resguardar las ganancias de los grandes empresarios, y se puede llegar a “entender” debido a que las tendencias de la economía mundial se precipitan a la recesión, o sea, crisis. Es por esto que en un contexto como el actual, la única forma en que el gobierno de empresarios “piensa” en rebajarnos la jornada laboral es mediante precarización, pero cuidando que la productividad forzada por las altas horas en los trabajos se mantenga con menos horas, esto para que no disminuya las ganancias de los capitalistas.
Como demostró la última medida flexibilizadora como lo fue la ley de subcontratación para los empresarios y sus políticos flexibilidad es igual a precariedad. Así con esta forma de subempleo se avanzó en jornadas más extenuantes, contratos más precarios, apertura y cierre de empresas para evitar para indemnizaciones y derechos laborales, etc.
Para luchar por reducir la jornada laboral es necesario rechazar toda medida de flexibilidad al mismo tiempo que impulsar la necesidad que el sueldo mínimo sea acorde a la canasta básica familiar de $450.000 pesos unido a que la reducción de la jornada sirva para que todas y todos puedan trabajar. Para esto hay que afectar las ganancias de los empresarios que, como mostraron en la huelga de Walmart, no tendrán ninguna consideración para echar a la calle a cientos de familias con la supuesta excusa de la flexibilización.
