Río Negro. El Bolsón: la miseria patronal es la pandemia

El pasado viernes 25 los trabajadores protagonizaron lo que ellos llaman una visibilización, apostando los colectivos de la empresa frente al municipio de El Bolsón, para pedir a la intendencia gestiones para conservar su trabajo. Lo propio hizo otro grupo frente a la municipalidad de Lago Puelo, para pedir se aceleren los reclamos para el cobro de la deuda que la provincia mantiene con la empresa.

Son más de 50 choferes, que junto a mecánicos, pañol, limpieza y administración se enfrentan a tres meses de suspensión en función de la cláusula 121 del convenio de transporte, amparándose en el vacío a este respecto que el DNU de prohibición de despidos firmado por Alberto Fernández dejó. Asimismo, la empresa comunicó a los trabajadores el cese de pagos de salarios hasta fines de junio, mientras pago la mitad de marzo y dio adelantos correspondientes a abril por $5000 a $10000.

El vocero de los trabajadores, en dialogo con La Izquierda Diario nos comenta que no tienen delegado gremial y que UTA nunca se hizo presente. Con muchos años en la empresa, y más de 30 de chofer, comienza a preocuparle su pronta jubilación. “Hay cosas que no sabemos, lo que se trata de convenios, acuerdos, subsidios no estamos al tanto, no nos muestran a nosotros.”

El pasado 20 de Abril, el ministro de desarrollo productivo Matias Kulfas, y el de trabajo, Claudio Moroni, anunciaron la extensión del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que establece el pago por parte del Estado con plata del ANSES de hasta el 50 % de los salarios de los trabajadores de empresas privadas.

El entrevistado hace cuentas rápido, “Por lo que nos comunicaron, que es todo informal, por mensaje de whatsapp, el Estado se haría cargo del 25% de los sueldos en blanco. Si es así, a mí me van a estar dando $3000, una miseria. Porque estoy ganando unos $40000 pero en el recibo me figuran $12000, con una categoría que es de chofer opcional, porque en el manejo estamos 4 horas por ahí, pero tenemos que estar a disposición todo el día. La mayoría estamos en esa condición. Por eso no nos están tributando las ocho horas que necesito para jubilarme, y estoy llegando a los 60 años. Ahora nos dice la patronal que nos van a pagar el 25% del sueldo". Otro trabajador, con 6 años en la empresa, nos comenta “yo gano $35000, pero el recibo de sueldo dice $9000 o $10000, y todos estamos más o menos en esos números”

Comienzan a recorrer ahora el camino de su propia organización para hacer frente a esta situación. Por un lado, se encuentran ante el peligro de perder la fuente laboral por la amenaza de cierre de la empresa. Por el otro, descubren que las irregularidades que la necesidad laboral los llevó a tolerar por años, los deja completamente desamparados en medio de la pandemia.

Claramente, no enfrentamos en paridad de condiciones la crisis abierta por la emergencia sanitaria. Mientras ellos, la patronal, tienen resto para esperar el fin de la cuarentena, los y las trabajadoras deben sobrevivir con sueldos miserables y condiciones de pauperización crecientes. Hoy los choferes de La Golondrina, despiertan a esta realidad en un contexto complejo y de incierta definición. De su capacidad de organización y respuesta dependerá mucho de su futuro.

Las “razones” de la patronal

Como parte de las medidas dispuestas por el DNU 297/2020, se redujo el horario de circulación y la capacidad de pasajeros a la mitad, los ingresos de la empresa se vieron mermados desde el pasado 20 de marzo. El 17 de abril la empresa anunció la paralización del servicio, dejando sin transporte a innumerables parajes y barrios.

Pascual, dueño y fundador de la empresa, ha dejado en manos de su hijo el manejo de la misma, hoy dividida en La Golondrina SA del lado rionegrino y La Comarcal del lado de Chubut. La división responde a ventajas tributarias del lado chubutense y a la posibilidad de facturar el servicio de transporte escolar a ambos lados del paralelo. La empresa ha crecido mucho en sus 36 años de historia, llegando hoy a alrededor de 50 unidades en circulación.

Lezcano, el actual gerente de la empresa, denuncio en un medio local que Chubut adeuda cerca de $12 millones a la empresa desde el año 2017. Aduce que ese dinero garantizaría la continuidad del servicio, permitiendo pagar alrededor de $2.5 millones por mes de salarios y otro tanto en combustible. Ese es el motivo por el cual la patronal promovió la movilización de los trabajadores el pasado 25 de abril, pero también es la trampa en la que quieren hacer caer a los trabajadores, escondiendo su responsabilidad.

