La Superintendencia de Salud intervino en la Isapre Masvida, y en el registro vigente de accionistas aparecieron sorpresivamente la Ministra de Salud, Diputados de la Comisión de Salud, otros diputados y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Viernes 10 de marzo de 2017
Bastante crisis y muertes genera año tras año el hecho de que la Salud en Chile tenga un carácter mercantilizado, donde, a partir de 1981, la aparición de FONASA y las ISAPRE creaba la grieta que empezaría a fragmentar el derecho a la Salud. El acceso a la misma dejó de ser igual para todos, desapareció el carácter de “acceso oportuno” (hoy decenas de miles mueren en las famosas listas de espera) y evidentemente nunca más fue gratuito.
Esto lo venimos experimentando hace más de tres décadas. Funciona así: El mercado de la salud elude cualquier reglamentación estatal. Médicos se hacen accionistas, y dejan de velar por la salud de las personas. Administran fondos que sustentan a prestadores de salud privados (clínicas, centros médicos); bajo una figura que desde el 2010 se determinó como inconstitucional al discriminar a adultos mayores y mujeres, y con esa vil trampa de la denominada Integración Vertical, donde financista y ejecutor de los servicios de salud responden a los mismos conglomerados.
Y el remate final que parece sacado de la parodia a un Chile que se cae institucionalmente a pedazos: la Ministra de Salud, Carmen Castillo, era accionista de MasVida; los diputados -quienes legislan en la Comisión de Salud de la Cámara-, Miguel Ángel Alvarado (PPD) y Juan Luis Castro (PS), resultaron ser hombres emprendedores en el mercado de la salud también; a los que se le suman otros legisladores: Carlos Abel Jarpa (PR) y Alberto Robles (PR).
Toda esta gama de funcionarios estatales, incluyendo a la autoridad máxima en materia de salud y que son remunerados por su “trabajo al servicio de la población”, no han hecho más que aprovechar sus puestos para regular sus propios intereses en el mercado de la salud, de forma descarada. Lo que incluso nos permite poner en duda los mecanismos actuales del “corralito” de la cuestionada ISAPRE, donde se bloqueó la desafiliación de sus inscritos, porque si lo hacen masivamente (tomando en cuenta que estos serían los con más opciones de salirse y los más sanos) y quedaran sólo aquellos que están más enfermos, la ISAPRE se va a quiebra, se vuelve insolvente (tendría más gastos que ingresos) y nadie vendría al rescate financiero de la misma: los "médicos accionistas", incluyendo a la Ministra de Salud, perderían sus inversiones. Entonces, el “corralito” impuesto por la Superintendencia de Salud lo que asegura en el fondo es ser un declarado garante del mercado de la salud.
Así que si creíamos que teniendo ciertas instituciones dependientes del Estado que ejercían un mínimo de regulación en nuestro sistema de salud, hoy esa seguridad se cae definitivamente por los suelos y queda demostrado que mientras exista una ideología neoliberal donde la competencia y el mercado sean los reguladores del sector salud, ningún alto funcionario del Estado, será un actor legitimado para ejercer ese rol de velar por la salud del pueblo trabajador y sus familias.
Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios y otras organizaciones sociales y políticas se empiezan a levantar las banderas por un Sistema Único y Público de Salud donde exista igual acceso para todos, sin discriminar por género, edad, nacionalidad ni nivel de ingresos; donde sea oportuna la atención a cualquier problema de salud y, fundamentalmente, sea gratuito; es decir, un Estado que entregue servicios sociales para todos sus trabajadores de manera digna y ejerzamos así, dignamente, el Derecho a la Salud.
