Opinión. Editorial de editoriales: los símbolos de la política

Impuesto a las ganancias y “good show”

Pasadas las 7 de la mañana de este domingo, y después de 20 horas de sesión, se votó en la Cámara de Diputados la media sanción en la modificación del mínimo no imponible de Ganancias. Sin votos en contra (241 a favor y 3 abstenciones), el nuevo piso para pagar el impuesto será para sueldos desde 150.000 pesos brutos.

Entre algunas de las modificaciones que se votaron respecto al proyecto oficial, está el pedido de Facundo Moyano para que se incluya a los recolectores a la prórroga de la exención de ganancias en horas extras. De aprobarse en el senado, la medida beneficiará a más de un millón de trabajadores y trabajadoras. Aunque otros asalariados seguirán pagando el impuesto, se mantiene eximida la casta judicial, aún con sus sueldos altísimos.

Pero como planteó el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño que acompañó el proyecto, si no se corrigen las formas de actualización el beneficio durará unos pocos meses. Con el gobierno de Macri, que había prometido en campaña electoral que iba a modificarlo, sucedió que más de 1 millón de asalariados que no tributaban ganancias tuvieron que empezar a hacerlo por las actualizaciones salariales. Es lo que puede volver a pasar incluso con esta modificación. El diputado reiteró la definición de que el salario no es ganancia, y cuestionó que no se estén tomando medidas de emergencia para las y los trabajadores que están precarizados o perdieron el empleo.

Sergio Massa fue el impulsor de este proyecto y se anota así un punto con objetivos electorales. También con motivos electorales, la oposición de Juntos por el Cambio, necesitó montar un show en el Congreso para no regalarle tan fácilmente un triunfo al gobierno. Aunque acompañó el proyecto.

La sesión comenzó luego de seis horas de cruces encendidos. El 45º aniversario del golpe militar, un pedido de sanción al gobernador de Formosa Gildo Insfran por abusos y el vacunatorio vip fueron los primeros debates. Juntos por el Cambio decidió apuntar contra Sergio Massa: le pidió explicaciones por la vacunación de su padre y sus suegros en el marco del escándalo que le valió la renuncia al ex ministro de salud Ginés González García. Massa no respondió y se retiró por un rato del recinto.

El diputado Nicolás del Caño le recordó a Juntos por el Cambio la doble vara de autoritarismo. Mientras critican a Insfran, tienen sus mismos métodos de “provincia feudo” en Jujuy con Gerardo Morales. Un gobernador que “reprime a todos los sectores que protestan y se manifiestan” como ocurrió recientemente con las mujeres, niños y familias de Campo Verde. Y que “hace diez meses impide que mi compañero Gastón Remy asuma como diputado en la legislatura de la provincia” en una clara proscripción política al Frente de Izquierda. También cuestionó al oficialismo alrededor de la falta de vacunas: “el gobierno no se ha sumado a ninguna campaña internacional para que inmediatamente se liberen las patentes y se puedan producir las vacunas en Argentina y otros países del mundo que podrían hacerlo”. Adelantó que el lunes, el Frente de Izquierda presentará un “proyecto para que se declare de utilidad pública el laboratorio de Hugo Sigman, sujeto a expropiación”, con un acto a las 13hs frente al laboratorio mAbxience de la localidad de Garín. Allí se produce el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, que está siendo exportado mientras al país no llegan las vacunas.

El mandamiento de honrar la deuda externa

Los principales análisis del domingo hacen foco en el acto encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández el 24 de marzo en la localidad bonaerense de Las Flores y sus implicancias en la renegociación de la deuda con el FMI del ministro de economía Martín Guzman.

La vicepresidenta hizo dos afirmaciones sobre la deuda con el FMI. “No podemos pagar la deuda, no tenemos la plata”, de la que se agarran los medios de comunicación ligados a la oposición de derecha. Pero también dijo “Qué vamos a decir de no pagar, si nuestro espacio político fue el único que no se endeudó y pagó las deudas de todos los gobiernos, de todos”. No son contradictorias, son complementarias

Joaquín Morales Solá en La Nación interpreta las palabras de la vicepresidenta como “claramente destituyentes de la economía y, por lo tanto, de la estabilidad política del Presidente”. Como si hiciera falta, clarifica desde qué lugar habla. Expresa su preocupación por la causa penal iniciada sobre el préstamo con el FMI. No porque haya sido una estafa que le sigue costando al pueblo trabajador, sino porque llevaría a la justicia a “personas importantes del mundo”. Entre los nombres que le preocupan están uno de los asesores de la secretaria del Tesoro norteamericano, y el director del Hemisferio Occidental del Fondo.

