ECONOMÍA ESPAÑOLA. El Banco de España no se cree los presupuestos de 2022 y pide ajuste en el gasto social: hay que preparar la respuesta

La coalición “progresista” que habita la Moncloa ha comenzado la semana navegando en las aguas turbulentas de una incipiente crisis de gobierno, posiblemente la más profunda de las sufridas hasta ahora. Las dudas del PSOE respecto de la reforma laboral y el escandaloso arrebato del escaño del diputado por Podemos Alberto Rodríguez, forzado judicialmente y autorizado en última instancia por Meritxell Batet, son los precursores de esta crisis.

Todo parece indicar que se terminará reconduciendo la situación de crisis política: un proceso electoral inmediato si se rompiese el Gobierno no augura nada bueno ni para el PSOE ni para Unidas Podemos. De momento, la crisis del exdiputado ya ha sido “resuelta” al ser abandonado a su suerte por parte de Unidas Podemos -Rodríguez ha dejado hasta la formación morada-, más allá de protestas formales en los despachos y ante la prensa. Respecto a la derogación de la reforma laboral, lo más probable es que acabe en una aproximación de las posiciones que termine diluyendo aún más lo poco que ya se iba a reformar, teniendo en cuenta que Unidas Podemos ya hace tiempo abandonó la posición de derogación total.

Mientras tanto las burocracias de CCOO y UGT, aunque amenazan con posibles movilizaciones si no se derogan los aspectos más lesivos de la reforma, de momento siguen mirando para otro lado. Nada aventura que vayan a tomar ninguna medida de lucha seria para revertir la infame reforma laboral de Rajoy en su totalidad, no digamos de la de Zapatero que también supuso un fuerte ataque a los derechos laborales y de la que ni se habla.

Por otra parte, continúan los embates del poder judicial contra el Gobierno, que le ponen en apuros con múltiples sentencias y acciones judiciales del Constitucional y el Tribunal Supremo. El cuestionamiento del primer decreto del estado de alarma, pasando por las restricciones de actividades en las Cortes durante las primeras semanas de la pandemia, a los intentos de reconducir el proceso catalán hacía posiciones autonomistas, son algunos de los flancos abiertos con la judicatura. Lo último fueron las acciones del juez Llarena hace pocas semanas para llevar a Puigdemont a la cárcel tras su detención en Italia, y de paso dinamitar los apoyos parlamentarios de los independentistas catalanes, sostén fundamental para el Gobierno de coalición.

Encima el crecimiento de los precios energéticos de la luz sigue en un alza que parece imparable. El precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha multiplicado más de un 400%, mientras el gas, el petróleo y otros muchos bienes y servicios esenciales, siguen la misma senda. Una dinámica que explica en gran medida que la inflación se haya disparado al 4%, y se esperan subidas en el resto de sectores que todavía han estado conteniendo los precios. Un escenario que está poniendo contra las cuerdas al Gobierno y dejando al desnudo las limitaciones de sus “políticas sociales” sin cuestionar los beneficios empresariales. Lo último ha sido la marcha atrás en el ataque a una parte minúscula de los beneficios extraordinarios, cifrados en 2.600 millones, de las grandes eléctricas ante sus amenazas directas.

En este contexto, el lunes pasado compareció el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, poniendo en jaque las previsiones de crecimiento del PIB para este año y el que viene, que había realizado el Gobierno “progresista” y que son las bases materiales sobre las que se sustentan las cuentas públicas para el ejercicio de 2022.

La economía española no alcanzará velocidad de crucero

Según el gobernador De cos, que abría el pasado lunes las rondas de comparecencia parlamentarias de altos cargos con que se inicia la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, la economía española crecerá bastante menos que lo que auguraba el Gobierno. La rebaja estimada es considerable y es un duro golpe para el Gobierno de Sánchez. Todas sus esperanzas de consolidación política y fortaleza de cara a finalizar la legislatura y volver a ganar en las próximas elecciones, se basan justamente en la combinación de un rebote de la economía durante 2021-2022 y el acceso a los fondos europeos que permitan dejar atrás la crisis de la Covid 19.

