El gobernador de Nuevo León anunció que tras las complicaciones presupuestales para hacer frente a la crisis sanitaria y la baja recaudación, el pago de aguinaldo y otras prestaciones de los trabajadores del estado están en duda
Jueves 17 de septiembre de 2020
Al finalizar la ceremonia que conmemora el inicio de la Guerra de Independencia, Jaime Rodríguez, gobernador del estado, reconoció que hay dificultades para cubrir la nómina estatal en lo que tiene que ver con las prestaciones de los trabajadores.
Aseguró que su gobierno no tiene la intención de despedir a ningún trabajador, pero que, para hacer frente a la crisis es necesario realizar ajustes. Para el Bronco los trabajadores deben elegir entre conservar el empleo o conservar las prestaciones. También mencionó que se platicará con el sindicato para llegar a un acuerdo.
La intención del Bronco de reducir las prestaciones de los trabajadores no sólo es ilegal y violatoria de derechos laborales, además es profundamente cínica, una vez que el gobernador tiene un sueldo de más de 100 mil pesos.
Desde luego que el recorte no afecta por igual al gobernador, los presidentes municipales, los diputados ni los senadores, quienes con sus sueldos son capaces de enfrentar cualquier imprevisto económico, en contraste, los salarios de los trabajadores estatales, con el costo de la crisis apenas y alcanzan a llegar a fin de mes.
Este ataque a los derechos de los trabajadores estatales se suma a la oleada de despidos que recorrió la administración federal al iniciar el gobierno de López Obrador. Aunque no hay cifras oficiales se habla de más de 22 mil despidos bajo el pretexto de la política de austeridad. Además de esto la marca registrada de los gobiernos federal y estatal es la simulación contractual y el outsourcing que mantiene a miles de trabajadores en la precariedad.
Contrario a los dichos del gobernador sobre que una posible reducción de las prestaciones se acordaría con los trabajadores, la realidad es que cualquier acuerdo entre el sindicato y el gobierno será a todas luces a espaldas de la base.
También anunció que para el próximo año los recortes llegarán a todas las dependencias. Lo anterior se traduce en posiblemente más despidos y violación de derechos, pero además, ante la falta de insumos y materiales necesarios los trabajadores se verán en peores condiciones para realizar sus tareas.
Una salida distinta
Cuando el Bronco ganó la elección lo hizo generando grandes expectativas sobre la posibilidad de un cambio con un "candidato independiente". Al transcurrir más de la mitad de su sexenio, el gobierno de Jaime Rodríguez, no muestra diferencia alguna con los gobiernos del PRI y el PAN. Ante la crisis la respuesta de unos y otros, de patrones y el gobierno, es la misma: recortes, despidos y precarización para los trabajadores.
Durante los meses de pandemia, trabajadores del sector público y privado enfrentan los despidos, las reducciones salariales, el aumento de la jornada laboral con el teletrabajo, el incremento del trabajo doméstico por el confinamiento, así como, el incremento en el costo de muchos productos de la canasta básica y los gastos en insumos y tratamientos médicos.
El gobierno asegura que no hay recursos suficientes para costear los requerimientos del sistema de salud y respetar los derechos laborales. Pero el gobierno no trata igual a los trabajadores y los grandes empresarios.
Tan sólo en Nuevo León, el Grupo de los 10, que aglutina a algunos de los diez empresarios más ricos de México recibió toda la atención del gobierno para abrir lo más pronto posible la industria, incluso en los sectores no esenciales, sin importar la salud de los trabajadores. Además muchas de las empresas de este selecto grupo son precisamente aquellas que no dudaron en despedir ilegalmente a sus empleados. Sin olvidar que desde el inicio de la crisis son los mismos que presionan fuertemente al gobierno federal para lanzar un plan de salvataje al sector privado.
La falta de recursos puede revertirse con la implementación de impuestos progresivos a las grandes fortunas, empezando por las del Grupo de los 10. Así podríamos incrementar significativamente el presupuesto a salud y garantizar plenos derechos laborales.
Además es necesario abandonar la política de militarización que, como nos recuerda la experiencia de la guerra contra el narco, sólo recrudece la violencia y quienes pagan los platos rotos son los sectores populares y sus familias. En vez de invertir millones en la guardia nacional, todo ese presupuesto debe ir dirctamente a garantizar mayores recursos para el sistema educativo, para salud, y para poner a los trabajadores en mejores condiciones para enfrentar la crisis sanitaria y económica.
