Son casi 700.000 hectáreas las que tienen en su poder las Fuerzas Armadas en la región de Antofagasta, y solo el Ejército tiene varios terrenos que actualmente los está ofreciendo a través de ventas millonarias. Esto se da en un contexto de aumento del desempleo y la pobreza, expresado en la explosión de campamentos de nivel nacional, donde solo en la región viven más de 7.000 familias en estas condiciones.
Martes 20 de abril de 2021
Este lunes 19 de abril, en un programa realizado por el comunicador social Sebastián Videla, se dio a conocer un millonario negocio inmobiliario del Ejército en la región de Antofagasta.
De acuerdo a la información difundida, se trata de varios terrenos que posee el Ejército y que actualmente son ofrecidos en licitaciones públicas. Por ejemplo, solo uno de los terrenos- llamado lote 2c-2-, ubicado en avenida Angamos s/n, sector sur de la ciudad de Antofagasta, tiene una superficie de 17.533,86 metros cuadrados y un "precio mínimo" de 299.768 UF, es decir, casi $9 mil millones (son aproximadamente $8.828.167.600, según el valor de hoy de la UF).
Esto no es novedad, pues el Ejército ha vendido diversos terrenos a precios millonarios a inmobiliarias que luego construyen costosos edificios, casi inaccesibles en precio para la aplastante mayoría de la población antofagastina.
En el programa también dieron a conocer que en la región de Antofagasta son 687.000 hectáreas entregadas a las Fuerzas Armadas, durante las décadas de los 70 y 80, en plena dictadura militar; un hecho que ya había sido investigado hace cinco años en el Congreso.
Miles de familias viviendo en campamentos: "Los terrenos deben destinarse a la construcción de viviendas para la población"
En la región de Antofagasta hay 89 campamentos, 7.298 familias viviendo en estos asentamientos- donde el 98% no tiene acceso al agua potable- y 7.736 menores de 14 años habitando en estas condiciones. Los hogares tampoco cuentan con acceso formal a la electricidad, no poseen alcantarillado y muchos no tienen acceso a internet, por lo que las clases online son un privilegio.
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Sobre esta situación conversamos con el dirigente sindical de Orica Chile y del Partido de Trabajadores Revolucionarios, Lester Calderón, quien denunció "esta completa irracionalidad, donde hay miles y miles de hectáreas sin uso y, por otro lado, miles de familias viviendo en condiciones deplorables, de pobreza, sin acceso a servicios básicos, sin derecho a la vivienda digna".
Para el trabajador industrial y candidato a gobernador regional por Antofagasta, este hecho "es una razón más de porqué organizarnos hacia el paro nacional convocado este 30 de abril. No más regalías para quienes reprimen, estos terrenos deben ser destinados para la construcción de viviendas sociales", afirmó Calderón.
"Una de las demandas motoras de la rebelión es el derecho a la vivienda digna para toda la población. Nuestra región es un dramático ejemplo de desigualdad, acá se produce "el sueldo de Chile", el cobre está por el cielo, las grandes mineras y grupos como Luksic se han aprovechado de la pandemia y han aumentado estrepitosamente sus ganancias, pero la clase trabajadora, las y los pobladores, enfrentan el desempleo, la informalidad, la pobreza y el trabajo precario. Sumado a esto, no hay ningún derecho básico garantizado, ni salud, ni educación, ni tampoco vivienda, al contrario, los precios son totalmente inaccesibles para la gran mayoría de la población y acá solo se benefician los empresarios de las inmobiliarias e instituciones podridas como el Ejército, tal como se demuestra en este caso", denuncia el dirigente sindical.
En palabras de Calderón, "todos esos terrenos en manos de las Fuerzas Armadas deberían ser recuperados- sin ningún pago a esta institución que ya saquea recursos del cobre- y utilizados para la construcción de viviendas que sean destinadas para la población, de manera gratuita; al igual que todos los terrenos y construcciones ociosas que existen en la región y que solo benefician al negocio de grandes empresarios, deben ser puestas a disposición de planes de obras públicas, gestionados por trabajadores de la construcción, organizaciones vecinas y comités de viviendas".