El Banco de España ha pasado a situar el crecimiento de la economía española en el 5,6% para 2021 y en el 6,1% para el año 2022, es decir, una rebaja considerable, de un 0,7% menos para 2021 y casi un punto inferior para 2022, respecto de las previsiones del Gobierno. Con esta estimación, el BdE ha rebajado su propia previsión de solo hace unos meses, cuando parecía que con la campaña de vacunación masiva y el incremento de la movilidad y el turismo sería factible un fuerte rebote (estimaba entonces un crecimiento del 6,3% para 2021, igual que el Gobierno, y un 5,9% para 2022).

Pero todo se torció con la fuerte corrección del INE que dejó el crecimiento del segundo trimestre de 2021 en tan solo un 1,1%, cuando el Gobierno había previsto que crecería en este período un 2,8% en las estimaciones previas. Solo esto, ha señalado Hernández de Cos, “lleva automáticamente a una significativa revisión a la baja”. Por otra parte, el gobernador destacó que se ha producido un importante deterioro reciente en las exportaciones, consecuencia de los cuellos de botella que se han producido en la industria ante la violenta ruptura de las cadenas de intercambio de producto y valor a escala internacional. Esto ha producido un encarecimiento de las materias primas y otros productos intermedios, así como un desabastecimiento tanto en las materias primas como en los productos intermedios esenciales en la producción que están generando prácticamente un colapso productivo. Además de fuertes tendencias inflacionistas que, aunque algunos expertos consideran que son temporales, todo parece indicar que pueden durar bastante tiempo, si es que no se transforman en un proceso estructural de precios altos y dificultades para aprovisionarse de materias primas y productos intermedios como los microchips durante largos periodos.

Hernández de Cos indicó que las exportaciones europeas, consecuencia de la tormenta económica perfecta desencadenada por la brusca interrupción de las cadenas de intercambio comerciales, han sufrido un descenso del 7%. Esto impactará gravemente en las exportaciones española. De hecho, ya se están produciendo cierres temporales de plantas industriales, en especial en el sector del automóvil, pero también en otros sectores como telecomunicaciones, metal, etc. Respecto del rebote de la inflación, cifró sus consecuencias en que un aumento permanente de tan solo el 10% de la luz, cuando hemos tenido un incremento de más del 400% en el mercado mayorista que marca los precios, en los consumidores finales generaría una pérdida de unas tres décimas del PIB a largo de tres años.

Por todos estos factores son muchos los analistas que han comenzado a revisar a la baja sus cifras iniciales de crecimiento para el Estado español, no solo el Banco de España. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el FMI, que ha establecido unas previsiones medias de crecimiento medio de avance del PIB del 5,6% este año y el 6,1% el próximo, un punto de rebaja prácticamente respecto a las previsiones oficiales y coincidiendo con la última previsión del Banco de España.

En esta coyuntura y tras la caída sufrida por la economía española durante 2020, que alcanzó récords en el seno de la UE, lo que supuso una pérdida del 10,8% del PIB, hace que se retrase mucho más de lo estimado la recuperación en el tiempo de la situación de partida. Todavía nos encontramos un 8,4% en puntos del PIB por debajo de la situación de prepandemia, cuando en la zona euro están solo 2,5% de media por debajo. Para Sánchez será muy complicado lograr el objetivo de recuperar todo lo perdido antes de que desde la UE se empiece a exigir el cumplimiento de la disciplina presupuestaria y se finalicen las políticas expansivas de compra de deuda del BCE. Este escenario podría poner en un grave aprieto la solvencia de la deuda española y elevar su carestía gravemente, además de obligar al Gobierno a adoptar políticas de ajuste del gasto público “antes de tiempo”, sin superar lo que repercutirá gravemente en las condiciones de vida y los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores.

Es un hecho que el empleo ha sufrido menos, sobre todo gracias a los ERTE, pero esta política de salvamento empresarial ha supuesto un enorme endeudamiento ante el coste para el Estado de la parte de los salarios asumidos, 70%, y por las rebajas y deducciones de la seguridad social que han agrandado el agujero de la Seguridad Social. Y no se puede extender indefinidamente en el tiempo. Por lo que es posible que se produzca un incremento en gran parte del desempleo embalsado una vez se den por finalizados los ERTE.

Todo esto puede dificultar el aprovechamiento de los fondos europeos, de los cuales 72.000 millones son a fondo perdido. Ya de por sí estos fondos se destinarán fundamentalmente para engrasar las cuentas de resultados de las grandes empresas del IBEX 35 y empujar el proceso de “transición ecológica” y transformación digital sin que prácticamente les cueste un duro de sus propios recursos. Así, el gran “plan social” del Gobierno “progresista” es que las empresas salgan reforzadas con fuertes inyecciones de dinero público, mientras las y los trabajadores sufrirán los ataques ante los recortes sociales que se avecinan para pagar la factura del endeudamiento y las contrapartidas exigidas por Bruselas.

