Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las 42 personas asesinadas, 22 fueron ejecutadas y 4 murieron por “uso excesivo de la fuerza” en la masacre de Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015.
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Jueves 18 de agosto de 2016
Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la presentación del informe informó que con base en “pruebas científicas y técnicas (…) se acreditaron hechos que implican graves violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos”.
Por su parte, Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, declaró que los hechos fueron “manipulados” por la Policía Federal, que “protegió” el lugar por poco más de cuatro horas, entre el final del operativo y el enfrentamiento, y la comparecencia del Ministerio Público Federal.
Abundó que también se sembraron armas a las víctimas: las acomodaron de forma deliberada, al menos dos hombres fueron torturados, a uno lo quemaron vivo y a otros les dispararon a quemarropa. Una relatoría del horror.
A su vez, respecto al operativo policiaco, la CNDH llegó a la conclusión de que la Policía Federal consignó datos falsos en el informe presentado sobre el hecho al afirmar que tuvo lugar entre las 8 y las 8:30 horas del 22 de mayo de 2015, cuando las pruebas recabadas en la investigación indican que inició entre las 6 y las 7 de la mañana, mientras las víctimas dormían en el Rancho del Sol.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), aunque declaró que admitirá la recomendación de la CNDH sobre el caso Tanhuato, niegan la conclusión del organismo de que se cometieron al menos 22 ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo con Renato Sales Heredia, titular de la CNS, el día de los hechos en Tanhuato, la Policía Federal respondió a una denuncia ciudadana, y afirmó que cuando los efectivos policiales llegaron al rancho solicitaron a los presuntos delincuentes que depusieran las armas, pero éstos dispararon a la policía.
La masacre de Tanhuato tiene varios puntos en común con la de Tlatlaya. Las fuerzas represivas son responsables de ejecuciones sumarias, también alteraron la escena de los hechos, sembraron armas a las víctimas e hicieron circular difamaciones de todo tipo sobre los muertos que ya no pueden dar su verdad.
La violencia institucional es ordenada y solapada por el gobierno de Peña Nieto y los gobiernos estatales, que hacen lo imposible por dar impunidad a su brazo armado.
Se trata de otro episodio de la “guerra contra el narco”, financiada por el gobierno estadounidense a través de la Iniciativa Mérida, utilizada para sembrar el terror en la población y mantener a raya la protesta social.
Es evidente que no lo han conseguido: ni la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni las masacres perpetradas por el ejército y la policía, ni la violencia del crimen organizado -en mancuerna con las instituciones de gobierno- ni los ataques represivos han podido silenciar distintas expresiones de la protesta social, como el caso del magisterio disidente y los normalistas que enfrentan la reaccionaria reforma educativa.
