Colegio de la ciudad de Antofagasta le niega matricula a estudiantes con deudas impagas, incumpliendo con la ley que prohibe la cancelación de dichas matriculas por el contexto sanitario.
Domingo 4 de abril de 2021
Comenzó el periodo escolar del año 2021, pero el inicio trajo consigo diferentes problemáticas, por un lado en la educación pública, aún los alumnos no cuentan con los insumos necesarios para poder realizar las clases correspondientes, ni siquiera los mínimos como es el internet para poder conectarse.
Por otro lado están los colegios subvencionados o particulares pagados, quienes en su mayoría no sufren las carencias de insumos que tiene la educación pública, pero que está viviendo otra cara de la educación de mercado heredada de la dictadura.
Claro ejemplo de esto es lo que está sucediendo en el colegio Costa Cordillera de Antofagasta, el cual le está negando la matricula a estudiantes con deudas impagas, incumpliendo con la ley que prohibe la cancelación de dichas matriculas por el contexto sanitario actual, razón por la cual una de las familias presentó un recurso de protección que salió favorable.
Mientras los dueños de estas empresas llamadas “Colegios” sólo piensan en sus ganancias, por ende en sus bolsillos, viendo a la educación como bien de consumo, el indice de desempleo ya llegó a 10,3%, la "ley de protección del empleo"- conocida como "ley de suspensiones" ha dejado en el caso de la región de Antofagasta, por lo menos 12.000 personas sin saldo en su Seguro de Cesantía y no nos podemos olvidar el colapso de las camas UCI refleja que hay sólo 199 disponibles a nivel nacional.
Lo que están viviendo miles de familias a nivel nacional y especialmente en la región, donde trabajadoras y trabajadores están siendo despedidos y otros tantos obligados a acogerse a la ley de protección del empleo, teniendo que sacar sus propios recursos para poder seguir alimentando a sus familias, el Estado no se hace responsable de las consecuencias que ha agudizado la crisis sanitaria.
El Gobierno hace oídos sordos a todas estas situaciones que está viviendo la población, sumándole a esto la problemática en la educación, donde en tiempos de pandemia se logró ver aún más el prototipo de educación de mercado, donde no importan los estudiantes y sus familias, sino que más bien, importa que las familias paguen por mejor educación, dejando fuera a aquellos que no pueden pagar, a pesar de que la educación es un derecho.
Es por todas estás razones que es necesario luchar por ingreso de emergencia, financiado con un impuesto a las grandes mineras y fortunas, donde las y los trabajadores no queden sin sustento para alimentar a sus familias. Además es necesario seguir luchando por la renacionalización de los recursos naturales como el cobre, litio y el agua, los que sean gestionadas por las y los trabajadores y las comunidades y con esos recursos poder entregar una educación de calidad para todos y todas.
