Un nuevo caso de desaparición forzada pone al desnudo la escabrosa realidad que ataca a los jóvenes santafesinos hoy: Leonel Martinez, Alejandro Ponce, Franco Casco, Carlos Godoy, Gerardo Escobar, Jonatan Herrera, Gabriel Joroba Aguirre, Dante Fiori, Maxi Godoy, Gabriel Riquelme son algunos de los nombres que ponen valores concretos a estas graves violaciones a los derechos humanos.
Jueves 19 de noviembre de 2015
Hace poco más de un año salíamos a las calles por Franco Casco, un joven albañil de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, que nunca llegó de regreso a su casa. En la comisaría 7ma pasaron cosas que aún la justicia no pudo determinar y luego de casi un mes su cuerpo fue hallado en el río Paraná. Allí cuando Luciano Arruga y los 30 mil volvían a nuestra memoria se materializó una vez más la palabra impunidad.
Enero del 2015 empezó marcando una tendencia de lo que se venía, A Jonatán Herrera lo balea la Policía de Acción Táctica en la puerta de su casa y se conoció la noticia de 12 muertes en manos de la Policía y narcotraficantes, en menos de 15 días, de los cuales 7 eran menores de 24 años, así comenzaba el año en Rosario.
En agosto otro hecho nos retrotrae a lo peor de nuestra historia, otra vez la desaparición y otra vez el río que nos entrega el cuerpo de Gerardo Escobar, la policía nuevamente involucrada, esta vez en un entramado con patovicas de la noche rosarina. Durante todo este tiempo las marchas se multiplicaron, exigiendo al Estado que se haga responsable de la violencia que el mismo genera, plasmando como grito de guerra que “a los pibes los mató la Policía”.
Ningún pacto internacional de derechos humanos, ninguna normativa de la Constitución Nacional, ni del código penal alcanza al Estado Nacional ni a la provincia de Santa Fe, por estos terribles hechos: asesinatos, desapariciones, torturas, apremios ilegales sumado a un gran ocultamiento de la verdad. Es su justicia la que defiende a la policía, “colabora” ocultando pruebas, inventando testigos, manipulando los hechos con el único fin de perpetuarse, de mantener intacto el aparato represivo del Estado.
Pero esto no es casualidad, sino que por el contrario son la pata que ejecuta los crímenes más aberrantes que la burguesía no puede cometer con sus propias manos, como lo hicieron en la última dictadura militar, desapareciendo una generación de luchadores. Miles de esos genocidas hoy siguen impunes, y “educaron” a los actuales integrantes de las fuerzas de seguridad. Y si no te gustan estos “maestros” tenemos a los narcopolicías, que son un gran ejemplo. Pero no nos preocupemos! El carapintada Berni viene en camino con su amigo “mataguachos” Granados y “el torturador de cárceles” Casal. O si gana Macri van a hacerles escuchas a la Policía con el Fino Palacios o traen las picanas eléctricas y todo solucionado.
Pero esta política represiva no es ninguna novedad, Rosario viene siendo “sitiada” por los polisocialistas desde el 2014 cuando desembarcaron a la fuerza más querida por la presidenta Cristina, la Gendarmería, profundizando ese plan con la maldita Policía Federal que hoy abarrota las calles de la ciudad. Así que tranquilos que hoy la cosa se... agudizó.
Alejandro Ponce estaba pescando con su hermano cuando la Policía apareció, se tiraron al río y con un cascote acabaron con su vida, a poco de arrancar noviembre.
Días después, Martín Leonel Martinez desaparece luego de estar varios días acosado por integrantes de la comisaría 25 de Villa Gobernador Galvez, era un niño de 15 años y todo indica que cayó en manos, de nada menos, que los integrantes de esta “famosa” dependencia, otrora responsable de la masacre que incendió a 13 jóvenes en el año 2000. Días atrás se lo habían llevado a la noche de su casa, irrumpiendo sin orden de allanamiento alguna, con un “modus operandi” que nada dista de los grupos de tareas en la época de plomo, salvo que pasaron casi 40 años del golpe de Estado.
Pongamos un freno a tanta impunidad
Nada los inmuta, nada los conmueve, los funcionarios provinciales siguen como si nada ante una catarata de muertes. ¿Será casualidad? La máscara de progresista se les desarma con cada bala que se cobra la vida de un pibe, el gobierno de Santa Fe es hoy un exponente en aplicar violencia institucional, condenando al pueblo trabajador y pobre a las garras de la brutalidad policial y penitenciaria. Ni siquiera se creyeron el cuento de la reforma y de manera cada vez más promiscua sus jueces y fiscales terminan tranzando con la maldita Policía. Son el mismo Estado que necesita de ese “control social” a través de su gobierno, su justicia, sus fuerzas represivas.
La contracara de esto viene de la mano de las familias que se organizan a partir de estos duros golpes, transformándose en protagonistas de estas peleas, siendo investigadores, fiscales y por sobretodo militantes, denunciando este entramado de injusticia.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda son los que salimos a luchar contra la política de Estado que consta en aumentar el poder de fuego. De la mano de las familias de las víctimas que hoy le ponen el cuerpo a esta gran denuncia, la tarea planteada es desenmascarar al Estado que reprime y que finalizando el 2015 deja como saldo números que demuestran la tremenda impunidad.
