CIERRE NISSAN. ERC ¿nacionalización o el Estado como socio minoritario de Nissan?

¿ERC a favor de la nacionalización de Nissan? Si uno se quedara solo con el titular que dan hoy muchos medios de comunicación pareciera que los republicanos, al frente nada menos que de la consellería de Trabajo de la Generalitat, estarían planteando que ante el cierre de esta importante fábrica el Estado debe quedarse con ella para mantener los puestos de trabajo. Si vamos a su “letra pequeña” la propuesta queda lejos de algo así, y la palabra nacionalización le viene realmente grande.

Rufián y Aragonés defienden la enésima inyección de dinero público

El pasado jueves fue Gabriel Rufián quien en la comisión de reconstrucción económica del Congreso declaró que “nacionalizar la planta es una gran solución” y hoy el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonés, ha concretado como se podría llevar a cabo dicha “nacionalización” un tanto sui generis.

Concretamente la propuesta de ERC es la de que el Estado entre como accionista en el capital de las empresas de aquí en adelante, siguiendo el ejemplo del Estado francés que además de inyectar liquidez a algunas de sus empresas forma parte de su accionariado, como por ejemplo en Renault con un 15%.

Esta fórmula sería alternativa a la de las subvenciones a fondo perdido con la que Nissan se ha embolsado 180 millones de dinero público en la última década, 25 de ellos del govern catalán.

No aclaran los republicanos si esa entrada en el capital de la firma nipona tendría carácter retroactivo, es decir, si se computarían los millones ya entregados para su conversión en acciones del grupo de propiedad pública. O si no lo es, lo cual implicaría que el Estado debería aportar una nueva tanda de millones para entrar en el accionariado.

Con la Generalitat o el Estado como parte del consejo de administración de estas multinacionales, ERC considera que se podría incidir en sus decisiones. Si bien, Aragonés mismo ha reconocido que la posibilidad de revertir la decisión de cierre de las plantas catalanas es muy poco probable.

Generalitat y gobierno “progresista” dispuestos a ayudar pero sin entrar en el accionariado

Su socio de gobierno, los herederos convergentes de JxCat, han salido rápidamente a desmarcarse de la propuesta. La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha aclarado que en el govern “en ningún momento hemos hablado de nacionalizar la planta de Nissan”. En el mismo sentido se ha pronunciado la consellera de Empresa, Àngesl Chacón, asegurando que “la Generalitat no tiene margen presupuestario para una operación así”.

Desde el gobierno central ha sido la ministra de Industria, Reyes Maroto, la encargada de dejar claro que tampoco una maniobra de este tipo está dentro de sus planes, recordando como se ha “ayudado mucho” a empresas como Alcoa y Nissan – 1.000 y 180 millones cada una en la última década- pero que la única salida sobre la mesa es esperar a que aparezca una “iniciativa privada” a la que el gobierno “acompañará”. O lo que es lo mismo, a la que se le seguirá “ayudando”, es decir regalando millones de euros de dinero público como a sus predecesoras sin pedir nada a cambio.

La falsa “nacionalización” sugerida por ERC, a pesar de lo grandilocuente del término, no pasa de ser una medida impotente y cara. Se parece demasiado a aplicar otra inyección de dinero público a la empresa a cambio de promesas de continuidad y, esta vez, algunas acciones para el Estado. Una fórmula muy similar a la empleada en la última década y cuyos resultados estamos viendo en estos días.

Quienes se oponen desde el govern o el llamado gobierno “progresista” lo hacen desde la defensa de la ortodoxia económica neoliberal y el mantra de que el Estado solo interviene cuando los capitalistas están en apuros y sin pedirles nada a cambio. Tanto JxCat como al PSOE estuvieron de acuerdo en otros rescates, como el de la banca con 60 mil millones o el de las autopistas. En caso de que se promoviera un rescate para que Nissan se quedara, para ellos debería ser en estas mismas condiciones.

La única salida es la verdadera nacionalización, sin indemnización y bajo control de sus trabajadores

En Nissan, como en Alcoa y otras empresas que se vean abocadas al cierre o los despidos masivos, la nacionalización es la única alternativa para evitar la pérdida de la fuente de trabajo. Pero esta no puede basarse en una compra o compensación a los capitalistas, que llevan años llevándose millonadas de dinero público en forma de subvenciones, exenciones fiscales y otras ayudas. Debe basarse en la expropiación sin indemnización de la empresa y sus activos para su puesta a producir bajo el control de sus trabajadores y trabajadoras.

Esta es la única nacionalización que podría garantizar los puestos y condiciones de trabajo, sin que se produzca ningún trasvase más de dinero público a las cuentas de resultado de las patronales que deciden cerrar y marchar sin importar dejar a decenas de miles de familias en la calle.

Dado además el carácter industrial de estas empresas, también una nacionalización de este tipo podría permitir que la continuidad de la actividad se realice reconvirtiendo todo lo necesario para producir bienes realmente útiles para cubrir las necesidades sociales, como vehículos colectivos y no contaminantes, equipamiento hospitalario o para la generación de energías renovables. Para que la reconversión del modelo de movilidad y energético se realice no a costa de las y los trabajadores, sino de los intereses y beneficios de los capitalistas.

Es más que dudoso que ERC defienda una verdadera nacionalización como esta. Otros grupos parlamentarios se han pronunciado también a favor de la idea de “nacionalización”, como Más País o el BNG, aunque sin concretar cuales serían las condiciones de la misma, si van en el sentido de la propuesta de ERC o lo plantean desde una perspectiva anticapitalista.

También la CUP, junto con otras organizaciones de la izquierda independentista catalana, vienen defendiendo la nacionalización de Nissan como una solución al cierre. Hasta el momento no han definido como ésta debería llevarse adelante, algo que es urgente clarificar, más cuando desde ERC u otras fuerzas se puede empezar a hablar de “nacionalización” para referirse a posibles “rescates” de empresas o nuevas inyecciones de fondos públicos.

Como fuerza política que se define anticapitalista, debería plantearla en las coordenadas que indicábamos arriba, sin indemnización y bajo control obrero. Podría además desde el Congreso y el Parlament de Catalunya elaborar y presentar un proyecto de ley de expropiación para Nissan, Alcoa y otras empresas en la misma situación, y exigir a todos los grupos partidarios de esta medida que se sumen y la apoyen.

Una medida que podría servir para impulsar una gran campaña política de apoyo a la lucha de sus trabajadores y trabajadoras, dando una perspectiva a su pelea que traspase la de la pelea por indemnizaciones o búsqueda de un nuevo inversor que en caso de aparecer exigirá despidos y rebajas de condiciones a aquellos que se queden.