El Código Procesal Penal y el derecho a castigar

Finalmente, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma del Código Procesal Penal, sin grandes sorpresas. Guiñándole un ojo a la oposición derechista, el gobierno de Cristina concedió más de cuarenta modificaciones al texto original para poder someterlo a votación, eliminando parcialmente sus aspectos más irritantes.

Kirchneristas y opositores reivindicaron particularmente el reemplazo del sistema inquisitivo por el sistema acusatorio, que fortalece el poder de los fiscales en el proceso de investigación y reserva a los jueces el control de las garantías, con el objeto de imprimir “celeridad” y terminar con la “puerta giratoria”. Sin embargo, este sistema “novedoso” que comenzaría a regir en los juzgados federales, hace rato que rige en la mayoría de las provincias que tienen sus propios códigos. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde la “celeridad” tiene expresión en un aumento exponencial de las detenciones (acaso con una ayudita extra de la emergencia en materia de “seguridad”), expedita a la hora de encerrar jóvenes pobres, con casi 31 mil detenidos que están muy lejos de la “puerta giratoria”.

El proyecto de reforma votado apenas atenúa la deportación de extranjeros sostenida originariamente, pues continuará vigente en esencia cuando haya “flagrancia en el delito” y la pena sea de tres años. La flagrancia parece una figura confeccionada a la medida de la policía con carta blanca para fabricar causas. De hecho, representa más poder a la policía como ama y señora del destino de los extranjeros. La Ley de Migraciones, presentada por el kirchnerismo como la panacea de la integración latinoamericana de la Patria Grande, terminó como un soporte de la xenofobia y el racismo. Cabe recordar que cuando Cristina anunció públicamente la reforma del Código Procesal Penal estaba en sintonía con la campaña xenófoba lanzada por Berni, cuyo bautismo fue la expulsión de 750 familias del ex asentamiento Papa Francisco.

Como era demasiado, los kirchneristas retiraron la figura de “conmoción social en el delito” para el dictado de prisión preventiva, un aspecto que, de todos modos, denota la asimilación del peso político y social de los medios de comunicación y sus campañas permanentes por “seguridad ciudadana”. El sentido común de las clases medias reaccionarias asocia la lucha contra la “inseguridad” con la prisión preventiva, un objeto ridículo, tal como demostró el gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, cuando restringió al máximo el derecho de excarcelación sin ninguna solución efectiva.

Según el proyecto votado, la prisión preventiva podría ser determinada para las personas que previamente hayan estado detenidas, más allá de que hayan terminado sobreseídas. El criminólogo Mariano Martínez, de la Asociación Pensamiento Penal, señaló al respecto que “parece redactado para reproducir la selectividad hoy dirigida hacia los más débiles, y no para perseguir delitos complejos”.

Restándole argumentos “republicanos” a la oposición, el kirchnerismo introdujo una referencia explícita limitando el poder del titular de la Procuraduría del Ministerio Público (jefatura de todos los fiscales), estableciendo que podrá “compensar la distribución de causas existentes mediante un sorteo que garantice la distribución equitativa”. De ese modo, el kirchnerismo pretende exorcizar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien no podrá incidir en las causas en curso de corrupción contra varios funcionarios kirchneristas, aunque sí tendrá facultades plenipotenciarias para la creación de 17 nuevas fiscalías con 1750 cargos a cubrir. Así, los viejos carcamanes derechistas de la corporación judicial recibirán la transfusión de nuevos magistrados “progresistas” que “ahora quieren transformaciones desde adentro de las viejas estructuras”, como marcaba la periodista Irina Hauser (Página12, 15/11).

Durante los últimos años, el ámbito judicial se ha trastocado en un terreno en disputa entre la oposición y el kirchnerismo. Hoy esos chisporroteos se expresan en las próximas elecciones de la ultraconservadora Asociación de Magistrados, donde la lista Bordó encabezada por el radical antikirchnerista Ricardo Recondo lleva todas las chances de ganar. A pocos días del cierre de los padrones, los miembros que integran el Consejo de la Asociación de Magistrados no prestaron quórum ante la presentación de casi 200 nuevas afiliaciones de magistrados y funcionarios kirchneristas (otrora agrupados en Justicia Legítima bajo la guía de Gils Carbó), postergándolas para el 28 de noviembre, el día posterior a la convocatoria electoral.

La pugna abrió un sinfín de dimes y diretes y amenazas de recursos judiciales. Del mismo modo, el juez Rodolfo Canicova Corral ordenó un allanamiento sobre las computadoras de la Procuración para comprobar si el fiscal César Troncoso fue espiado por las huestes de Gils Carbó, a partir de su conducta en una causa de violencia de género, en la cual dos chicas menores fueron violadas por un grupo de policías que resultaron absueltos.

Más allá del carácter conservador y derechista inherente a la misma corporación judicial, el supuesto progresismo con afán de reformas en ese poder del Estado mediante la ocupación de espacios ni siquiera sostiene la ampliación de derechos democráticos como la elección de los jueces por voto popular, los juicios por jurados y la disolución de la Corte Suprema, terminando de una vez con esa rémora feudal de iluminados.

En última instancia, kirchneristas y opositores terminan confluyendo ya que, sea mediante el sistema acusatorio o el sistema inquisitivo, son las clases dominantes las que tienen las riendas del Estado, las que se arrogan el derecho a castigar a las franjas más vulnerables, hijas del pueblo trabajador, a partir de un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre.

“El primer aspecto –ciertamente el más ideologizado de la historiografía jurídica contemporánea- es el de la reforma penal y procesal”, apunta el sociólogo italiano Massimo Pavarini en su libro Control y dominación, tras lo cual agrega que “el criterio inspirador de esta vasta obra reformadora es precisamente el de refundir el derecho de castigar y las formas de su ejercicio sobre la base de las nuevas libertades burguesas”. “En el fondo de esta reflexión político-jurídica se obtiene una constante preocupación: limitar la esfera de la autoridad, circunscribirla entre límites precisos, únicamente como salvaguarda de las reglas mínimas del vivir social que puedan garantizar el libre juego del mercado”. Ahí se anotan todos los personeros del régimen, algunos con un poco más de intervención estatal.