Sintonizados como todos los domingos, Eduardo Van Der Kooy en Clarín saca las mismas conclusiones “Cristina comunicó que no hay plata para pagar” y que su discurso “representa el desorden estructural que impera en el Gobierno”. Para Van Der Kooy, si “la kirchnerización hizo desaparecer por ahora el diferencial que supo aportar Alberto para llegar a la Rosada”, desde el oficialismo confían en recuperar apoyo con “la mejora económico” y “el regreso público de Macri”.

Diego Genoud en El DiarioAr es más cauteloso, y parte de la premisa de que si el discurso de la vicepresidenta, “benefició o perjudicó la puesta en escena de Martín Guzmán en Washington, es materia de interpretaciones prematuras”. Hilando más fino, analiza la ubicación de Cristina Fernández “como la parte y el todo”, cuando distingue cómo se refirió a un “nosotros” –la gestión entre 2003 y 2015- y a “este gobierno”. Completa el análisis con la última encuesta de la consultora Synopsis con fecha 19 de marzo para decir que “Alberto se quedó sin el famoso plus y más del 90% de sus simpatizantes son hoy de Cristina”. Basado en los resultados que dicen que “en el arranque del 2021 el oficialismo cuenta con una intención de voto del 30,6%, 8 puntos menos que julio de 2020” y que “el 24% de los votantes de los Fernández se declaran desencantados”.

Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna le baja el tono a las discrepancias al interior del Frente de Todos alrededor de la deuda con el FMI. “Lo que ella dijo es cualquier cosa menos original”, recordando las similitudes con palabras del presidente Alberto Fernández en 2019 y con las del ministro Guzmán. Tiene razón. Todas las alas del gobierno (y también Juntos por el Cambio) tienen un acuerdo de hierro: pagar la estafa. Su lectura del comunicado del FMI es que el organismo “está más dispuesto a aprobar modificaciones de tipo general a sus programas, con motivo de la pandemia, que a conceder condiciones especiales a la Argentina”. Advierte que lo que molestó al presidente no fue el discurso de Cristina, sino “la presencia en primera fila del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni”. La molestia se debe especialmente a los cruces públicos con “su” ministra de seguridad nacional, Sabina Frederic.

Marcelo Colombres en Tiempo Argentino hace una lectura similar del comunicado del FMI y afirma que “lo único que quedó claro es que el Fondo no se moverá de sus reglamentos para renegociar la deuda”. Del lado del ministro de Economía, dicen que “lo tomaron como una promesa de que no exigirán reformas estructurales ni excesivos ajustes fiscales y monetarios”. Algo difícil de creer cuando se viene de votar un presupuesto 2021 que recorta partidas como en salud, eliminó el IFE e incluyó una reforma jubilatoria que consolida lo perdido por el gobierno anterior y los viene dejando con haberes por debajo de la inflación.

Alejandro Rebossio en El DiarioAR agrega dos datos interesantes. Por un lado que “los diplomáticos estadounidenses tomaron el pedido de la vicepresidenta como un mensaje para el público interno, pero no para ellos”. Y remarca que la premisa de consenso entre Guzmán y el Tesoro norteamericano es “que el acuerdo debe contar con un respaldo político amplio”. Pero no sólo en referencia a la oposición, sino que en “en las huestes del Presidente advierten que el compromiso de Guzmán de pasar el eventual pacto por el Congreso fuerza a que el cristinismo opine”.

Alfredo Zaiat en Página 12 entrevista al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, que está a cargo de la denuncia penal contra Macri y sus funcionarios por la deuda con el FMI. Crous afirma que “ese préstamos produjo un prejuicio al pueblo argentino para garantizar a los inversores que estaban ganando en pesos (con las Lebac) que pudieran salir de esos pesos y comprar dólares”. Repite que tuvo “el objetivo de garantizar las ganancias de un grupo específico”. También hace una definición que sería interesante tomar en toda su dimensión: para que haya delito “basta con saber quiénes fueron perjudicados”. Nada de todo esto es motivo suficiente para el oficialismo para negarse a pagar una deuda odiosa contra el pueblo trabajador.

