Mientras crece la indignación en el país centroamericano por el fraude al Instituto Hondureño del Seguro Social, Roberta Jacobson, miembro del departamento de Estado estadounidense destacó supuestos avances en la lucha contra la corrupción.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Viernes 19 de junio de 2015
Mientras decenas de miles de personas exigen la renuncia de Juan Orlando Fernández, el gobierno estadounidense sale a respaldarlo, con el argumento de que existe “el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas gubernamentales”.
Lo cierto es que hay algunos detenidos, pero Juan Orlando Hernández se mantiene impune, y es imposible que no estuviera al tanto del origen de los fondos de la campaña electoral que lo llevaron a la presidencia.
Así, en su “combate contra la corrupción” y su “política de transparencia”, sacrifica algunos alfiles, como exfuncionarios del IHSS o algunos empresarios, mientras otra parte de los responsables conservan su libertad y no serán juzgados.
Gira por Estados Unidos
El presidente hondureño se encuentra de gira en el gigante del norte. Allí ha mantenido una reunión con Joe Biden, vicepresidente estadounidense y con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Con el primero platicaron sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, en el que participan también El Salvador y Guatemala, para evitar nuevas crisis migratorias. Estaba previsto que Estados Unidos pusiera 1,000 millones de dólares, pero es posible que el senado de ese país recorte estos fondos.
Asimismo, las delegaciones centroamericanas junto a las de México y Colombia acordaron coordinar la “lucha contra el crimen organizado”. Traducido: implica un despliegue de la militarización en la región.
En este marco, llegó una caravana de migrantes hondureños mutilados en accidentes en el tren conocido como la “Bestia”, para hacer un plantón frente a la Casa Blanca. Exigen una reunión con Obama y amenazan con iniciar una huelga de hambre si no los recibe.
Denuncian que tuvieron que salir de su país para huir de la violencia, el desempleo y el hambre, y poder ayudar a sus familias. Pero la precariedad de un viaje extremadamente peligroso a través de México, en la Bestia, truncó sus sueños. Huyeron del desastre en Honduras, una de cuyas expresiones es el fraude al IHSS.
Las consecuencias del desfalco
Los derechohabientes hondureños no cobran la incapacidad por enfermedad que debe pagar el IHSS desde 2014.
No hay medicamentos en clínicas ni en hospitales del IHSS. Se habla de más de 3,000 muertes por falta de asistencia médica, medicamentos, tratamientos, y atención de emergencia.
Este vaciamiento es parte de una ofensiva neoliberal contra el sistema de salud pública, para avanzar en su desmantelamiento y la posterior privatización de los servicios de salud. Porque la salud es un negocio más para el capitalismo decadente y la vida del pueblo trabajador no vale nada.
Partido Liberal, Partido Nacional: décadas de corrupción
Desde hace décadas se suceden en el país centroamericano escándalos de corrupción en los que están implicados los principales partidos tradicionales hondureños: el Partido Nacional y el Partido Liberal.
El pasaportazo, en la década de 1990, venta de pasaportes, en la que estuvo implicado el entonces canciller Paz Aguilar. El gasolinazo en 2003: que consistió en contrabando de combustible, y entre los implicados estuvo el secretario privado del ex presidente Ricardo Maduro. El carretillazo en 2009: saqueo de 40 millones de lempiras al Banco Central de Honduras, fue acusado, entre otros, el entonces ministro de presidencia del gobierno de Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza. El chinazo: venta de nacionalidad hondureña para tráfico de personas originarias de China, que luego pudieran llegar a Estados Unidos; se dio durante el mandato del ex presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y la segunda vez en 2011, cuando estuvo implicado el entonces embajador en Taiwán, Francisco René Umaña.
Párrafo aparte merece el caso de Hondutel (Empresa Hondureña de Telecomunicaciones). Los altos funcionarios acordaron un convenio con LatiNode, proveedora de servicios de telecomunicaciones al por mayor. En 2009 se hizo público que esta empresa había pagado sobornos superiores a 1.9 millones de dólares a funcionarios hondureños a cambio de preferencias en el servicio de llamadas internacionales. La empresa se declaró culpable en un tribunal de Miami, en Honduras este año Oscar Danilo Santos, exjefe del departamento legal de Hondutel, fue condenado a 5 años de prisión, que no serán efectivos.
Bajo el mandato del presidente Ricardo Maduro, del Partido Nacional, de los fondos de Hondutel salieron 14 mil millones de lempiras, según informa El Heraldo.
Y este año despidieron a 600 trabajadores, dejando a su familias sin medios de subsistencia, tras 120 días de suspensión sin pago de salarios, todo con el aval implícito del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Sitratel).
Se extiende el movimiento de indignados
El vaciamiento del IHSS es el último caso de la ofensiva privatizadora en Honduras. Pero continúa. Hondutel está en proceso, otras instituciones de previsión social también peligran, así como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
De las últimas marchas participaron trabajadores, campesinos, estudiantes y activistas de la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual (LGTB) que llamaron a “llamado para la creación de un espacio democrático conformado por sectores del pueblo indignado, no coludidos con actos de corrupción, para que establezca las bases de un programa de lucha que permita el nacimiento de cualquier posible diálogo”, según informa La Tribuna. Se mantienen voces por la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
Los trabajadores, que sufren despidos, suspensiones y todo tipo de atropellos en sus condiciones laborales, pueden parar esta ofensiva imperialista en alianza con los sectores populares. Organizados desde las bases, en forma democrática, son fundamentales para dar poder al movimiento que hoy toma las calles, expresando el hartazgo ante los partidos tradicionales que gobiernan a favor de los ricos y el imperialismo.
Sólo la clase trabajadora, junto a la juventud y los sectores populares pueden poner a debate los grandes problemas del país -la migración, la corrupción, la pobreza, la crisis alimentaria- y darles solución en una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, independiente de todos los representantes de la clase política hoy cuestionada en las calles. Son los trabajadores y el pueblo las fuerzas sociales capaces de llevar a cabo la necesaria ruptura con el imperialismo que impone los planes de saqueo y militarización sobre los países centroamericanos, asociado con el empresariado local y los partidos tradicionales.
