Desde el Comité de Prevención de la Tortura de Mendoza lanzaron un comunicado y expresaron su preocupación por la que atraviesa la población que se encuentra alojada en las cárceles de nuestra provincia y es afectada por el COVID-19
Lunes 14 de septiembre de 2020 12:18
Desde el Comité informaron que reciben “a diario innumerables mensajes de personas privadas de libertad y sus familiares cargados de angustia e incertidumbre ante el contagio confirmado o la presencia de síntomas graves en quienes están alojados allí sin atención médica. Recibimos imágenes y videos que relatan dolores corporales, muestran viandas de comida orinadas y destrozadas, la entrega insuficiente de elementos de limpieza y de higiene femenina, falta de agua caliente, inexistencia de protocolos sanitarios ante traslados de personas contagiadas y el destrato, entre otras ilegalidades”.
Este Comité fue modificado en la Legislatura provincial hace unos meses por el oficialismo, se trata de la ley 8284. Esta modificación reduce al mínimo la participación de organismos de DDHH, y habilita mayor vulneración de derechos para personas privadas de su libertad. Aunque por el momento sigue integrado por su miembros fundadores.
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Desde el comienzo de la cuarentena advirtieron junto a organizaciones sociales y organismos de derechos humanos que las cárceles, por el hacinamiento y las condiciones edilicias en las que se encuentran, serían foco de contagios masivos a las que el propio sistema carcelario no podría dar ningún tipo de respuesta. Esto está sucediendo, pero a ello se suma el actual desborde del sistema de salud público general.
Además denunciaron que “la respuesta de las autoridades ante las innumerables notas e informes que hemos presentado para advertir este panorama, que probablemente empeore en la inmediatez, ha sido el silencio, inclusive cuando desde este Comité nos pusimos a disposición a trabajar conjuntamente en lo que sucede”.
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Y explicaron que “la desidia, el abandono y la indiferencia son decisiones políticas, el Poder Ejecutivo mediante las autoridades del Ministerio de Salud y las jefaturas carcelarias serán responsables de lo que suceda en el corto plazo ante el colapso sanitario y las muertes bajo custodia del propio Estado. El Poder Judicial también juega la misma suerte sin haber previsto medidas serias que descompriman las cárceles para que se pueda sostener el distanciamiento preventivo y peor aún, sin haberse encargado de controlar el cumplimiento de las medidas que ellos y ellas mismas ordenaron.
Comunicado completo:
Desde el Comité de Prevención de la Tortura de Mendoza expresaron la preocupación que atraviesa la población que se encuentra alojada en las cárceles de nuestra provincia y se ve afectada por el COVID-19.
Al comenzar la pandemia, supimos advertir junto a organizaciones sociales y organismos de derechos humanos que las cárceles, por el hacinamiento y las condiciones edilicias en las que se encuentran, serían foco de contagios masivos a las que el propio sistema carcelario no podría dar ningún tipo de respuesta. Esto está sucediendo, pero a ello se suma el actual desborde del sistema de salud público general.
Este Comité recibe a diario innumerables mensajes de personas privadas de libertad y sus familiares cargados de angustia e incertidumbre ante el contagio confirmado o la presencia de síntomas graves en quienes están alojados allí sin atención médica. Recibimos imágenes y videos que relatan dolores corporales, muestran viandas de comida orinadas y destrozadas, la entrega insuficiente de elementos de limpieza y de higiene femenina, falta de agua caliente, inexistencia de protocolos sanitarios ante traslados de personas contagiadas y el destrato, entre otras ilegalidades.
Pareciera que el Estado provincial se hace eco de los discursos de odio sobre las poblaciones más vulneradas, dándoles la espalda y desoyendo lo que indica la normativa internacional en relación a las personas privadas de libertad y las recomendaciones específicas emitidas por diferentes organismos para abordar la pandemia del COVID-19 en las cárceles. La situación de la gestión estatal de nuestra provincia es grave.
Queremos que se sepa lo que sucede tras los muros, ya que además de sostenerse un trato inhumano como práctica cotidiana en las cárceles, se decide ser indiferente ante el sufrimiento y el deterioro de la salud de niños, niñas, jóvenes, mujeres, varones y personas trans privadas de libertad. Que en apariencias no hay intenciones de un plan integral, específico y serio de atención médica ante la emergencia y tampoco de prevención. Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Mendoza.
La respuesta de las autoridades ante las innumerables notas e informes que hemos presentado para advertir este panorama, que probablemente empeore en la inmediatez, ha sido el silencio, inclusive cuando desde este Comité nos pusimos a disposición a trabajar conjuntamente en lo que sucede.
La desidia, el abandono y la indiferencia son decisiones políticas, el Poder Ejecutivo mediante las autoridades del Ministerio de Salud y las jefaturas carcelarias serán responsables de lo que suceda en el corto plazo ante el colapso sanitario y las muertes bajo custodia del propio Estado. El Poder Judicial también juega la misma suerte sin haber previsto medidas serias que descompriman las cárceles para que se pueda sostener el distanciamiento preventivo y peor aún, sin haberse encargado de controlar el cumplimiento de las medidas que ellos/as mismos/as ordenaron.
El Ministerio Público Fiscal no pudo comprender en ningún momento que la cuestión siempre fue una situación de emergencia sanitaria, por lo que continuó realizando detenciones, sumó a las habituales las de un nuevo tipo delictual aplicable: violación de las restricciones de circulación, de esta forma la Provincia cuenta con más personas privadas de libertad y nuevos juicios abreviados que sumaron condenas a la población que, ante el encierro por detención, prefiere contar con una fecha cierta a tener que esperar un juicio justo.
Por último queremos denunciar la negligencia e inoperatividad de Luis Romero, funcionario rentado en el cargo de "Procurador de Personas Privadas de la Libertad" que, como militante del partido político actualmente en el gobierno, parece estar más al servicio del encubrimiento de las conspicuas omisiones de sus correligionarios antes que para cumplir las altas responsabilidades y funciones que le confiere la Ley 8.284.
Mendoza, una vez más bajo la lupa de los organismos internacionales, no escarmienta. Tenemos el índice más alto de prisionización y se crearon más normas que incrementan el control social y el encarcelamiento lo que, lejos de disminuir los niveles de violencia social, los aumenta. Este gobierno flamea la bandera de las libertades individuales mientras atropella constantemente los derechos democráticos desmantelando los mecanismos de control de espacios de encierro y escondiendo bajo la alfombra la ineptitud para diseñar y gestionar una política sanitaria en las cárceles.
