Fronteras abiertas. EE.UU. y México mantienen política antimigrante pese a discurso progresista

Aún con los recientes mandatos presidenciales de no detener a los menores no acompañados ni a las migrantes gestantes, la política antimigrante estadounidense persiste durante esta nueva administración de Biden; pues durante el último año y medio, se han expulsado a 752 mil migrantes en Estados Unidos bajo el Título 42, para evitar “riesgos en la salud”, señala la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Lo que resulta en una enorme contradicción, ya que se les detiene y expulsa sin ningún protocolo sanitario y sin la posibilidad de solicitar asilo, como señalamos aquí.

Las políticas antimigratorias de EE. UU. parecen no tener fin, pues aunado a lo anterior, apenas hace unas semanas atrás señalábamos el control fronterizo militar y de cuerpos policíacos enviados a la frontera sur desde diversos estados orquestado entre el empresariado estadounidense y gobernadores republicanos como Greg Abbott (Texas), Doug Ducey (Arizona) y Kim Reynolds (Iowa), entre otros, debido al incremento reportado del cruce ilegal.

Sin embargo, ésta no es una misión de seguridad pública, sino una persecución extrema, xenófoba y racista, en contra de las y los migrantes para detenerlos y deportarlos hacia México, principalmente; si tanto les preocupara el tema de la pandemia, garantizarían servicios médicos indispensables, vacunas para todas las y los migrantes, salud psicológica, albergues con espacio suficiente que eviten el hacinamiento y para mantener la sana distancia, por citar algunas medidas.

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Migrantes en vulnerabilidad a ambos lados de la frontera

Mientras tanto, en Reynosa, Tamaulipas, autoridades mexicanas de la Dirección de Obras Públicas emitieron una orden de desalojo para demoler la Casa del Migrante Senda de Vida, a petición del “representante de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos […] con la finalidad de demoler sus instalaciones, debido a que el inmueble se ubica en una zona de inundación del Río Bravo, y fue construido sin permiso de dicha Comisión.”

Al respecto, Maki Ortiz, alcaldesa de Reynosa, comentó:

La respuesta de la alcaldesa poco aporta a la resolución del problema migratorio en dicha Casa del Migrante, ya que mientras el éxodo centroamericano continúe su tránsito por tierras mexicanas, también es obligación del Estado garantizar derechos plenos para las y los migrantes que decidan caminar por nuestro país; recordemos que vienen huyendo de la violencia y la miseria –cuyo origen es el mismo que en los migrantes mexicanos: las condiciones de vida a las que se ven sometidos en sus países de origen producto de la subordinación al imperialismo estadounidense.

Como si no fuera suficiente con la militarización a ambos lados de la frontera, este desalojo atenta contra 600 migrantes, entre los que hay niñas, niños y mujeres embarazadas, pero también personas con enfermedades crónico-degenerativas, quienes no cuentan con alojamiento seguro y en condiciones dignas ni, mucho menos, se garantiza la atención que necesitan en plena pandemia, como el derecho a la alimentación, la atención médica y psicológica o la educativa.

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Como podemos observar, a pesar de la retórica progresista de los gobiernos de Biden y AMLO, las políticas antimigrantes se mantienen a ambos lados de la frontera. Centroamérica y México siguen siendo el patio trasero de EE. UU. con la aplicación de políticas dictadas por organismos como el FMI o la ONU que profundizan las condiciones de violencia y pobreza en los pueblos latinoamericanos, militarizan sus fronteras y mantienen su sumisión ante la política imperialista que se expresa también en el desalojo y la demolición de albergues para los migrantes; lo cual los mantiene en condiciones sumamente deplorables y sin derechos.

¡Unidad de clase por el paso libre en las fronteras!

Necesitamos poner un alto a las leyes antimigrantes así como a las políticas imperialistas en la región para conseguir una vida digna, una que realmente merezca ser vivida y esto sólo es posible con la organización amplia y la movilización en las calles de las y los trabajadores en ambos lados de la frontera, en alianza con los sectores populares y las organizaciones que se reivindiquen democráticas en México y Centroamérica, en unidad con aquellos en EE. UU. que salieron a luchar contra el racismo y la opresión -como quienes lucharon en el Black Lives Matter, por ejemplo.