Según las últimas versiones trascendidas, los aumentos por decreto para el sector privado impactarán recién en los haberes a cobrar los primeros días de febrero. El Gobierno viene anunciando subas salariales desde el último tramo de la campaña electoral, en el marco de un pacto con el empresariado y las burocracias sindicales. Resta por definirse la réplica de esta medida para el sector público, pero lo seguro es que las fiestas y todo enero la pasamos sin aumentos (¡de salarios!).
Martes 31 de diciembre de 2019 16:15
La promesa de un aumento por decreto que circuló fuerte como rumor durante gran parte de diciembre (si bien se desconocían los pormenores), aparecía como un posible aliciente a la desmejorada situación salarial de miles de trabajadores del sector público, que “rankean” entre los principales perdedores de los cuatro años de macrismo. Inmediatamente detrás del deterioro en el poder adquisitivo de los textiles (38,7%) y trabajadores de prensa (35,9%), los estatales vieron caer su salario en un 35%, con salarios que sólo llegan a cubrir el 39% de la canasta de consumos mínimos y permiten vivir nada más que 12 días al mes.
Sin embargo, los últimos detalles que se dieron a conocer indican que la agónica espera continúa: recién se cobraría con el sueldo de enero, a percibirse durante los primeros días de febrero. Además, desde el Gobierno aclararon que no se superpondrá con los aumentos pendientes en algunos gremios que hubiesen pautado ajustes en los primeros meses de 2020, lo cual anularía o disminuiría el efecto de esta suba.
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Mientras que el Gobierno se desvive por avisarnos que comenzaron con un ajuste sobre los que más tienen, lo cierto es que además de los jubilados que se vieron afectados por el cambio en la movilidad previsional y no recibieron bono, hay también un alarmante porcentaje de trabajadores debajo de la línea de pobreza, y son muchos los estatales que pasaron a engrosar ese indicador. ¿No es también de carácter urgente un aumento para los trabajadores y trabajadoras que más perdieron? Sostener los salarios a kilómetros de la inflación y las condiciones de vida tal y como Macri las dejó, ¿no es acaso un ajuste encubierto?
Es sabido que la gestión de Cambiemos se encargó de orquestar una brutal transferencia de riquezas directo del bolsillo de las familias trabajadoras hacia las porciones minoritarias pero más poderosas de la población: gobernaron lisa y llanamente para los ricos. Este traspaso de capitales se dio afectando al poder adquisitivo de los sectores populares y tomando a su vez medidas en favor de los especuladores financieros, de los banqueros, del agropower y otros tantos empresarios de grandes fortunas.
Hoy, con el país bajo el ala del Frente de Todos, un ajuste a los más “favorecidos” debería tener como correlato una mejora sustantiva de las condiciones de vida de quienes menos tienen. En definitiva devolver, como mínimo, lo que el macrismo le quitó a los pobres para dárselo a los ricos. Y no sólo entran acá los desempleados y los más precarios, hay también una abrumadora cantidad de trabajadores para quienes el sueldo realmente no alcanza. En el caso de las y los estatales, de una pérdida salarial de 3,7% en 2013, llegan a este nuevo cambio de gestión con un deterioro acumulado del 44%, de lo cual más de la mitad se corresponde con la merma sólo de este 2019.
Muy fin de año todo como para hacer medidas de fuerza
Párrafo aparte merece el rol desempeñado hasta el momento por la CGT. A estas alturas, el lector o lectora se preguntará cómo juegan en este tablero aquellos que se reúnen a conversar con el Gobierno en representación de quienes han perdido tanto. La respuesta los sorprenderá (o no mucho) porque, por ahora, las únicas que exigen, negocian, presionan y marcan la cancha son las cámaras empresariales, en tanto la cúpula de la central obrera se sienta allí a hacer gala de su obsecuencia ejemplar, así como de su sobresaliente capacidad de no hacer nada. Mucho menos a convocar a ningún tipo de medida a quienes vieron socavada casi la mitad de la capacidad de compra de sus ingresos.
La CGT y las dos alas de la CTA (La de Yasky y la de Peidró/Godoy), han aceptado al momento la negociación en los términos planteados, que implica en concreto la llegada del 2020 sin aumento efectivo, ni bono paliativo. En el terreno de la administración pública, no se ha escuchado aun por parte de las direcciones sindicales una postura respecto a la decisión del Gobierno de sostener el congelamiento de la planta estatal decretado por Macri, y los controles biométricos para el pago de un presentismo que se implementó como un “paño frío” para justificar las paritarias a la baja. Total, el “centauro” Andrés Rodríguez de UPCN vive tan bien como cualquiera de esos empresarios.
La necesidad acuciante de millones de trabajadores es la de recuperar lo perdido. La pelea que las centrales sindicales deberían dar para avanzar en este sentido es por aumentos en las paritaria que se acerquen al porcentaje que se perdió entre inflación y retraso salarial. Para el cuidado de la calidad de vida de millones de familias trabajadoras debe estar indexado al índice de la inflación que no parece que vaya a tener un freno en este 2020 que comienza. En definitiva, si fueron los empresarios y especuladores quienes nos sumergieron en esta crisis, las medidas del Gobierno deberían apuntar a que sean ellos quienes realmente paguen sus costos, y no seguir dejando ese peso sobre los hombros de las familias trabajadoras.
Leo Améndola
Trabaja en el MTEySS y es delegado de ATE-Trabajo. Miembro de Izquierda Diario y militante del PTS