Los símbolos de la política: el 24 de marzo

Mauricio Macri cumplió su papel habitual en esta fecha tan importante. Desprecio. No sólo no dedicó ni un tweet (aunque sea para cuidar las formas), sino que cruzó a Estela de Carlotto. Le sugirió que aprenda a perdonar a los secuestradores. Como aprendió a perdonar él, cuando vivió un secuestro. Siempre con comparaciones tan atinadas.

Si los símbolos han jugado un papel relevante en el discurso público del kirchnerismo y el peronismo, el acto encabezado de Cristina Fernández no fue la excepción. En el 45º aniversario del golpe militar, puso en primera fila al ex carapintada Sergio Berni. Al defensor de la mano dura. El mismo que se infiltró en las huelgas mineras de los ´90 para hacer espionaje contra los trabajadores. El que públicamente defiende a coro con Patricia Bullrich al policía asesino Chocobar. El que encabezó la represión a las familias de Guernica con topadoras y quemando sus precarias casillas y sus pocas pertenencias. Responsable del encubrimiento por la desaparición y muerte de Facundo Castro a manos de la policía bonaerense.

Otro símbolo fue el de ministro Martín Guzmán negociando con el FMI en la misma fecha. El mecanismo de la deuda externa para someter y atar países como el nuestro, es una de las herencias que la dictadura militar agravó y dejó hasta nuestros días. Sin que ningún gobierno constitucional lo cuestione por su ilegalidad e ilegitimidad. Una herencia que caló hondo en los partidos tradicionales. Porque a pesar de las diferencias y roces al interior del Frente de Todos, hay unidad… en honrar las deudas. Aunque sea “criminales”, se jactan de pagarlas.

Hubo una voz crítica, la de Hebe de Bonafini. Acusó al presidente Alberto Fernández de “arrodillarse ante el FMI” y apuntó también contra Guzmán. “El presidente dijo que iba a honrar la deuda…Señor presidente, sabe usted que la va a honrar con una gran deshonra, la va a honrar con el hambre de los hambrientos, con el trabajo de los trabajadores que van a ganar cada vez menos, porque esas son las exigencias”, fueron las palabras de la titular de Madres de Plaza de Mayo.

La coronación simbólica en este 24 marzo, se completó con una jornada donde las organizaciones políticas y sociales ligadas al Frente de Todos llamaron a desmovilizar. Abandonar la calle fue la continuación de “plantar memoria” con Sergio Berni y el FMI. Sin embargo, las plazas de todo el país se llenaron igual. Convocadas por organismos de derechos humanos independientes y la izquierda, contra la impunidad de ayer y de hoy. Y con miles de trabajadores y trabajadoras que hoy son protagonistas de múltiples procesos de lucha y organización, donde la precarización de formales e informales fue uno de los reclamos más sentidos.

Pandemia y lucha de clases

Sigue preocupando el riesgo de la segunda ola: los datos del viernes hicieron sonar alarmas. En 24 horas se registraron 143 muertes y casi 13.000 nuevos contagios de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández adelantó en una entrevista televisiva el fin de semana, que los próximos días hará nuevos anuncios para “maximizar los cuidados y minimizar la circulación en general”. Se espera que durante este domingo convoque a una reunión de gabinete para debatir los pasos a seguir.

En la Casa Rosada desmienten cualquier posibilidad de cierre, y se rumorea como posibilidad hacer cuarentenas focalizadas. Se busca a evitar a toda costa afectar la actividad económica.

Cada vez que se publican datos sobre la economía y el empleo, se expone la fragilidad de un rebote y una crítica situación social.

El INDEC informó que la desocupación aumentó al 11% a fines de 2020. Estos días también vuelve la preocupación sobre la situación habitacional de millones de familias, por la decisión del gobierno de descongelar los precios de los alquileres y dejar sin efecto la suspensión de los desalojos. Ambas medidas que se habían tomado en la pandemia, dejarán de tener vigencia a partir del 1º de abril.

