Viernes 29 de noviembre de 2024
En los corredores del poder burgués, en ese santuario de las élites llamado Congreso de la República, la Comisión de Energía y Minas consagró, una vez más, su lealtad a los intereses de la Gran Minería, arrojando a los mineros artesanales y pequeños mineros a las sombras de la exclusión y la miseria. Durante tres largas horas de deliberación sobre la ampliación del REINFO, lo que se ventiló no fue un debate, sino una representación caricaturesca de la dominación capitalista, donde los actores políticos exhibieron su ineptitud y subordinación a los intereses de la Gran Minería.
La cuestión previa para un nuevo predictamen no fue más que un recurso dilatorio, un mecanismo diseñado para despojar de esperanza a quienes con sus manos desnudas extraen las riquezas del subsuelo. La mayoría de los congresistas votó a favor de esta medida, entre ellos figuras de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y otros partidos que, sin excepción, defienden la hegemonía de la Gran Minería; estos representantes no son otra cosa que marionetas del capital, cuyo único propósito es garantizar la perpetuación de un régimen que asegura la expropiación del trabajo de los mineros.
La congresista arequipeña Diana González, discípula de Hernando de Soto, simbolizó con claridad la alineación de las élites políticas con los intereses la Gran Minería. Su defensa de un aplazamiento no fue un acto aislado, sino parte de un esquema más amplio que criminaliza a los mineros artesanales y perpetúa su condición de parias económicos. Mientras tanto, los tecnócratas socialdemócratas, atrapados en su adhesión al reformismo keynesiano, balbucean propuestas incapaces de alterar las bases estructurales de la explotación; su narrativa de “lobby minero ilegal” que esgrimen no es más que una cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza de este conflicto: la contradicción insalvable entre el capital y el trabajo.
El Estado, en su carácter de guardián de las relaciones de producción capitalistas, no es más que un aparato de dominación; por consiguiente, su burocracia ambiental, sus reglamentos y sus normativas son expresiones de una lógica de mercado que prioriza el incremento de la tasa de ganancia por encima de las necesidades humanas y ambientales. Cada mina cerrada, cada concesión negada, es un paso más hacia el fortalecimiento del ejército industrial de reserva, esa masa de desposeídos que garantiza la perpetua depreciación de la fuerza de trabajo.
Sin embargo, en su arrogancia, la Gran Minería no perciben el germen de su propia contradicción. La creciente radicalización de los mineros artesanales y pequeños mineros, criminalizados y despojados, puede convertirse en una amenaza directa contra el dominio capitalista de los bienes comunes naturales. La resistencia no se ha apagado, la resistencia se expresa en las carreteras tomadas, en los plantones frente al Congreso y en el grito colectivo de quienes demandan algo más que reformas cosméticas.
La única vía de solución a su reclamo radica en una expropiación radical y en el establecimiento de un control obrero-comunitario. Las grandes concesiones mineras y los medios de producción deben ser arrebatadas a las manos de la Gran Minería, para ser administradas por los propios trabajadores y las comunidades, de modo que se instale un régimen de explotación que priorice, en primer lugar, el bienestar colectivo y la sostenibilidad ambiental, en contraposición al desmedido saqueo capitalista que destruye tanto a las clases oprimidas como al planeta.
La CONFEMIN debe reconocer que el contexto histórico que atravesamos exige una acción mucho más profunda que simples reivindicaciones sectoriales; la solución a los problemas de miles de mineros en lucha no se encontrará dentro de los límites estrechos del actual orden constituido. Es imperativo, por tanto, la construcción de formas de autoorganización que articulen la lucha minera con las demandas populares más amplias, creando un bloque de clase capaz de desafiar la hegemonía de la alianza golpista que hoy ocupa el poder.
La transformación social no vendrá de las cúpulas del poder ni de las promesas de reformas superficiales, sino de la movilización consciente de los explotados, unificados en torno a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que reconfigure las bases mismas del sistema. El tiempo de las reformas ha caducado; la polarización de las clases es cada vez más evidente, y es urgente que esta crisis sea asumida por quienes realmente la han generado: la Gran Minería y su aparato estatal.