Plan de Consolidación Fiscal y Recortes

Hernández de Cos cerró su comparecencia advirtiendo que la única posibilidad para reducir la ingente deuda pública, 120% del PIB para 2022 pasa por la posibilidad de un fuerte crecimiento del PIB, algo que parece improbable que se produzca con la intensidad necesaria para lograrlo. Así se produciría una reducción del peso relativo de la deuda sobre el PIB, hasta ubicarla por debajo de ese 120% de deuda pública. Algo similar ocurriría con el déficit que también se mide en términos de PIB. Y que Hacienda anhela rebajar el 8,4%.

Pero esta no será la música del futuro. Al contrario. Por ello el gobernador planteó con claridad meridiana que hará falta implementar desde ya planes de “reconducción a medio plazo de la deuda” que tengan “rigor, prontitud y amplios consensos” de cara a su efectividad. Es decir, y en román paladino, ir estableciendo desde ahora un calendario de recortes sociales que vayan ajustando el déficit público y la deuda a las exigencias de la disciplina presupuestaria que exigirá Bruselas. Esto sumado obviamente a los compromisos directos que llevan aparejados los fondos europeos en materia de pensiones y mercado laboral, que se irán implementando según se vayan superando los exámenes de la UE para ir liberando los fondos que, en caso contrario, quedarían suspendidos y bloqueados.

Para Hernández de Cos la previsión de ingresos del Gobierno fijada en los Presupuestos adolece de “optimista” en la estimación de las cotizaciones sociales e incluso en la recaudación de impuestos. Una lectura que viene s sustentar un nuevo ataque a la indexación de las pensiones a los precios, porque en su opinión requerirán mecanismos de ajustes adicionales. Por ello el gobernador invita al Gobierno a que tenga en cuenta los estudios de la Airef para reducir el gasto estructural y plantear un plan de “reequilibrio fiscal a medio plazo”. Esto no es otra cosa que atacar la consolidación del gasto sanitario producido durante la pandemia, cuando resulta esencial recuperar toda la inversión perdida en sanidad desde la crisis de 2008, a lo que se suma un cuestionamiento a la subida por la inflación de las pensiones y del 2% de los funcionarios, aunque en realidad van a perder poder adquisitivo con una inflación actual del 4% y una media anual del 2,2% y subiendo.

El déficit estimado por el Gobierno, con el que coinciden los análisis de la Airef, es del 7,9% sobre el PIB para 2021 y el 4,8% para 2022. Por lo tanto, una reducción enorme de un año para otro del 3,1% en puntos sobre el PIB nada menos, augura importantes recortes en gasto social.

Está claro por tanto que avecinan importantes ataques a los derechos sociales y laborales de las y los trabajadores, en un contexto de subida de precios generalizada e importantes rebajas en derechos laborales. El caldo de cultivo perfecto para que tenga lugar un retorno de la lucha de clases al centro de la escena política del país.

Ante esta perspectiva, el Gobierno “progresista” pretende lograr una paz social asentada en el incremento de la explotación, la precarización y la miseria de amplias capas de los y las trabajadoras y las clases populares. Para ello cuenta con la inestimable colaboración de las burocracias sindicales de CCOO y UGT para que no muevan los pies del plato, al tiempo que hacen su correspondiente labor de desvío, contención y aislamiento de las posibles luchas laborales que se puedan plantear.

La necesidad de avanzar en el desbordamiento de las direcciones de las cúpulas sindicales burocratizadas de CCOO y UGT es una tarea vital del movimiento obrero. La izquierda sindical, los sectores combativos de CCOO y UGT y la izquierda que se reivindica anticapitalista, tienen el desafío de iniciar una gran campaña para exigir a las direcciones de los sindicatos “mayoritarios” que rompan su subordinación al gobierno y la patronal. Con asambleas organizadas desde abajo en los centros de trabajo, de estudio y en los barrios, ya es hora de marchar hacia un paro general de 24 horas y un plan de lucha por la derogación de las reformas laborales y "pensionazos" de Rajoy y Zapatero, por recuperar los derechos perdidos respecto las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales, y contra el ajuste que viene.