Tiempo Argentino publica algunos datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en base a datos del último censo. Afirman que “en la Argentina existen unos 2 millones de hogares que alquilan y que abarcan a unas 8 millones de personas” que deben destinar en promedio un 40% de sus ingresos en gastos de alquiler. Según una encuesta del CELS y el Idaes-Unsam, “en el AMBA, durante el ASPO, el 66,6% de los hogares inquilinos vio reducidos sus ingresos y el 42,3% contrajo deudas de alquiler”. Con este cuadro, la ACIJ prevé que el cese del decreto significará “un aumento de las personas en situación de calle” y no descartan que se vuelvan situaciones como la toma de Guernica que se originó en “cientos de familias que perdieron ingresos y a quienes se les hizo imposible sostener los alquileres”.

Este cuadro es parte de las consecuencias que viene dejando el primer año de pandemia en la clase trabajadora. El equipo de investigación de La Izquierda Diario del “Observatorio de les trabajadores en la pandemia” publicó esta semana un informepormenorizado de ese impacto internacional y en Argentina.

A nivel global, dan cuenta que “durante el 2020 se perdieron el equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo, medidos en horas de trabajo, con América Latina y el Caribe encontrándose entre las regiones más afectadas (-16,2%), e impactando particularmente sobre las mujeres y jóvenes”.

Analizando la situación en Argentina, las conclusiones nos ubican dentro de los países más afectados. Actualmente hay 2,9 millones de trabajadores que se encuentran desempleados, incluyendo a desocupados y a aquellos trabajadores desalentados a la búsqueda de empleo. Haciendo una comparación interanual entre el último trimestre del 2020 e igual período del 2019, “la caída de los puestos de trabajo asalariados fue del 8,2%”. Esta realidad es muy diferente por sector: entre los registrados cayó un 3,3%, mientras que el no registrado lo hizo en un 18,8%. Los más afectados fueron los precarizados.

Concluyen que esta dinámica “consolida un mercado de trabajo con una fuerte composición no registrada que sufre primeramente las consecuencias de la crisis y un sector registrado que ve fuertemente reducida sus horas de trabajo”. Una realidad que empuja a muchos trabajadores a buscar un segundo o un mejor empleo, “expresando un deterioro en la calidad de los trabajos y los salarios”. Incluyen como parte de la explicación de la caída en la cantidad de horas trabajadas (22,6%), “la utilización de mecanismos intermedios de ataque como las suspensiones, el desempleo parcial y la reducción de la jornada de trabajo”.

Las definiciones que surgen de este informe no sólo explican los motores de los nuevos procesos de lucha y organización de trabajadores formales e informales y tomas de tierra como en Guernica. Demuestran que hay una disputa abierta contra los intentos desde arriba de consolidar el deterioro y la precarización de los trabajos y salarios. Y reafirma la necesidad de unir trabajadores ocupados y desocupados. Unir la fuerza de clase, que insisten en dividir empresarios y conducciones sindicales burocráticas.

PostData

Hay nuevos aires en la clase trabajadora norteamericana. En la ciudad de Bessemer, Alabama, las y los trabajadores de Amazon de Jeff Bezos están peleando por formar un sindicato. Hay un proceso de votación por correo que finaliza el 29 de marzo, y muchos lo miran con simpatía y como ejemplo, siendo EEUU un país con muy baja tasa de sindicalización.

Lo interesante de lo que está sucediendo en Alabama es la unión de dos demandas estructurales. La precarización y la discriminación racial. Como cuenta nuestra corresponsal de Left Voice desde EEUU, Tatiana Cozzarelli, en el semanario Ideas de Izquierda, la ciudad de Bessemer tiene 27.000 habitantes y el 71% es negra. En el artículo recorre la historia en Alabama de un “sindicalismo por los derechos civiles”, donde se unen las reivindicaciones laborales con las demandas de igualdad, dentro y fuera del trabajo. Van a encontrar la cobertura de este proceso en La Izquierda Diario, con nuestros corresponsales de Left Voice que se encuentran en Alabama. Mientras tanto, también pueden conocer más de este proceso con la primera edición del 2021 de Claves Internacionales.