Los “correístas” le quitaron la presidencia del partido a Lenín Moreno y piden el retorno de Rafael Correa. El reformismo le deja el camino a la derecha para profundizar las medidas económicas.
Jueves 2 de noviembre de 2017
Foto: El Telégrafo
Las hostiles diferencias dentro del partido gobernante conllevaron a la inevitable ruptura entre dos facciones enfrentadas por el apoyo a la consulta popular. Esta guerra feroz produjo ayer un hecho insólito: el ala correista en la Directiva Nacional de Alianza País (AP) resolvió separar de la presidencia del movimiento a Lenín Moreno.
“La ciudadanía votó la continuidad de la Revolución Ciudadana, pero se ha tomado la propuesta política de la oposición”, argumentó el nuevo presidente de AP, Ricardo Patiño, quien abandonó el Ejecutivo semanas atrás. Junto a él se encontraban reconocidos dirigentes y ex ministros estrechamente vinculados a la línea del gobierno anterior.
Desde que llegó al Palacio de Carondelet, Moreno buscó forjar su propia legitimidad, dialogando consensos con antiguos rivales de Rafael Correa, incluyendo a la derecha, los grandes empresarios, y la burocracia indígena.
Cristalizado este diálogo con la oposición en los puntos incluidos en la consulta popular, con el vicepresidente Jorge Glas preso, acusado de corrupción y sin una palabra de respaldo desde el Ejecutivo; la resolución de los 22 dirigentes de la Dirección Nacional no es más que una confirmación formal de lo que ya estaba gestado.
El documento presentado alienta el retorno de Correa para “acompañar el proceso de fortalecimiento orgánico y reestructuración” de AP. Este grupo se aferra al socorro del ex mandatario para establecer una nueva y disciplinada estructura partidaria, que lo conserve como figura de gobernabilidad.
El retorno de un Correa -corporizado y no sólo desde una espectral presencia en redes sociales-, implicaría una campaña más férrea contra un referéndum que no tiene ninguna oposición. Si quieren volver a Carondelet en 2021, necesitan que no se apruebe la enmienda que modifica la reelección indefinida.
Foto: El telégrafo
Los “leninistas” desconocieron la decisión
El secretario de la política, Miguel Carvajal, afirmó que el máximo organismo del movimiento es la Convención Nacional, por lo que en lo actuado por los correistas de la Dirección Nacional prevalece la arbitrariedad, dejando en claro que no se trata del sentir mayoritario.
La vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña expresó no sentir preocupación por el posible retorno del ex mandatario. Vicuña, a quien Moreno le encargó por decreto un cargo de elección popular, encabezó una foto conjunta de 35 integrantes del Gobierno, asesores y dirigentes, y señaló que llegó la hora de “renovar el proceso”.
“No solo habrá una consulta, sino todas las necesarias para pulir y limpiar el camino para construir de forma equitativa una patria de grandes consensos”, indicó para dejar en claro que el diálogo con la derecha y la burguesía es el camino que seguirá la agenda del Ejecutivo.
La derecha ve su oportunidad en el parlamento
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), José Serrano, calificó la medida tomada por su partido como “arbitraria, inconstitucional e ilegal”. El lunes, 44 asambleístas “leninistas” conformaron un nuevo bloque, encuadrados bajo el apoyo acrítico a los siete puntos de la consulta popular.
En la acera opuesta, 17 de sus antiguos compañeros confirmaron su rechazo a tres de las preguntas que cuestionan los correistas: reelección indefinida, derogación de la Ley de Plusvalía, y modificaciones en el Consejo de Participación Ciudadana.
En los bloques opositores hablan de un “nuevo escenario”, sabiendo que aunque el respaldo al Primer Mandatario sea mayoritario, éste aún necesitará sus votos para aprobar proyectos. Posibilitados de obtener una representación que no creían probable, tras quedar en minoría en las pasadas elecciones, la derecha confía que sus propios números sirvan para presionar cambios en las comisiones parlamentarias.
Foto: El Universo
Con una Asamblea acostumbrada a los rápidos dictámenes de la mayoría, y con fuerzas sedientas de revancha contra el correísmo y todas sus políticas, el nuevo oficialismo deberá interiorizar una gimnasia de consensos atípica, si quiere salir aireado en los próximos debates donde Moreno pone el rumbo de su gobierno en juego.
Además del Presupuesto General 2018, que requerirá balancear los programas sociales que proponen junto al creciente déficit fiscal, los “leninistas” también deberán consensuar las medidas económicas con las que se pretende paliar la crisis, calmar a la gran burguesía, e intentar no perder el apoyo popular que detentan.
Moreno sabe que su paquete económico no convenció a todo el empresariado por igual. Sectores con enorme poder de lobby en la AN, como el financiero, el agroexportador y la gran industria, calificaron como “insuficientes” los cambios. Presionan por más flexibilización laboral, el fin de las salvaguardias en el comercio exterior, y la quita del impuesto a la salida de divisas.
Como es habitual, la fractura de la izquierda reformista -durante años garante de los buenos negocios para el imperialismo- no permite pronosticar mejores vientos para los trabajadores y sectores populares. Mientras la burguesía resuelve su representación en las altas esferas del Estado, el movimiento obrero y el indígena destacan como los grandes ausentes de esta crisis política.
