Actualidad. El 2020 comenzó confirmando la tendencia: un femicidio al día y sigue la impunidad

Es 3 de enero del 2020 y en las pantallas de los grandes medios aparece, insistente, el amarillismo que busca el rating con la muerte de mujeres víctimas de femicidio.

"Ocurrió el primer femicidio del 2020 y la madre del asesino lo defendió". "Misteriosa muerte de una mujer en Villa Devoto: ¿alguien lavó los rastros de sangre?". "Femicidio en Ituzaingó: mató a su ex mujer, intentó suicidarse y lo detuvieron los vecinos". Cualquiera puede seguir el ejercicio buscando en internet y encontrará prácticamente el mismo comportamiento en diarios y noticieros.

De fondo y mientras tanto, un dato alarmante se confirma: la tendencia con la que cerró diciembre, de una muerta por día a causa de los femicidios y crímenes de odio, se mantiene en los primeros días de la década que comienza.

Aunque en el país no hay cifras oficiales, Correpi, La Casa del Encuentro y el propio Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, vinculado al nuevo oficialismo, también aportan datos contundentes en estos últimos días de 2019. De esos datos se desprende, entre otras cosas, algo que denunciaron millones desde que en 2015, se instaló, con grandes movilizaciones callejeras, el grito de "Ni una menos": que no es un asunto privado, y que el Estado, sus instituciones y los gobiernos de turno, son responsables.

Números con nombres

• Una mujer cada 24 horas. Según el Observatorio de las Violencias de Género, al menos 30 mujeres fueron asesinadas por el sólo hecho de serlo durante el mes de diciembre. Las noticias de estos días, confirman que en enero de 2020, la tendencia se mantiene. Al menos una mujer por día muere a manos de la violencia machista. A fines de noviembre, el Observatorio había contabilizado 297 femicidios en los primeros once meses de 2019: el 63% habían sido cometidos por parejas o ex parejas; 267 niños y niñas habían quedado sin sus madres. Con los datos de diciembre el número ascendió a 327 niñes.

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• En el “Primer informe sobre mujeres afectadas por hechos de violencia doméstica por parte de sus parejas”, basado en datos del primer semestre de 2019, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, evaluó el riesgo de las personas que hicieron denuncias ese año. De los 12.235 informes que elaboró, el 76 por ciento son mujeres, el 64 % denunció a su ex pareja por agresiones; el grupo más afectado fue el de las jóvenes, de entre 22 y 39 años (62 %); el 78 % de las denunciantes tenía hijos convivientes y 7 de cada 10 no vivía con el agresor. Otro dato contundente que aporta el informe advierte que, debido a la enorme cantidad de denuncias recibidas, el organismo a cargo de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, tuvo que aumentar su personal en un 154%.

• Femicidios de uniforme. La Coordinadora Contra la Represión Institucional (Correpi), aporta otro dato sobre el que sería imposible no tomar nota, a menos que se procure esconder esta alarmante realidad: desde 1992 a esta parte , sobre un total de 647 mujeres, travestis y mujeres trans víctimas de estos crímenes, al menos 381 mujeres fueron asesinadas por integrantes del aparato represivo del Estado. El "Informe de la situación represiva nacional", que presentó la Coordinadora a fines de diciembre, sostiene que esto convierte a los "femicidios de uniforme" en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.

• Licencia para matar. El informe de Correpi también advierte que hasta fines de 2019, 1 de cada 5 mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género fue víctima a la vez de la violencia estatal. Y esa violencia no sólo proviene de instituciones como la Justicia, que tantas veces revictimiza a las víctimas cuando van a denunciar. También, como muestra Correpi, está encarnada en las armas reglamentarias que el Estado otorga a los uniformados garantizándoles de este modo la "licencia para matar", ya sea por portación de cara, ya sea por pertenencia de género, ya sea por el poder que otorga la impunidad con la que funciona esa institución represiva.

• Femicidios vinculados. Según el informe de Correpi, del esos 381 casos, al menos 44 fueron femicidios vinculados, es decir, de hijes u otres familiares o personas cercanas "a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas".

Mecanismos de impunidad

• No se nombra, ¿no existe? Los datos con los que contamos se desprenden, sin embargo, solamente del análisis de los diarios, del seguimiento de medios locales, regionales y nacionales que, aún con ese amarillismo que cuestionamos cubren la noticia, generalmente como un episodio más en su sección de "policiales". Otros casos no aparecen, porque ni si quiera llegan a un titular. Sus muertes directamente se desconocen y no pasan del dolor y el grito de justicia de familiares y amigues. Algo parecido a lo que ocurre con las cifras, las muertes, las internaciones y las graves consecuencias que tiene para la salud la práctica insegura y criminalizada del aborto clandestino.

• El Estado es responsable. Esos números que se silencian desde el propio Estado, desde sus instituciones, desde los gobiernos de turno, también hacen a la construcción de la impunidad, y no sólo la del femicida. Parece que esconder la realidad, mantener nuestra opresión, fuera más importante que cambiarla.

• En 2015, en el último año de mandato de Cristina Fernández, se estimaba que al menos una mujer moría víctima de femicidio cada 30 horas en el país. Hoy se estima que eso sucede al menos una vez por día. Esa realidad, que es sólo la manifestación última de una violencia que tiene distintas expresiones, como reconoce la propia ley de violencia contra las mujeres (2006), es parte de lo que ningún gobierno se ha propuesto transformar de manera estructural. Y eso también construye impunidad.

• Lo muestra el promedio de dos refugios por provincia que hay en la actualidad, mientras la crisis y el ajuste golpean a las que menos tienen para salir de la situación en que se encuentran; o los despidos que siguen vaciando y flexibilizando los programas de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia, como sucede hoy en La Plata, donde el intendente Garro deja en la calle a las trabajadoras la Secretaria de Políticas de Género y Diversidad . Dos ejemplos, solamente, de esa impunidad que sólo puede construir más impunidad.

• Pero eso que no quiere hacer ningún gobierno, es también lo que no quiere debatir ninguna de las cámaras del Congreso Nacional. Con el aval de los partidos mayoritarios, del macrismo, el Frente de Todos y el peronismo en su conjunto, decenas y decenas de proyectos duermen en los cajones parlamentarios. Eso también construye impunidad.

• La creación de ministerios con nombres apropiados, o la composición paritaria de las Comisiones del Congreso, lo sabemos, no son suficientes. Para paliar al menos la situación de violencia que viven miles de mujeres, se necesita que se garanticen mínimamente ciertas medidas básicas, elementales, que permitan a las mujeres salir de la situación en que se encuentran.

• Refugios, casas y créditos para las que menos tienen; acceso al trabajo, a las licencias laborales, a un salario igual al costo de la canasta básica familiar; el derecho a que se garanticen las leyes que deberían asistir a las mujeres y a sus hijes, como la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, son materia más que pendiente en el camino de avanzar en la conquista de todas las libertades. Un derecho que, sin dudas, se arrancará en las calles, confiando en las propias fuerzas y aliándonos a quienes tampoco tienen para perder nada más que sus cadenas.

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