Una maraña de subsidios para garantizar los negocios

Desde 2015 en la provincia de Chubut se implementó el Transporte Escolar Gratuito (ley VIII 114) por el cual el Estado reconoce a las empresas un 50% de valor pleno de cada boleto. Además desde el 2011, la empresa presta el servicio de transporte escolar en la comarca. Sin embargo, cada año comienza con nuevas negociaciones para que el Estado lo garantice.

Durante el gobierno de Macri, los aportes de Nación habían sido recortados como parte del pacto fiscal firmado con los gobernadores. Además, el ejecutivo pospuso reiteradas veces las deudas a proveedores del Estado como parte de la emergencia económica declarada en 2017 y prorrogada sucesivamente ante la profunda crisis de deuda que afronta el Estado provincial.

A partir del convenio firmado el 30 de enero último entre Nación y provincias, se congeló el precio del boleto al primero de enero, mediante la implementación de subsidios a las empresas. En Rio Negro, se destinarían $77,3 millones desde Nación en el primer cuatrimestre y $56,6 millones desde la provincia. Chubut también anunció su adhesión al convenio por el cual Nación se comprometía a aportar $300 millones, mientras la provincia renovaba la inversión de $800 millones para subsidiar a las empresas a través de los municipios, entre los cuales estaba incluido Lago Puelo.

De acuerdo a la página del ministerio de transporte de la nación, por el fondo de compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano contemplado en el mismo convenio, se destinaron al 5 de febrero $209.267.39 al municipio de Lago Puelo en Chubut, mientras en Rio Negro $3.451.720 se repartieron a nivel provincial para las empresas que no implementaron la SUBE, como es el caso de La Golondrina. Estos montos fueron replicados en el mes de marzo. Asimismo, por resolución 14/20 del ministerio de transporte, se estableció un subsidio de $14700 por trabajador registrado y $20 por litro de gasoil.

El pasado 22 de abril, Carreras en teleconferencia con el Ministro de Transporte Meóni, anunció la extensión del subsidio para el próximo cuatrimestre en Río Negro. La gobernadora además se comprometió a duplicar los $14 millones que destinó en marzo como subsidio provincial al transporte como parte de las iniciativas para hacer frente al parate del sector en el marco de la pandemia, a cambio de que las empresas mantengan su personal hasta el 30 de abril.
Asimismo, El municipio de El Bolsón adhirió en enero al convenio provincial para la prestación de servicios de transporte escolar gratuito y comedores escolares que en toda la provincia significan más de $712 millones repartidos entre 26 municipios.

Tanto subsidio ¿será que la patronal es lo que no sirve?

Con todo este dinero en danza por parte del erario público, cabe preguntarse porque un servicio esencial como el transporte urbano de pasajeros no está en manos del Estado.

Al fin y al cabo, las patronales siempre aducen perdidas y es el dinero público el que garantiza la prestación de un servicio esencial para el pueblo trabajador, más aún en el contexto de la actual pandemia. Mientras continúan los impuestos al salario (mal llamado ganancias) y un esquema impositivo regresivo en base al IVA que grava el consumo popular, el Estado destina millones a subsidiar a los empresarios. Los mismos empresarios que hoy lanzaron una lucha feroz contra el impuesto a la fortuna, incluso contra el tibio proyecto del Gobierno.

El pago de parte de los salarios de los trabajadores de empresas como Techint o PAE con dinero de la ANSES, es realmente escandaloso toda vez que son esas empresas las que amasaron fortunas con la precarización laboral y la evasión impositiva durante décadas. No es muy distinto el caso de La Golondrina, que ha evadido aportes patronales por décadas, sólo cambian las escalas. Si de indemnizar o regularizar la situación de los trabajadores se trata, la empresa ya es de ellos.

La apertura de los libros contables, para saber dónde han ido a parar estos subsidios fabulosos, es una exigencia elemental sobre la cual pelear por una salida en favor de las 80 familias que dependen de esta fuente de trabajo y para los usuarios del servicio.

La estatización bajo control de sus trabajadores es una necesidad urgente en este contexto, sobre todo cuando hablamos un servicio esencial como el transporte urbano de pasajeros. Después de todo, a fuerza de subsidios y créditos, el Estado es quién financia este bien esencial. Se trata pues de sacar de en medio a quienes lo hacen ineficiente, los patrones, y poner al frente a quienes lo hacen posible, los y las trabajadoras.