La empresa, que se encuentra negociando con el gobierno provincial la renovación de la concesión del servicio, reclamó un nuevo tarifazo de más del 50% a partir de agosto. Desde 2016, la luz ya lleva un 600 % de aumento
Jueves 7 de junio de 2018 16:24
En Mendoza, el EPRE, Ente Provincial Regulador Eléctrico, convocó a una audiencia pública para el 3 de julio para discutir el cuadro tarifario que regirá en la provincia desde agosto de este año hasta julio del 2023.
Si bien Jimena Latorre, titular del EPRE, declaró a El Sol que "no necesariamente ponemos a consideración un aumento tarifario", trascendió que Edemsa, que concentra el 70% del mercado eléctrico de la provincia, reclama un nuevo tarifazo de alrededor del 50 %.
Según trascendió, el reclamo de la empresa es un aumento del 100 % del Valor Agregado de Distribución, que regula la provincia, que implicaría un nuevo aumento de alrededor del 50 % en el costo total de la factura que reciben los usuarios. Estos valores son sin contar los subsidios del Estado Nacional, por lo que podría menor el impacto en la factura domiciliaria, aunque igualmente sería un nuevo negocio millonario para las empresas de servicios.
Este nuevo reclamo de un tarifazo se da en el marco de la negociación con el Estrado provincial por la renovación de la concesión del servicio. La empresa, hoy en manos del grupo Vila-Manzano pretende continuar al frente de Edemsa.
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Edemsa, paradigma del lucro a costa del bolsillo popular
En Mendoza, desde 2016, el servicio eléctrico aumentó un 600 % y la empresa insiste en nuevos tarifazos. Sin embargo, los aumentos de tarifas no han sido los únicos "regalos" de los gobiernos nacional y provincial: en junio de 2016, el gobierno nacional le condonó una deuda de $1.339 millones.
Además, en Julio de 2017, el gobierno provincial autorizó a las empresas a facturarle "ingresos no percibidos" a los usuarios ya que se consideraba que el VAD debería haber aumentado en Febrero de ese año. Es decir, que las empresas facturaron este aumento desde Julio y, desde este año, una compensación por el aumento no realizado entre febrero y junio del año pasado. El gobierno provincial también había autorizado un aumento extraordinario a los usuarios para financiar obras que debería haber hecho la empresa y nunca realizó. Es decir, los usuarios pagan un servicio carísimo y deben, además, pagar por las obras que debería hacer la empresa.
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Como sucede con todos las empresas de servicios públicos, la falta de obras, no son solo un "ahorro" para los empresarios que lucran con servicios básicos, sino que se traducen en pésimos servicios: en 2017, la empresa tuvo que pagar multas por 68 millones de pesos por déficit en el servicio y se calcula que en 2018 debrá pagar otros 85 millones por los reclamos de los usuarios durante 2017.
Aún asi, la empresa declaró en 2017 haber aumentado un 73 % su facturación producto de los tarifazos. Como denunciaron desde el FIT, una monumental transferencia de ingresos del bolsillo de los trabajadores de la provincia a los empresarios.
Pese a todos estos benificios por parte del Estado, siempre en detrimento de los usuarios, la empresa sigue alegando pérdidas millonarias. Sin embargo, de manera contradictoria, pretende renovar la con la concesión del servicio. Desde el FIT rechazaron un nuevo tarifazo y exigieron auditorías sobre las empresas de servicios públicos, para que se pueda determinar el costo real del servicio y qué hicieron las empresas con los millonarios subsidios que recibieron durante años.
