La sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman, quien una semana antes había acusado a Cristina Fernandez de Kirchner y al canciller Timmerman, con la colaboración de otros reconocidos kirchneristas, de encubrir la responsabilidad de Irán en la voladura de la AMIA, a cambio de transacciones comerciales, abrió las puertas a una crisis política que a tres días de ocurrido el hecho todavía no puede dimensionarse en toda su envergadura.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Miércoles 21 de enero de 2015
Si bien todavía no puede determinarse el carácter de la muerte de Nisman, sí se sabe de las profusas relaciones que el fiscal tenía con los servicios de inteligencia, de hecho su acusación hacia Irán en la masacre de la mutual judía estaba basada en informes armados por servicios, tanto locales como extranjeros (CIA, Mossad –Israel-) y también hay otra certeza: en estos 11 años de gobiernos kirchneristas no se avanzó un centímetro en debelar la “pista local”, es decir: la responsabilidad que tuvo el Estado argentino en la causa AMIA.
Es por eso que en un comunicado del día de ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dirigido por el periodista oficialista Horacio Verbitsky, se ve en la obligación de plantear: “(…) Hace diez años, en marzo de 2005, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos por no haber prevenido los hechos, por la denegación de justicia a causa del encubrimiento y por el incumplimiento del deber de investigarlos. En esa oportunidad el Estado se comprometió a informar a la población, investigar los hechos, prevenir su repetición, compensar los daños y reformar la ley de Inteligencia. Estos compromisos no se cumplieron.”
Esta crítica del organismo afín al gobierno que representa a algunos familiares de las víctimas, es una muestra de la crisis política en curso.
A su vez otro sector de familiares de las 85 víctimas de esa masacre (y cientos de heridos) nucleado en APEMIA, que siempre planteó que los diferentes gobiernos que pasaron desde 1994 a la fecha se esforzaron en preservar la impunidad sobre la “pista local”, también emitió un comunicado donde plantea la necesidad de que el gobierno abra todos los archivos para que se pueda avanzar en la investigación de la causa, a la vez que exige: “que se forme una Comisión Investigadora Independiente en el Congreso Nacional para investigarlos y centralizar su custodia”.
En este sentido es dudoso, por decir lo menos, que desde el Congreso Nacional pueda existir una comisión independiente, ya que el punto que une a la oposición patronal, que en estos días vemos cómo hace campaña con este caso, con el kirchnerismo es la preservación de este Estado capitalista que tiene como una de sus funciones innatas el espionaje.
Por esa razón sí es necesaria una comisión investigadora independiente, exigiendo a la vez la apertura de todos los archivos secretos, no sólo de algunos como hizo ayer Cristina, pero a la vez que independiente del gobierno también lo tiene que ser de la oposición patronal, con los familiares de las víctimas al frente y gozando de todas las libertades para investigar.
De lo que no cabe duda es que estas voces comienzan a alzarse como expresión del cimbronazo político que atraviesa el gobierno nacional, provocado por la sospechosa muerte de Nisman.
Comunicado del CELS
Comunicado de APEMIA
