Miércoles 22 de julio de 2015
El lunes 20 el juez de la Policía Federal (PF), Sérgio Moro, condenó a tres ex ejecutivos de la constructora Camargo Corrêa a 15 años de cárcel. Dalton Avancini – ex presidente-, Eduardo Leite y João Auler fueron condenados por los crímenes de corrupción, lavado de dinero y actuación en organización criminal. Las irregularidades fueron constatadas en contratos de la constructora con Petrobras en las refinarías de Getúlio Vargas, en el estado de Paraná, y Abreu e Lima, en el estado de Pernambuco.
El mismo lunes, la PF imputó a Marcelo Odebrech, presidente de la gigantesca constructora que lleva su apellido, y otros cuatro ex directores de la empresa por corrupción activa, lavado de dinero, fraude en licitaciones y crimen contra el orden económico. Según la PF, fueron encontradas pruebas de que Marcelo Odebrecht estaría actuando junto con políticos y abogados para dificultar las investigaciones. Todos los imputados están presos en Curitiba desde el 19 de junio.
Durante el ciclo de crecimiento económico vivido en Brasil en la última década, las dos constructoras fueron algunas de las grandes empresas que más aumentaron y obtuvieron altas ganancias. Muy por encima del aumento de la demanda en la economía, queda cada vez más claro que dichas empresas fueron beneficiadas por la íntima relación con el gobierno federal y con el algo estalafón de políticos corruptos en el Congreso.
La condena e imputación de ejecutivos aumenta la preocupación del Palacio del Planalto (ejecutivo) debido a las acusaciones que invlucran a las constructoras investigadas y el ex presidente Lula. El está acusado de recibir altas comisiones para favorecer a las empresas junto al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y promocionarlas en viajes al exterior.
Aumenta la presión sobre Cunha
Como prometió el viernes 17 al anunciar que dejaría la base aliada del gobierno de Dilma, los abogados del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, presentaron una declaración al Supremo Tribunal Federal (STF) pidiendo la anulación de la investigación de la Policía Federal en su contra en el caso de corrupción en Petrobras. Cunha fue acusado por ejecutivo de la constructora Camargo Corrêa de haber recibido 5 millones de dólares en propinas para actuar a favor de los intereses de la empresa.
La defensa del diputado del PMDB argumenta que por ser parlamentario y tener fuero privilegiado, Cunha solo podría ser investigado por el propio STF.
La decisión del presidente de la Cámara de romper conel gobierno federal y declararse parte de la oposición parece haber contribuido para minar el apoyo que recibe del PMDB. En conferencia en Nueva York el lunes, el vice presidente Michel Temer, también del PMDB y responsable por la articulación política del gobierno, minimizó la salida de Cunha diciendo que genera solo una “pequeña crisis política” y no “inestabilidad institucional”.
Por su parte, el diputado federal del PMDB por el estado de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, uno de los fundadores del partido, declaró al diario Folha de S. Paulo que es favorable al alejamiento de Cunha de la presidencia de la Cámara. El diputado indagó “¿cómo va a quedarse en la presidencia de la Cámara acusado como lo fue, con todas las letras y toda la claridad posible, por una persona que dice que le pidió 5 millones de dólares? Se hace difícil, inmensamente complicado”.
Sectores del PT conmemoraron las acusaciones contra Eduardo Cunha por ver en ellas una oportunidad concreta de generar su alejamiento, lo que abriría espacio para que alguien más “moderado” del PMDB asuma la presidencia de la Cámara. En este escenario, los petistas creen que uno de los principales elementos de inestabilidad de la crisis política estaría superado, dando mejores condiciones para que Dilma reaccione. Sin embargo, no es Cunha el responsable por la enorme crisis de popularidad del gobierno, sino el propio gobierno y sus medidas de ajuste fiscal y corrupción.
