La responsable de la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche, Sylvia Little, le solicitó al juez federal subrogante de esa jurisdicción, Gustavo Zapata, el desalojo de las familias que se encuentran en dos predios del INTA. Amenaza represiva ante el déficit habitacional.
Martes 8 de septiembre de 2020 20:24
La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, solicitó al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata el desalojo de 133 familias que ocupan dos predios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la localidad del El Bolsón.
El intendente del El Bolsón, Bruno Pogliano (Juntos Somos Río Negro), reclamó el desalojo para recuperar estas 60 hectáreas de reserva forestal del Instituto de Tecnología Agropecuaria.
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La fiscal requirió que se notifique a las Secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que una vez cumplida la medida, brinden alojamiento a las personas.
En su dictamen, Sylvia Little indicó que “estamos en presencia de un especial conflicto enmarcado en la seria crisis económica y habitacional que transita el país, no solo a consecuencia de la Emergencia Sanitaria vigente en virtud de la propagación del COVID-19 sino también producto de décadas de falta de políticas públicas serias en la materia”, y agregó que “negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha Reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”. A pesar de sus declaraciones, la salida que decide es la amenaza represiva ante las familias que no tienen hogar.
Hace décadas que El Bolsón padece un problema habitacional por falta de un plan de viviendas acorde a las necesidades de las mayorías. Sin embargo, la “solución” que ofrecen los gobiernos es la criminalización y la exclusión de los sectores que recurren a la toma de tierras fiscales ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.
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